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"Durante las 36 horas del golpe de Estado de abril de 2002 Venezuela vivió una situación tal vez inédita en el mundo: los nuevos medios de comunicación (teléfonos móviles celulares e Internet), junto con los más antiguos (la calle, el ágora, la voz humana desnuda) impidieron la consolidación del derrocamiento del gobierno, llevado a cabo por los de edad media (televisión, prensa, radio)." El escritor Roberto Hernández Montoya resume así, en su libro Información verás [1] su particular visión de las decisivas jornadas de abril, y la impronta que en ellas tuvieron los medios.

Que los medios venezolanos jugaron un papel decisivo en la ejecución del golpe contra el presidente Hugo Chávez, y sobre todo en la creación de un "microclima" previo, parece fuera de discusión. Cabe preguntarse, no obstante, cómo se llegó a una situación en la que -como señala el ensayista y dramaturgo venezolano Luis Britto García- se produjo "la suplantación de los actores políticos por los medios. [2] Un ejercicio que supuso suplantar, en un primer paso, a la sociedad civil, para culminar con un segundo casi inevitable, que supone suplantar las instituciones.

¿Medios o partidos?

Durante el paro petrolero de diciembre de 2002 a enero de 2003, por lo menos cuatro canales de tevé y decenas de emisoras de radio se encadenaron durante 24 horas y trasmitieron en ese lapso 17.600 anuncios publicitarios contra el gobierno, "dedicando toda su programación, sin un segundo de tregua, a denigrar al gobierno mediante el amarillismo político, a causar toda clase de alarmas, propalando todo rumor que infundiese terror", asegura Hernández Montoya en Question de marzo de 2003. En suma, durante los 62 días del paro patronal se difundió un promedio de 200 cuñas diarias hostiles al gobierno, mientras se alentaba el paro.

El deterioro del papel social de los medios vino acompañado de la crisis del sistema tradicional de partidos, merced al empeño de los dirigentes del país de imponer las recetas neoliberales. En Venezuela, el parteaguas fue la rebelión social conocida como "Caracazo", en febrero de 1989, contra el ajuste aplicado por el flamante gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez. El "sacudón" no sólo se llevó por delante a los políticos tradicionales -y con ellos al propio sistema de partidos- sino que modificó de forma radical el comportamiento de los medios. "Hasta 1998 -escribe Britto García- era usual que los medios proclamaran formalmente la imparcialidad o la objetividad y que mostraran en la práctica alguna simpatía o parcialización por determinados actores políticos. A partir de ese año, ante la implosión de unos partidos tradicionales abandonados por su electorado, intentan sustituirlos asumiendo desembozadamente el papel de actores políticos."

En suma, el comportamiento actual de los medios venezolanos debe rastrearse en la autodestrucción del sistema político. Toda una lección para el resto de los países de la región.

Con suspicacia, el corresponsal británico en Caracas Phillip Gunson se preguntó en los meses del paro petrolero: "Cuando un medio empieza a actuar como partido, ¿cómo se lo controla?". Para poder erigirse en sustitutos del sistema de partidos, previamente los medios procedieron a instalar una censura interna feroz, que supone cortar de raíz cualquier veleidad de independencia o autonomía del periodista, como lo atestiguan muy numerosos testimonios.

El debate sobre la regulación

La regulación de los medios goza de mala reputación. Tanto la que pueda ejercer el Estado como la que de hecho ejerce el mercado son perversas, sostiene Hernández Montoya. "En manos del mercado el usuario no tiene opción, por la cartelización: todos los medios trasmiten la misma información", pero cuando la regulación corresponde al Estado, "deja en manos de un funcionario la potestad inapelable de decir qué se trasmite", lo que conduce "inevitablemente a la censura y a la corrupción", dice.

Salir de este círculo infernal no parece sencillo. En el marco del III Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre en enero de 2003, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel presidió una audiencia preliminar de una comisión de expertos sobre el caso de los medios de comunicación comerciales venezolanos. Convocados por el Observatorio Internacional de los Medios, prestaron testimonio el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, el periodista y cineasta italiano Gianni Minà, el asesor del Parlamento Europeo Paul Emile Dupret, la comunicadora televisiva venezolana Blanca Eekhout, y varios representantes de movimientos sociales, periodistas y víctimas de situaciones que los medios ocultaron.

Tarik Alí, editor de New Left Review, concluyó que la situación de los medios en Venezuela excede cualquier realidad conocida en Europa, por "la falta de voces plurales y de diversidad que linda con lo bárbaro", que operan con "masivas campañas de descalificación".

Ese "monopolio políticamente corrupto no sería tolerado en Estados Unidos ni en Europa Occidental", señaló.

Hoy en Venezuela está en debate un proyecto de ley de "Responsabilidad social en la prestación de los servicios de divulgación audiovisual y sonora". El periodista Aram Aharonián sostiene que la ley "es una vieja reivindicación de comunicólogos y hasta de la Iglesia Católica. Sin embargo, en este fárrago de polarizaciones ha quedado como reivindicación chavista".

En su primer artículo, el proyecto se propone "establecer la normativa que, con respeto a la libertad de expresión e información, garantice la difusión de contenidos a través de los servicios de divulgación audiovisual y sonora que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad venezolana y, en particular, al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, a los fines de fomentar el necesario equilibrio entre los deberes, derechos e intereses de las personas, de los prestadores de servicios de divulgación y sus relacionados".

La filosofía que inspira a la ley se basa en garantizar el equilibrio entre los derechos humanos, deberes e intereses de las personas, de los prestadores de servicios de divulgación y de sus relacionados, y promueve el "respeto absoluto a los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural".

Lo anterior supone que el Estado no debe vulnerar la normativa pero a su vez debe garantizar su cumplimiento, apelando a medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial. Así, el artículo 19 estipula que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Otros artículos establecen la prohibición de exaltar la guerra, el odio nacional, racial o religioso; el derecho de rectificación y respuesta; la protección de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Mención especial merecen los apartados dedicados a la promoción de la producción nacional e independiente y al uso por el Estado de determinados espacios gratuitos para campañas educativas, informativas o preventivas. Se ratifica, por otra parte, el uso general del idioma castellano, incorporando la posibilidad de utilizar los idiomas indígenas y el lenguaje de señas venezolano.

En paralelo, se crea y regula el Instituto Nacional de Radio y Televisión como órgano de la administración pública nacional encargado de hacer cumplir la ley. Pero también se estimula la organización de las personas en comités de usuarios de radio y televisión, para la promoción y defensa de sus derechos e intereses, y se incorporan mecanismos de consulta ante las autoridades.

En cuanto a las infracciones y las sanciones, sin duda el aspecto más delicado de la legislación, a la hora de hacer exigible su responsabilidad social se establece un trato diferenciado entre los prestadores de servicios de divulgación, los anunciantes y los emisores. Sin embargo, en mayo el parlamento venezolano decidió aprobar recortado el proyecto de ley elaborado por especialistas en comunicación. De los 150 artículos quedaron en pie sólo 39, pero lo más grave es que se eliminó la prevista creación de un ente encargado de promover y supervisar los medios. Se pronostica que el debate continuará durante mucho tiempo.

Montevideo (Brecha)

[1] Editorial Question, Caracas, 2003.

[2] ""Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha", Question, Caracas, 2003.