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El 25 de octubre, el Gobierno cubano anuncia oficialmente, y por sorpresa, que a partir del próximo 8 de noviembre, todas las transacciones comerciales que afectan a los habitantes de la isla no podrán efectuarse en dólares, sino en los denominados pesos convertibles. La prensa internacional recoge a la mañana siguiente ese anuncio, en clave de “prohibición” del uso de la divisa. La medida adoptada tiene muchas otras lecturas, más acordes con la siempre compleja y “matizable” realidad cubana. Así, la decisión representa en la práctica una sustitución del uso del dólar (en el ámbito de la población, no en el empresarial, dónde sigue vigente) por una moneda nacional emitida por el Banco Central de Cuba desde 1995, con igual uso a la divisa estadounidense en el interior de la economía cubana, y respaldada 100% por las reservas internacionales de la principal entidad financiera del país. Visto de este modo, el anuncio no debería ser interpretado tan negativamente, puesto que, bajo determinadas condiciones, sería incluso un signo de reversión de un proceso que sí puede ser claramente perjudicial: la dolarización económica.

En este sentido, la aceptación generalizada de que la sustitución de una moneda nacional por una divisa extranjera (en todas sus funciones de uso), es “positiva” para el buen funcionamiento de una economía, surge de corrientes económicas de corte claramente neoliberal. Para quienes comparten esta idea, la dolarización es “el camino” para estabilizar la economía, anclar los aspectos reales a los financieros, reducir el papel del Estado, y ligar la política económica del país dolarizado a la llevada a cabo por el país emisor de la divisa fuerte (en este caso, EEUU).

Por el contrario, para quienes rechazamos dicha corriente, lo “negativo” reside, precisamente, en las condiciones que empujan a aceptar la dolarización, así como en lo que ello conlleva. Así, este proceso surge, generalmente, en situaciones de grave crisis económica, con una moneda nacional fuertemente depreciada y un proceso hiperinflacionario. En los casos en que la respuesta a ello ha sido el desplazamiento oficial de la moneda nacional por la divisa estadounidense, la dolarización no se ha revelado como la solución a los problemas que sufre un país. De hecho, algunas experiencias (como las de Ecuador o el Salvador) muestran como la aceptación formal de este fenómeno ha empeorado la situación inicial, dando lugar a escenarios en los que el Estado ha visto prácticamente anulada su capacidad de respuesta ante el progresivo deterioro social.

El caso cubano (con sus particularidades) responde, en su origen, a un proceso de características similares al descrito, pero difiere notablemente en su forma de legalización. Así, la desintegración del bloque socialista liderado por la URSS a finales de los ochenta, da lugar a la pérdida del 85% de los nexos comerciales y financieros de Cuba con el exterior. La fuerte caída de la producción (de más del 35% en 4 años) y el exceso de liquidez monetaria en una economía de escasez en la que se mantienen las emisiones de pesos para seguir garantizando la política social, provocan una fuerte depreciación del peso cubano. La pérdida de contenido de la moneda nacional, junto a la entrada masiva de dólares en el ámbito de la población (derivada de una política de emergencia que permitiera reinsertar a Cuba en la economía internacional), dan lugar a un proceso progresivo de dolarización económica. Cuando el deterioro económico y social del país llega a límites difícilmente tolerables, el Gobierno de Cuba, no sin cierta dosis de pragmatismo, decide legalizar lo que en la realidad de la isla ya era evidente: la tenencia y uso del dólar.

Pero el Gobierno cubano necesitaba dar respuesta a la crisis económica y social compatibilizando el pragmatismo con el mantenimiento de los rasgos fundamentales del sistema económico con el que se ha identificado la Revolución, así como con la defensa de los logros sociales alcanzados por éste. Es por ello, que las Reformas Económicas adoptadas en el bienio 1993-1994, fueron pensadas sobre medidas que, aún “no gustando” al Gobierno (dolarización, aceptación de una mayor presencia de Inversión Extranjera, o apertura de espacios de mercado, entre otros) sirvieran para poner “aquello que no gustaba” al servicio de los objetivos económicos y sociales del Estado. Y esa lógica afectó especialmente a la forma bajo la que se autorizó el uso de la divisa estadounidense. En torno a la dolarización, se adoptaron medidas que permitieron al Estado captar y asignar estratégicamente la divisa, sirviendo a dos objetivos: la reactivación económica del país y la preservación de las “conquistas sociales” de la Revolución. Ello dio lugar a una dolarización económica muy singular, compatible con un Estado fuerte, que no sólo mantenía plena autonomía sobre el control de su política económica, sino que hacía uso de ella para convertir un proceso de connotaciones claramente negativas en “algo”, si más no, útil a sus objetivos.

Se aceptó que la sustitución parcial del peso por el dólar comportaría beneficios económicos superiores a los costes políticos del momento (identificados, fundamentalmente, con la pérdida de un símbolo de identidad nacional). No obstante, la aceptación de dicha dolarización era claramente temporal, transitoria, y sólo válida en tanto en cuanto sirviera como medio para la consecución de determinados resultados. Las Reformas funcionaron: a partir de 1995, la economía empezó a crecer (aunque con irregularidad) y se frenó el deterioro social. No obstante, los matices a ese “éxito” obligan a señalar, principalmente, que la recuperación económica, todavía hoy, no es plena, y que la desigualdad en la distribución de la renta se ha acrecentado.

En este escenario, la medida anunciada el día 25 es coherente con la lógica del proceso: sirve para retirar dólares de circulación, y transferirlos al Estado, para que haga de ellos un uso acorde con los compromisos de pago que el país mantiene con el exterior. Mientras, se permite a la población un canje de esos dólares por una moneda nacional equivalente en uso, lo que permite mantener el poder adquisitivo de los cubanos. Incluso podría ser valorada positivamente, si ello da lugar a una auténtica reversión del proceso de dolarización económica.

Aún más, podría interpretarse como una medida que permitiera, manteniendo como esquema de funcionamiento la captación y uso estratégico de divisas fuertes, una etapa de transición hacia la consolidación final de una moneda nacional convertible, en la que la actual dolarización fuera substituida por cierta euroización. La intención última (de acuerdo al modo en que se ha producido el anuncio) radicaría en conseguir que la entrada de moneda fuerte al país se denominara crecientemente en euros en vez de en dólares, como modo de enfrentar el recrudecimiento del bloqueo estadounidense así como las restricciones impuestas por este gobierno al envío de remesas a Cuba. Estos planteamientos, con sus matices, cambiarían el centro del debate generado por la medida adoptada por el Gobierno cubano: desde la idoneidad de la decisión, hasta la idoneidad del momento en que ésta se ha tomado. Y es que la “sustitución efectiva” final del dólar por el peso convertible está sujeta al cumplimiento de varias condiciones. Por un lado, el “éxito” de la medida depende de la consecución de un crecimiento plenamente sostenido, que complete la recuperación económica del país y que permita dotar de contenido a la moneda nacional, así como preservar el poder adquisitivo real de la población. Por el otro, de un elemento mucho más “sutil”: la confianza de los cubanos en el peso convertible. Si estas circunstancias no se dan, los efectos de la medida adoptada pueden empeorar todavía más la situación, especialmente a través de la expansión de un mercado negro que, hoy por hoy, ya tiene dimensiones preocupantes.

Algunos datos hacen temer que el momento de la decisión no sea el más adecuado. Y es que a la evidencia de que la crisis económica todavía no fue superada, se añaden factores coyunturales que pueden erosionar la confianza en la nueva moneda, hecho que sería claramente perjudicial. En primer lugar, el anuncio de que el cambio de los dólares por los pesos será penalizado a partir del 8 de noviembre, con una tasa del 10%. Ello encarece obviamente la transacción y resta poder adquisitivo a los cubanos, lo que puede generar una espiral de atesoramiento de divisas estadounidenses o de intercambios ilegales a tasas más favorables. Por el contrario, el anuncio de que el canje a través de los euros no será sometido a igual penalización, podría reforzar la idea antes señalada de generar un proceso de sustitución de entrada de dólares por la moneda única europea. Su éxito y su efectividad, no obstante, dependerán de cómo se ajusten las percepciones que de ello tengan quiénes necesitan la divisa dentro de Cuba y quiénes pueden facilitar su entrada. En segundo lugar, “la situación política”. A nadie se le escapa (y por ello la medida ha tomado el relieve que ha tomado), que la decisión de retirar el dólar de circulación coincide con un momento de mucha tensión, en el que se evidencia tanto la vulnerabilidad que confiere la dependencia de un proyecto de país de la salud de su máximo dirigente, como la intensificación de la estrategia de “acoso y derribo” que los más aférrimos detractores del Gobierno cubano orquestan desde el exterior de la isla, desde hace décadas. En este contexto, el anuncio puede interpretarse como una “respuesta de urgencia” ante una situación que se agrava y que puede escapar al control de las autoridades gubernamentales.

No sería honesto no reconocer las virtudes de las Reformas llevadas a cabo en Cuba. La originalidad y la singularidad de su planteamiento, y sobre todo, lo loable del esfuerzo político por aplicar la imaginación a la economía, y supeditar “la fórmula económica” a la consecución del bienestar social. Pero tampoco lo sería no cuestionar la idoneidad del momento en que se ha tomado la decisión económica de volver a sustituir al dólar por una moneda de carácter nacional. Si no advirtiéramos de los efectos perversos que ello puede crear, no estaríamos siendo fieles a la necesidad de avanzar sobre la elaboración y aceptación de críticas de carácter constructivo. Como no seríamos justos con lo que la población cubana merece: un sistema económico basado en la justicia social que se convierta en referente de quienes creen que “otra economía es posible”.

Cristina Xalma, periodista catalana