Seguramente cuando se legisló para crear el COFOPRI, o Comisión de Formalización de la Propiedad, se tuvieron las mejores intenciones para favorecer a importantes sectores, especialmente humildes de la sociedad peruana. Pero como bien nos instruía la sabiduría popular, “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Bajo la sombra aparentemente bienhechora del COFOPRI se amparan ahora los más grandes cinismos, los más terribles despojos y las más indignantes usurpaciones de la propiedad ajena. El COFOPRI se ha convertido ahora en el paraguas de los pícaros que encuentran en una burocracia predispuesta y de sospechosa parcialidad, el mejor aliado para poder apropiarse legalmente de los bienes inmuebles, de los terrenos y hasta de los edificios, porque ahora el famoso COFOPRI ya no incursiona únicamente en los terrenos de los asentamientos humanos sino en las áreas rurales y, aunque parezca increíble en las zonas urbanas.

Quejas, denuncias y procesos judiciales como instancias superiores, se repiten por miles en todo el país por parte de personas que confiaron la custodia, vigilancia y cuidado a individuos o familias que se aprovecharon de esa circunstancia para declararse, ante COFOPRI, dueños del terreno y hasta del edificio cuya custodia recibieron por encargo, remunerado o por caridad.

Lo que viene sucediendo en estos días en las provincias de Pacasmayo y Chepén no son sino la repetición de lo que sucede en Trujillo, en Piura, Chiclayo, Lima y en la mayoría de las regiones del país originando un clima de protesta e indignación ante el cual tarde o temprano tendrán que intervenir los legisladores para corregir la reglamentación interna del COFOPRI o para desaparecerlo totalmente como ya se ha insinuado en repetidas oportunidades.

Lo que resulta además altamente sospechoso, es la facilidad con que la burocracia de esa entidad procede, sin mayor investigación, a adjudicar los derechos a los usurpadores, pero con una característica fácilmente perceptible como es la de proceder a partir la propiedad, reservando otra parte para objetivos que no son distinguibles y que inducen a pensar en otros fines distintos a los del carácter social que motivaron la creación de esa comisión formalizadora.

Si bien es cierto que la real propiedad de un bien inmueble o terreno no es establecida definitivamente por el COFOPRI ya que los perjudicados o agraviados tienen todavía el camino de la vía judicial, es innegable el perjuicio que esa comisión origina y que, por el contrario, termina por agravar un conflicto social que debería terminar con una solución sensata, de buen juicio y sobre todo respetuosa del derecho de propiedad y posesión que la Constitución garantiza. A final de cuentas, hay que decirlo en defensa de la sociedad y de las pacíficas y respetuosas relaciones entre ciudadanos, COFOPRI se ha convertido en la fecha, en la institución del Estado que legaliza el despojo y la usurpación en beneficio de los pícaros y los sinvergüenzas. Sobran ejemplos.

La Voz de la Calle