El mercadeo jurídico

El momento actual del país revela un alto grado de irresponsabilidad generalizada: se puede advertir en la proliferación de juicios de responsabilidad que se entablan día por día, para terminar confirmando que en un país donde reina la impunidad, no se puede esperar otra cosa que la guerra.

En efecto, cuando el estado de derecho es pisoteado, triunfa el estado de hechos. Y estos hechos tienden a parecerse cada vez más a la lucha de las especies, donde la violencia es el instrumento favorito y el hombre es lobo para el hombre.

¿Quién responde por los 21 niños muertos en el bus del Colegio Agustiniano? ¿Quién responde por los 130 muertos de San José de Apartadó? ¿Quién responde por el niño y el adulto muertos en Tame? Y así cada día por lo que toca al homicidio, que ha llegado a ser una forma cuasi normal de relación social en Colombia.

Pero, las preguntas se extienden a otras áreas: el informe anual del Banco de Datos del CINEP, hace la siguiente tétrica enumeración para resumir el año anterior: Integridad. En 2003... 1058 (personas) sufrieron heridas corporales...519 fueron víctimas de amenazas contra su vida, con graves deterioros psíquicos...238 de las víctimas registradas fueron torturadas...18 fueron víctimas de atentados...8 casos de violencia sexual fueron registrados... Libertad. En 2003, 182 personas fueron desaparecidas forzadamente...1191 fueron detenidas arbitrariamente...17 fueron usadas como escudos humanos dentro del conflicto armado...373 fueron secuestradas por insurgentes, unas veces para extraer recursos para financiar la guerra, otras para lograr objetivos políticos (Noche y Niebla, 28, Bogotá, Julio-Diciembre 2003).

Ni se agota el pliego de irresponsabilidades con los rubros de la vida, la integridad y la libertad personal. Si entramos en los capítulos económicos de la salud, el empleo, la habitación, la recreación, o sea, en el área de los derechos económicos, sociales y culturales se abren, en seguida, interrogantes sobre quién responderá por las pensiones, las epidemias, las huelgas, los despidos, y otra serie de resultados desfavorables a la vida, la integridad y la libertad personal que padece el pueblo colombiano hoy, mostrando cómo el problema de los derechos humanos es definitivo para la vida en paz, y cómo el asunto de los derechos es una cadena que puede impulsar la buena marcha de una sociedad, cuando sus eslabones son positivos, o, de lo contrario, transforman dicha sociedad en un nido de malas prácticas.

El prolongado escándalo de la Fiscalía General de la Nación, los escándalos en el seno de las Fuerzas Armadas, por un lado, y por el otro, las «conversaciones» con los grupos paramilitares y entre las mismas autodefensas, han desenterrado una putrefacción de la justicia que demuestra en forma paladina que ningún sistema de justicia resiste cuando le falta el cimiento: los derechos humanos.

Por eso, en el fondo del problema colombiano está la crisis de la justicia, entendida no como las grietas mortales del sistema judicial, sino como el deterioro de la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, comenzando por la familia y terminando con el alto gobierno. Como lo demuestra la guerra, hay varios millones de colombianos que a la pregunta sobre las responsabilidades responden simplemente que nadie responderá ni por los vivos ni por los muertos. Razón por la cual algunos miles de ellos empuñan sus propias armas. Sin embargo, como esa misma respuesta la dan también muchos otros millones, algunos de esos han decidido abrir sus billeteras, o apoderarse del Estado, para «comprarse» sus derechos humanos y sociales. Es el pabellón de los corruptos, muy amplio en la feria del mal gobierno. Cuando los derechos se compran y se venden es porque ya están torcidos.

Un llamado a las responsabilidades

La pregunta recurrente es, pues, ¿Quién responde por todas las violaciones de los derechos humanos? Porque la clave son los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El resto de esfuerzos, sin esta clave, son perdidos de antemano porque son respuestas incompletas que no abordan sino los síntomas de la descomposición social. Los ingentes recursos de la cooperación internacional para remediar los fallos de la justicia colombiana no tienen en cuenta que la mentalidad de la justicia por mano propia es parte de la idiosincrasia de una nación construida sobre clasismo, exclusión e ignorancia. Si el derecho a la educación se niega de hecho, mediante un manejo del presupuesto nacional que desconoce la prioridad del gasto educativo, no existirá nunca el capital social requerido para edificar un sistema de justicia que garantice todos los demás derechos. Por eso, hoy, el gran derecho colombiano, en todos los niveles, sigue siendo el privilegio. Por eso, el gran instrumento político y social es la palanca. En Colombia no puede hacer nada quien no tenga palancas que le abran, de hecho, las puertas por las que según la Constitución del 91 tiene derecho a entrar.

Todo el énfasis que la cooperación internacional pueda poner sobre la promoción y defensa de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es poco. Desde luego, se entiende la reticencia en llegar al punto del condicionamiento, tanto más cuanto que la «comunidad» internacional no las tiene todas consigo en las especificaciones económicas de los derechos humanos. Pero aun así, hay que persistir en el llamado a las responsabilidades de nuestros amigos, con el simple fin de ayudarnos a nosotros mismos a hacer conciencia de nuestras propias responsabilidades. De lo contrario seguiremos repitiendo incansablemente el estribillo que en estos días ocupa kilómetros cuadrados de prensa colombiana: por qué Songo le dio a Borondongo. Repetirlo un millón de veces no resucitará nuestros muertos, ni evitará los que faltan.