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En crisis la libertad de expresión

Periodistas buscan justicia en la Corte Interamericana

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Alejandro Guillier

Los periodistas chilenos recurrirán a la justicia internacional para resguardar el libre ejercicio de la profesión y la libertad de expresión, anunció Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas. La organización dio a conocer esta decisión ante una comisión del Senado que debate una nueva ley que contemplan sanciones pecuniarias contra los periodistas, alegando el resguardo de“la intimidad y la privacidad de las personas” con nuevas limitaciones a la libertad de informar que ya fueron aprobadas por los diputados. Los periodistas expusieron su postura ante los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, senador Alberto Espina, presidente de la Comisión, del partido de derecha Renovación Nacional (RN), y Andrés Chadwick, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de extrema derecha. Participaron, además, Andrés Zaldívar, del partido Demócrata Cristiano (PDC) y José Antonio Viera Gallo, del partido Socialista (PS), miembros de la coalición gobernante. Guillier fue acompañado por Ethel Pliscoff, Presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio; y Audénico Barría, Presidente del Consejo de la V Región (Valparaíso).

Los senadores oyeron también una exposición de la jurista Angela Vivanco, quien expuso las limitaciones a la libertad de expresión desde la óptica de los dueños de diarios, radioemisoras y estaciones de televisión. Estuvieron presentes César Molfino Mendoza, presidente de la Federación de Medios (FM), que agrupa a todo el sector, y a la vez, de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI); Juan Luis Sommers Comandari, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP); Jaime Bellolio, presidente de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL); y Carlos Schraeder, ex presidente de la FM. Asimismo, asistieron Ernesto Galaz, director jurídico del ministerio Secretaría General de Gobierno.

“Pánico moral”

El Presidente del Colegio hizo hincapié en que el proyecto de ley en resguardo “de la intimidad y honor de las personas” puso en escena a un “fantasma” que aterra a los hombres públicos y políticos en general, embargados por una suerte de “pánico moral” que contiene nuevas amenazas contra la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Precisó que cualquier legislación limitante del periodismo y de las libertades de expresión, información y opinión deberá concordar con el ordenamiento jurídico internacional que el Congreso validó para Chile cuando ratificó la adhesión del Estado a los tratados internacionales que reconocen la jurisdicción de tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.

También señaló Guillier que una legislación coherente debe restituir al Colegio, y a las demás ordenes profesionales, la facultad jurídica de tutelar la ética, perdida desde que esas instituciones fueron despojadas de su condición de “corporaciones de derecho público” por la dictadura. Dijo que el “honor” no pude medirse en “plata”, a través de una multa que se propone gravar sólo a los periodistas -no a las empresas-, porque tal represión económica desnaturaliza a la profesión, amenaza a la eficacia del periodismo en una sociedad democrática y atenta contra el equilibrio y el desarrollo de la democracia. Guillier resumió así ante sus pares el planteamiento del Colegio: “Quisimos advertir que si se aprueban y aplican leyes que no respondan al derecho internacional y a los tratados que el país ha firmado, recurriremos permanentemente a los organismos internacionales para representar las faltas del Estado de Chile, lo cual va a transformar -por lo tanto- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Justicia en una instancia de apelación cada vez que se cometan abusos contra el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión”.

Acuerdo con la Comisión Chilena de DD.HH.

El dirigente explicó que “existe un entorno, un clima restrictivo que nos motivó en esta decisión, porque ya no se trata de un solo caso aislado”. “Creo que hemos batido un record este año en aplicaciones de leyes ambiguas y antidemocráticas, con criterios también discutibles”, dijo. Informó que “la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) ha llegado a un acuerdo con nosotros para acoger los casos que le vamos a presentar y trasladarlos a las instancias interamericanas”.

“Desde luego, ya hay algunas violaciones que han sido noticia reciente”, precisó. “Son los casos de violación del artículo 7 de la Ley de Prensa, que se los vamos a presentar a la Comisión para que haga los requerimientos respectivos. Y al mismo tiempo, vamos a recurrir por otros casos con ellos”. El artículo 7 resguarda el secreto de las fuentes de información.

El dirigente indicó que “algunos de estos casos se pueden reclamar a nivel de los tribunales chilenos. Pero aquellos en que ya existan fallos de los tribunales chilenos sin tener en cuenta al derecho internacional y a una aplicación correcta de nuestras propias leyes, que de por sí ya son restrictivas, los llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Este año, los tribunales incautaron hardward -computadores y “discos duros”-del diario electrónico “El Mostrador” y cámaras de video de “Chile Visión” que todavía no restituyen alegando que les practican una “investigación”.

Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio, dijo que existe “un claro afán de desconocer la letra de la ley cuando la propia justicia exige violar la reserva de la fuente garantizada por el artículo 7”. Agregó que “cuando un juez requisa un computador o una cámara de video, tiene acceso a material grabado con anterioridad, donde hay elementos de juicio que obviamente sólo le pertenecen al periodista”.

Carta a la CChDH

El Colegio formalizó el convenio para que la CChDH lo represente en la búsqueda de justicia ante la Corte Interamericana, a través de la Comisión de Derechos Humanos. del sistema jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). El primer paso se dio con una carta a la CChDH suscrita por Alejandro Guillier y Cecilia Alzamora, Secretaria General.

El documento señala que “la decisión del Colegio de Periodistas se sustenta en sus objeciones ante una legislación que considera antidemocrática, con restricciones presente aún en varios cuerpos legales y todavía no modificada por el Congreso Nacional, así como frente a nuevos proyectos o mociones parlamentarias que abrigan el propósito de limitar aún más el ejercicio de un periodismo libre, en desmedro del desarrollo democrático de la sociedad chilena” (Texto completo en http://www.colegiodeperiodistas.cl/documentos_neu_20.htm).

Ernesto Carmona

Ernesto Carmona Consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

 
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