La Gabarra es el nombre de la última vergüenza colombiana. Es desconcertante porque muestra un nivel de degradación mayor del que se podía pensar aun en medio del mayor pesimismo. Parece establecido que fue un crimen de las FARC. No tiene ningún sentido tratar de clasificarlo entre las violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, es un tremendo atentado contra la humanidad. Ni más ni menos. Con lo cual, el esfuerzo por atribuirle intereses políticos queda viciado de raíz, ya que la política es el camino hacia la humanidad y, por tanto, una masacre desdibuja cualquier intención creativa en ese campo, y en todos los campos, para dejar solamente el sentimiento del rechazo absoluto. Sin atenuantes que valgan.

Los interrogantes afluyen: ¿Quieren dar signos de vida, cuando muchos hablan de repliegue? ¿Es una estrategia para impedir las conversaciones del Gobierno con los paramilitares? ¿Es un intento de reconquista de "su" terreno? ¿Cuánta coca estaba de por medio?

Y, por desgracia, esta última pregunta viene a ser la clave que permita comprender cómo la guerra colombiana, si sigue estando mediada por el narcotráfico, es un callejón sin salida.
Porque las leyes del contrabando de narcóticos sí explican el que se pueda llegar a ese nivel de deshumanización que no vacila en encontrar motivos para asesinar treinta personas sin pestañear. El precio de la vida entre los negociantes de "vicios" es ínfimo, porque la base del negocio es la muerte, física o psicológica, de los consumidores. Estamos hartos de historias de la mafia y de análisis de sus códigos de honor.

No se puede esperar de los narcotraficantes un estado de derecho porque su medio ambiente es la ilegalidad. No se les pueden exigir los derechos humanos, porque falta el primero: ellos no reconocen el derecho a la vida. No se puede esperar perdón y reparación porque su única sanción aceptable es la pena de muerte. En una palabra, estamos ante los traficantes de la muerte. A esa luz, La Gabarra es un pago más de la larguísima cuenta de cobro que una buena parte de la sociedad colombiana aceptó y acepta, como precio por un enriquecimiento rápido.

En esa forma se hace posible entender que los más numerosos entre los muertos sean los pobres, porque la guerra colombiana es una guerra de clases que se prolonga sin cuartel. Por eso están equivocados todos sus promotores, ya que las balas no acaban la pobreza sino que la aumentan, como lo saben hasta los niños de escuela. También están desde luego errados los que creen que logran acabar, a bala, con los ricos, ya que estos pueden comprar más armas. Pero esa verdad elemental no logra penetrar en el cerebro de muchos de nuestros dirigentes de uno y otro bando y de uno y otro color, que no le paran bolas a la reforma agraria, ni a la tributaria, ni a la política, ni a la social. No a la agraria porque la están haciendo a su manera, sin proclamarla, pero ocupando los territorios que ocupaban todos esos muertos. No a la tributaria porque la base del enriquecimiento rápido es la exacción, por las buenas o por las malas, como la realizan los guerreros de ambos bandos o sus defensores de oficio. No a la política porque el éxito de la exacción depende de mantener controlada la participación. No a la social porque si los servicios sociales no contribuyen al enriquecimiento rápido no sirven sino para aumentar la pobreza.

Teorías viejas, pero vigentes en Colombia y fuera de ella. Ante las cuales no queda otro camino que seguir el esfuerzo por dar a conocer los derechos humanos, por defenderlos y por hacer de ese esfuerzo la primera prioridad.

Alejandro Angulo S.J