Apoyado por grupos internacionales de corte imperialista, como el Instituto Manhattan, William Bratton, ex-jefe de la policía de Nueva York (de 94 a 96) y jefe policiaco de Los Angeles (desde octubre de 2002), estuvo asesorando en los últimos años a los alcaldes de diferentes ciudades latinoamericanas en lo concerniente al combate a la delincuencia, entendido como la represión de los pobres y de los marginados, poniendo los cuerpos policíacos al servicio de los intereses empresariales.
Apoyado por grupos internacionales de corte imperialista, como el Instituto Manhattan, William Bratton, ex-jefe de la policía de Nueva York (de 94 a 96) y jefe policiaco de Los Angeles (desde octubre de 2002), estuvo asesorando en los últimos años a los alcaldes de diferentes ciudades latinoamericanas en lo concerniente al combate a la delincuencia, entendido como la represión de los pobres y de los marginados, poniendo los cuerpos policíacos al servicio de los intereses empresariales.
Se trata en realidad, de uno de los proyectos más peligrosos del neoliberalismo salvaje, y para llevarlo a la práctica se apela lo mismo a la complicidad de funcionarios derechistas en América Latina, que a la ingenuidad o desinformación de la ciudadanía e incluso de políticos de alto nivel acerca del contenido ideológico de las asesorías que venden.
Terrorista con uniforme
Bratton, a quien se considera un ideólogo de la estrategia de «Cero Tolerancia», es decir, de imponer a los ciudadanos comunes fuertes castigos por infracciones leves, inició su carrera profesional como policía militar, trabajó en la policía de Boston y de Nueva York y de 1996 a 2002 se dedicó a su propia compañía, The Bratton Group, L.L.C., y fue consultor en Kroll Associates.
Cuando trabajaba en la policía de Boston, Bratton se hizo amigo de George Kelling, un «experto» en asuntos policiales quien sostenía que no se debe permitir que ningún delito o desorden, ni siquiera el más mínimo, quede sin castigo, o llevará a delitos más graves y al desorden social. Desde luego, en esa categoría no incluyen los asesinatos, irregularidades y manejos fraudulentos promovidos por gente poderosa como el propio Bratton. En septiembre de 2000 encontramos de nuevo a Bratton y a Kelling, como consultores del Instituto Manhattan, reuniéndose en Caracas con Alfredo Peña y con otros antichavistas.
Por su parte, Kroll Associates es una de las mayores compañías de seguridad del mundo, que desempeña un papel importante en la «guerra contra el terrorismo». «Está metida en toda clase de actividades de policía y espionaje: llevó a cabo una investigación de la red financiera de Saddam Hussein en 1991 para la familia real kuwaití, protegió a los diplomáticos de la embajada yanqui en Haití, entrenó a la policía de Kosovo e Indonesia, etc.» («Nuevo comandante de la guerra contra el pueblo» en Obrero Revolucionario #1184, 26 de enero, 2003). Además, Kroll ha estado apoyando los planes de Bratton en Los Angeles.
A fines de enero de 2003, es decir tres meses después de que Bratton se hiciera cargo de la policía de Los Angeles, un recuento de los daños que había producido incluían: nueve personas asesinadas por la policia, entre ellas un hombre atropellado por una patrulla tras una persecución a alta velocidad. Bratton declaró al respecto que «no me importa si los agentes son agresivos» y dijo que ni siquiera investigaría esas muertes. La lista de muertos incluía también a dos jóvenes asesinados por la policía cuando regresaban de una fiesta. Cuando los amigos y familiares protestaron frente al cuartel de la policía con letreros de «Bratton: Controle a sus agentes», este les contestó: «Controlen a sus hijo».
Bratton ha dicho que va a librar una «guerra contra las pandillas», a las que ha tildado de «terroristas internos» y «amenaza a la seguridad nacional», usando una retórica similar a la de Bush en su «guerra contra el terrorismo». Además, la policía de Los Angeles ha creado unidades de centenares de agentes para realizar rastrillajes al estilo militar de los barrios oprimidos y para poner al día los archivos computarizados sobre miles de jóvenes (llamado «CAL-gang»). Bratton viajó a Israel para aprender las tácticas que allá usan contra los palestinos, y ha establecido una «oficina de seguridad de la patria» a cargo de John Miller, quien era director de relaciones públicas cuando Bratton era jefe de policía de Nueva York. («Nuevo comandante»...).
En América Latina
La lógica con que operan Bratton y otros personajes de la misma ralea, entre ellos el ex-alcalde neoyorkino Rudolf Giuliani, para llevar a cabo sus proyectos internacionales es bastante simple y apela a estrategias de mercadotecnia, pues ante todo esos personajes son comerciantes sin escrúpulos, vendedores de la represión capitalista contra los pobres.
Recurren a una retórica triunfalista, abundante en autoelogios, acerca de su «excelencia» e infalible sabiduría. Es una táctica usual en la publicidad comercial con raíces en debilidades propias de la condición humana, pues mucha gente tiende a dejarse influir por el alarde que otros hacen de sus propios méritos.
Dicho discurso triunfalista está apuntalado además en proyectos internacionales de los llamados «think tanks», o institutos conservadores, que por el mundo van difundiendo la idea de que una prioridad para todas las ciudades es protegerlas de quienes pueden atentar contra la seguridad pública, entendida esta como la salvaguarda de las vidas y bienes de los ricos, exclusivamente.
Si esas premisas son aceptadas por el ayuntamiento de una determinada ciudad, lo cual es fácil si está regido por autoridades derechistas, cómplices de Bratton o algún personaje similar, este hará una breve visita a la urbe, emitirá «consejos» similares, tendientes al combate a la delincuencia callejera con «mano dura» y cobrará, incluso de manera irregular y tramposa, honorarios de decenas de miles de dólares.
Por ejemplo, en México, el alcalde capitalino, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, de izquierda moderada, contrató al cínico Giuliani, quien a fin de cuentas hizo recomendaciones como la de encarcelar a los pordioseros y las prostitutas, aprovechando al parecer la ingenuidad o desinformación de autoridades que habían creado programas importantes de beneficio social como el de repartir bonos mensuales a los ancianos.
Pero la derecha neoliberal ha sido aún más astuta pues una vez que el ayuntamiento de la Ciudad de México aceptó el enfoque de Giuliani sobre la delincuencia, las cámaras empresariales y grupos afines a la Fundación Manhattan han estado organizando una gigantesca campaña para azuzar a la población contra López Obrador acusándolo de que no es capaz de «acabar» con los robos y secuestros, generados, precisamente, por las condiciones inhumanas de la sociedad de consumo.
Giuliani cobra 400 mil dólares por ir a asesorar a un país, y 140 mil dólares tan solo por impartir una charla con base en sus esquemas de siempre. Obviamente, es un ladrón, pero muy exitoso, capaz de robar mucho más que cualquier asaltante callejero, con el agravante de que los consejos de Giuliani conducen a quitar la libertad o la vida a gente ya de por sí marginada.
Otro caso es el de Caracas, donde el alcalde antichavista Alfredo Peña contrató a Bratton para impulsar la represión contra los sectores populares. En este caso y en otros se ha alegado que los crecidos honorarios de los «súper asesores» por sus consejos que van directamente contra el pueblo, son pagados por las grandes empresas locales, lo cual no siempre es verdad, pero en caso afirmativo sienta un peligroso precedente para subordinar la seguridad pública a esos intereses sectarios.
Bratton le cobró a la alcaldía de Caracas la modesta suma de 180 mil dólares, para repetirle su catecismo de la «tolerancia cero» y para ayudarle a formar cuerpos civiles de apoyo a la policía, los llamados «Guardianes de la Ciudad», voluntarios entrenados para servir de apoyo a la labor de la PM. Esto es especialmente grave en el contexto venezolano, donde la policía metropolitana y el alcalde de Caracas han estado apoyando abiertamente a la oposición antichavista.
El 24 de septiembre de 2002, Peña lamentaba tener que recurrir a los grandes empresarios para enriquecer a Bratton: «...Caracas es la única ciudad del mundo (sic) que no saca un centavo de su erario para pagar los valiosos servicios de Bratton, tal como sucede en las ciudades de Europa y América Latina que lo han contratado. Unos 180 mil dólares son los honorarios de Bratton, y a esa cantidad hay que sumar lo que vale el equipamiento de la policía...».
Bratton ha asesorado a funcionarios chilenos y ha estado también en Lima. En julio de 2004, el congresista Rafael Rey hacía notar las irregularidades y el dispendio cometidos en la contratación del mal llamado «superpolicía» William Bratton.
Afirmaba que el llamado «Plan Bratton» que elaboraría el estadounidense para el combate a la delincuencia, en realidad no existe, que su contratación se hizo sin concurso ni licitación, además de que su empresa no está autorizada a contratar con el gobierno peruano, pese a lo cual se le pagó por adelantado el 4 de abril de 2002, «sin prueba de que se hubiese firmado el contrato y sin ninguna garantía». Asimismo, Bratton llegó a Lima el 28 de mayo de 2002, sin visa de trabajo, estuvo sólo hasta el día 31.
«El Concejo de Lima acordó pagar por el supuesto informe 44,800 dólares. Sin embargo, se gastaron 83,183 dólares. Es decir, si hablamos del dichoso documento de 10 hojas que Andrade ha podido mostrar, se gastaron 8 mil dólares por hoja del anillado, o 20 mil dólares por día de visita del señor Bratton».
Se alega que el gasto, no sólo injustificado sino pernicioso, fue sufragado con «donaciones de particulares». Pero, a decir de Rey, en realidad se utilizó dinero de Emape, Emilima, Caja Metropolitana, Invermet, SAT.
Por su parte, el 30 de mayo, en conferencia conjunta con el alcalde de Lima, Alberto Andrade, Bratton explicó que su trabajo en Lima obedecería a las premisas con que ha justificado sus crímenes contra los pobres y los marginados: «se debe invertir en la seguridad para lograr el desarrollo de otras áreas de producción, como el turismo y negocios» y «la policía no debe ignorar las pequeñas faltas, pues estas deben ser combatidas para evitar que pasen a delitos mayores...».
En suma, autoridades de ciudades latinoamericanas han estado pagando cientos de miles de dólares para contratar «superasesores» que en cada lugar impulsan mediante un mismo guión proyectos de represión contra los sectores marginados y paradójicamente exaltan la «tolerancia cero», ellos que así roban y defraudan a países en desarrollo.
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