Y las respuestas del mismo diario son acertadas: «Lo ocurrido con los desmovilizados del “Cacique Nutibara” (900 supuestos paramilitares reinsertados hace seis meses en Medellín) parece evidenciar que no... Las mismas autoridades de Medellín, Antioquia y nacionales admiten incumplimientos en materia de empleo y capacitación a los excombatientes. Persisten denuncias sobre “resurrección” de las milicias que se suponían desactivadas. El contrapunteo por el presupuesto para financiar todo este proceso no cesa entre los gobiernos regional y central.»

Todos los ingredientes importantes están ahí: recursos gubernamentales escasos, muy reducida capacidad (o voluntad) de generar empleo de la economía nacional, pedagogía social inexistente. Aunque gran parte del debate suscitado al respecto se haya dado sobre la Ley de Alternatividad Penal o de Verdad, Justicia y Reparación, en la práctica, la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002, bastarían para resolver los problemas jurídicos. En Colombia sobran leyes y falta reconocimiento de los derechos. Por eso la contradicción implícita en la erradicación de este flagelo es que su esencia de la autodefensa colombiana consiste en ser la superación del estado de derecho por el estado de hechos, sin repudiar, como lo hace la insurgencia, el derecho vigente. Y esta ambigüedad cuidadosamente buscada es la dificultad política de fondo.

En la superficie aparece un empantanamiento de la ley de alternatividad penal en el Congreso, por un lado. Y por el otro unos ’principios’ para negociar, que no se ve cómo puedan ser aceptados por el Gobierno, sin aumentar una impunidad general reinante en todo el país.

Frente a lo cual, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha decidido aprovechar la mediación ofrecida por la Organización de Estados Americanos para señalar cuáles son los pasos que no se pueden omitir:

«La necesidad de que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos contribuya al desmonte del paramilitarismo en todas sus expresiones, incluidas las que comprometen a sectores civiles que promueven los grupos armados y la justicia privada y elementos que desde el Estado son cómplices o promotores. Es imperativo que se precise el grado de responsabilidad del Estado...»

«Invitamos a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz a establecer un mecanismo independiente de las partes firmantes del acuerdo, de cobertura nacional, para hacer seguimiento al cese de hostilidades anunciado por las AUC y alertamos sobre la necesidad de acordar mecanismos expeditos para establecer responsabilidades, justicia y correctivos en los casos de violación de ese cese de hostilidades. Conviene fortalecer los actuales sistemas de registro de hostilidades de responsabilidad gubernamental y no gubernamental y definir una instancia con presencia de la Misión que unifique criterios de registro y de información...»

«La verificación del cese de hostilidades demanda una pronta información pública sobre el alcance de los compromisos en esa materia, de modo que se proteja en primera instancia a la población civil de cualquier acción violenta o infracción al DIH. El cese de hostilidades no puede interpretarse simplemente como suspensión de acciones armadas o de combate de las AUC contra la Fuerza Pública, ni como alianza tácita contrainsurgente entre una organización armada irregular y las fuerzas del Estado que se comprometan a no atacarse entre sí. Las cifras alarmantes de infracciones al DIH en medio de un declarado cese de hostilidades, contrastan con el reducido papel que ha tenido hasta ahora la Misión y llaman a medidas urgentes y efectivas...»

«Teniendo en cuenta que el Acuerdo del 13 de mayo entre el Gobierno Nacional y las AUC, delimita una zona de ubicación de la mesa de diálogo y negociación y no una zona de concentración de las AUC para el tramite de su desmovilización, es urgente que la Misión contribuya para que las partes definan los sitios de concentración, el cronograma de la concentración efectiva y de la desmovilización de los miembros de las AUC. La prolongación de la zona de ubicación de la mesa, cada seis meses, sin avances en este sentido, implicaría riesgos crecientes para la credibilidad del proceso.»

«Los graves acontecimientos de las últimas semanas en la Guajira, Arauca, Urabá, donde se han realizado masacres y actos terroristas, y la persistencia de la violación de derechos de la población civil, reclaman un pronunciamiento de los organismos internacionales y de la Misión, y llaman a escuchar la demanda de respeto a territorios y a los derechos de consulta, autonomía, identidad y multiculturalidad de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes...»

Así, en forma positiva, se describen las fallas protuberantes de lo que se está haciendo y se ofrecen criterios que suponen transformaciones de fondo en el estilo político tradicional, lo mismo que en las «innovaciones» del actual Gobierno. Un gran avance de los pasos dados en los últimos días es que la misma autodefensa resolvió denunciar sus estrechos vínculos con el establecimiento y responsabilizar a un amplio sector de la dirigencia colombiana de sus fechorías, dándoles, además, el apelativo justo: monstruosidades.

Alejandro Angulo S.J