En Bogotá se reunirá la VI Asamblea de la PIDHDD, un paso más en la consolidación de esta propuesta y un momento privilegiado para pensar la suerte de América Latina
Poner los pies sobre la tierra -rendir cuentas, balancear logros y pérdidas, saber en donde se está-, es una sana costumbre que no serviría de nada si al tiempo la cabeza no va más allá de la estrellas para que la imaginación y el deseo determinen el futuro. Nuestra vida transcurre en estas dos dimensiones: el pasado no solo reafirma tradiciones sino que depara aprendizajes que resignificados por el futuro ayudan a definir los desafíos y las acciones para alcanzarlos. A esto se dedicará la VI Asamblea de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) a realizarse en Bogotá, del 21 al 24 de julio.
La Plataforma nació en Villa de Leyva (Colombia) en 1992. Acaba de pasar la Conferencia de Viena en la que se actualizó una consistente tendencia en la historia de los derechos humanos, como es la consideración de estos como universales, interdependientes, inescindibles, merecedores todos del mismo tratamiento. Viena llamó a articular de manera estrecha los derechos humanos con la democracia y el desarrollo. Aproximadas por la aspiración de realizar estos postulados se reunieron cuarenta organizaciones no gubernamentales de Bolivia, Brasil, Perú, Chile y Colombia que compartían ser contrapartes de la agencia holandesa Novib.
No fue fácil construir la Plataforma. Se venía en un esfuerzo denodado por los derechos civiles y políticos (DCP), que eran de urgencia suma para buena parte de nuestros países. Para algunos defensores, acostumbrados a pensar en escalera, introducir la temática de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) era agregar un factor de distracción, una empresa que debilitaría las energías para alcanzar lo que ya era apremiante, como que en ello se jugaba la vida misma de muchos latinoamericanos. Sin embargo, ya en Villa de Leyva se tomó la decisión de «configurar un proyecto de alcance estratégico orientado a articular distintos sujetos que trabajen en la región por la construcción de una propuesta de desarrollo y democracia sustentada en una ética cívica y fundamentada en los derechos humanos».
Curiosamente, los planes de ajuste y la dinámica globalizadora que empieza a imponerse en los años 90 hicieron de los DESC una dimensión urgente en la lucha por los derechos humanos. El planteamiento de estos derechos permitía articular cabalmente el trípode Derechos Humanos-Democracia-Desarrollo. Esta fue la perspectiva que se consolidó en la II Asamblea reunida en Reñaca (Chile) (1995), que acordó además impulsar la exigibilidad de los DESC a través de la promoción de procesos de construcción de ciudadanía.
Los DESC se abrieron paso, entonces, como un centro de interés y preocupación en el mundo de las ONG. Era preciso que para consolidar este campo la Plataforma se afianzara en los rasgos que le eran propios. Por esto la III Asamblea reunida en Lima (1998) asumió que la Plataforma debía potenciar la lucha a nivel continental y que se imponía alcanzar en la región una relación de fuerzas favorable a la paz, la equidad, la democracia y los derechos humanos. Este mismo año se proclamó la Declaración de Quito, histórico documento que enmarca conceptualmente la exigibilidad de los DESC. Esta declaración fue obra de distintas redes, entre ellas la Plataforma cuyo aporte fue significativo.
Si las nociones de la Declaración de Quito cimientan el esfuerzo por hacer exigibles estos derechos, debían someterse a mayor elaboración política de modo que se dotaran de una estrategia que bajara los brillantes conceptos a la gris realidad. Fue el cometido de la IV Asamblea reunida en Cochabamba (2000), donde se postuló la necesidad de una estrategia regional de exigibilidad que mediante la concentración de esfuerzos y la construcción de alianzas permitiera alcanzar logros, a modo de precedentes políticos y jurídicos base de superiores empeños. Cochabamba agregó al concepto de ciudadanía continental la propuesta de trabajar por una cultura de derechos. En esta Asamblea la Plataforma pasó a llamarse Interamericana, expresión del reto de superar los límites sudamericanos.
La V Asamblea se reunió en Río de Janeiro (2002) y abordó la profundización de la capacidad organizativa y de intervención política nacional e internacional, para ello propuso enmarcar la estrategia de la Plataforma en los procesos de integración en curso. La celebración de la primera década de trabajos debía ser una oportunidad para refundar la Plataforma a partir de su consolidación como realidad continental.
A lo largo de estos doce años, la Plataforma logró constituirse en una referencia regional y nacional en materia de producción de conceptos e iniciativas y como actor social a través de campañas y observatorios y en el impulso de estrategias de exigibilidad y por la justiciabilidad de los DESC. En lo orgánico, la Plataforma se ha consolidado y si bien el desarrollo es desigual puede afirmarse con satisfacción que en la región y en sus capítulos nacionales la Plataforma es una realidad con identidad propia, con reconocimiento y proyección.
La VI Asamblea de la Plataforma se desarrolla en un contexto marcado por el empeoramiento de la vida de las mayorías de América Latina, lo que constituye una fuerte presión sobre nuestras democracias institucionalmente débiles, sin recursos para enfrentar la emergencia social y con culturas democráticas precarias. Por ahora, la insatisfacción se ha desfogado con gobiernos que encarnan los anhelos populares en Brasil, Argentina, Venezuela y con significativas administraciones locales como las del Distrito Federal en México y la alcaldía de Bogotá en Colombia, entre otras.
El panorama político se colmará de tensiones -algunas ya conocidas en la historia de la región- en cuanto estos gobiernos intenten enfrentar los problemas de fondo, derivados en buena parte de la resistencia de quienes viven su bienandanza como privilegio. El reto principal de la Plataforma y de todos los demócratas, es compatibilizar el avance en la realización de los derechos humanos -y más concretamente saldar la deuda en materia de DESC- con la defensa y la consolidación de la democracia, como marco insustituible para la realización de los derechos. Un desafío que es necesario encarar con visión continental, como quiera que nuestra suerte se define de manera solidaria.
En los documentos preparatorios de la VI Asamblea hay una propuesta fecunda que bien puede aportar a una estrategia para neutralizar las tendencias antidemocráticas en esta coyuntura tan particular del continente: preservar y fortalecer espacios de la razón ciudadana. Deben construirse en profundidad espacios políticos en los que avancen nuevos valores, nuevas formas de socialización, de tal manera que se amplíen las condiciones para el ejercicio de la solidaridad.
Esta es una tarea en la que debemos participar académicos y dirigentes sociales, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y autoridades religiosas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos. Se requiere que el esfuerzo por la plena vigencia de los derechos humanos no sea una tarea post -una vez se haya configurado un cuadro de violación generalizada-, sino que debe asumirse como tarea ante que determine las dinámicas que apuntan a su negación y proponga los medios idóneos para desarticularlas.
Después de todo la realización de los derechos humanos como lo enseña la experiencia no es asunto que competa únicamente a quienes han sido privados de ellos. No hay que olvidar que el cercenamiento de la democracia acaba por arrebatar los derechos incluso a aquellos que los disfrutan sin riesgo.
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