Dos años son un tiempo importante para un proceso de diálogos y negociaciones, e igualmente es una oportunidad para realizar una lectura sobre algunos temas que pueden ser considerados como fundamentales.

Podemos diferenciar asuntos procedimentales, referidos a aquellos que deben generar condiciones que hagan posible que el proceso sea legitimo, dinámico e irreversible; entre estos asuntos podemos señalar el cese del fuego y de hostilidades, la concentración, el acompañamiento internacional, la participación ciudadana y la información, veraz, oportuna y de calidad.

Lo procedimental

El cese del fuego y hostilidades y la concentración de los miembros de las AUC son un rotundo fracaso. Las cifras hablan por si solas: la Comisión Colombiana de Juristas reporta cerca de dos mil homicidios, atribuibles a las AUC desde diciembre de 2002; la Defensoría del Pueblo afirma que hubo 350 asesinatos en un estudio realizado en diez departamentos del país; y las mismas estadísticas del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, también, señalan crímenes atribuidos a las AUC.

El acompañamiento internacional está circunscrito a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que inició como un acuerdo muy directo entre el entonces Secretario General, César Gaviria y el presidente Álvaro Uribe. Este hecho no fue bien recibido en países miembros y motivó algunos ajustes en el Consejo Permanente, involucrando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras once meses de trabajo de la MAPP-OEA, presidida por Sergio Caramagña. Pero, el balance de la Misión es preocupante: es una Misión sin recursos -dada en una de las crisis más profundas de la OEA, debido a la dimisión del recién nombrado Secretario General, Miguel Ángel Florez, por acusaciones de corrupción-. Además, es una Misión plegada a la gestión del gobierno porque no toma en cuenta las múltiples voces que afirman que el proceso no va a conducir a la paz y a la reconciliación en el país, sino que es un nuevo ciclo de autoritarismos e imposiciones.

Sin embargo, existen otras posibilidades de participación de la comunidad internacional, sujeta a la definición de asuntos procedimentales y sustanciales. Por ejemplo, los gobiernos Europeos han manifestado algún interés por asumir un papel protagónico en la negociación, pero al mismo tiempo, hacen algunas críticas en cuanto a las finalidades del proceso con las AUC. Pero, otras voces coinciden en mantener al margen del proceso la institucionalidad estatal Europea y jugar un papel en los campos que consideren convenientes.

En cuanto a Estados Unidos su participación se da con el desarrollo de la agenda antidrogas y con las presiones de extradición de varios dirigentes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, uno de los liderazgos con mayor posicionamiento interno. A pesar de que el Embajador de Estados Unidos, William Wood, ha calificado a los miembros de las AUC como narcotraficantes y bárbaros, éste ha manifestado a la administración Uribe el apoyo de su país a la negociación con las AUC. Sin embargo, siguen atentos con su lucha antidrogas y mantienen la ’espada’ desenvainada para blandirla contra quienes crean que son merecedores de su “justicia infinita”.

En el escenario interno, la participación ciudadana se limita a unas cuantas acciones del movimiento de paz y de derechos humanos, pero el temor está presente en el ambiente. Quizás, la reactivación del Consejo Nacional de Paz sea una oportunidad para discutir el proceso que adelanta el Gobierno con las AUC, debido a que este espacio es expresión de la democracia participativa.

En este sentido, se destaca el cubrimiento que ha realizado los medios de comunicación al proceso de Santa Fe de Ralito, incluso, se podría afirmar que ante la precaria presencia ciudadana y la lánguida acción internacional -a favor de una agenda de paz y reconciliación- éstos se han asumido como veedores y hasta cierto punto como actores de presión. Sin embargo, hace falta que incluyan en la agenda informativa algunos temas, le hagan un seguimiento permanente a la compleja madeja donde se desenvuelve el proceso con las AUC y sean más incisivos en ciertas indagaciones. De todas formas, es indudablemente el trabajo de análisis y de información que viene desarrollando el conjunto los medios de comunicación.

Lo sustancial

En Santa Fe de Ralito se juega el presente y el futuro de la nación colombiana, pero debe resolver inquietudes monumentales y asumir retos de gran calado que permitan convertir el proceso en una oportunidad para avanzar en un sentido democrático. ¿Será posible dejar atrás el recurso de la violencia para acallar la oposición política y para agenciar las agendas sociales y políticas de ciertos sectores poderosos de la sociedad colombiana?, ¿Podremos avanzar en la construcción de un estado social y de derecho que sea respetado y acatado en todo el territorio colombiano?

Entre los temas sustanciales está la tierra, motor de esta confrontación. En los últimos veinte años, 600 mil familias desplazadas han abandonado cuatro millones de hectáreas, hecho que evidencia una verdadera contrareforma agraria, de la cual ha sido, en buena medida, responsabilidad de los paramilitares. Pero, ¿qué pasará con estas propiedades?, ¿se resarcirá a sus propietarios y se les brindarán garantías de retorno? La respuesta dada por los paramilitares es que estarían dispuestos a devolver algunas, pero que alguien debe exigirlas. Respuesta cínica y retadora para el gobierno de Uribe, pero las organizaciones campesinas e indígenas mantienen su exigencia con mucha dignidad.

Otro de los interrogantes tiene que ver con la impunidad: ¿Habrá verdad, justicia y reparación o será un proceso de impunidad? En este sentido se juega la credibilidad y la seriedad del proceso. El Senador Rafael Pardo, peso pesado del uribismo, levantó la bandera de un proyecto de ley de unidad nacional y lo puso sobre la mesa para equilibrar la balanza entre justicia y reconciliación, dándole lugar a que la verdad se conozca y la reparación se efectúe. Pero, pareciera que no es del agrado del presidente Uribe y de su equipo de gobierno porque insisten en presentar un proyecto de ley que escandaliza por su falta de rigor, debido a que no cuenta con los mínimos construidos por la humanidad para garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad. La salida de esta guerra interna no debe ser sinónimo de arbitrariedad y de negación de derechos, no se debe continuar con la imposición de las lógicas de quienes han victimizado, atropellado y afrentado a la sociedad y a sus miles de ciudadanos con actos de barbarie y horror.

Los últimos interrogantes tienen que ver con la seguridad de los territorios y de sus habitantes. ¿Habrá presencia estatal, en los territorios que han sido controlados por el paramilitarismo?, ¿existirán garantías para el ejercicio de la acción ciudadana, sin intimidaciones y atropellos?, ¿con las fuerzas paramilitares legalizadas, podrá la oposición política actuar y pretender ganar el respaldo ciudadano sin el temor de terminar en la tumba como ocurrió con la UP y con algunos sectores liberales críticos?, ¿podrán realizar la labor pastoral las múltiples iglesias que han visto morir a sus pastores y párrocos por solicitar desde el púlpito el cese del horror?, ¿podrán los maestros volver a trabajar las asignaturas de ciencias sociales, sin que estas sean vistas como peligrosas, porque hablan del cambio, de los movimientos y de tener ordenes más justas?, ¿podrán las jóvenes volver a usar minifalda y los jóvenes el pelo largo?, ¿podrán vivir los homosexuales y ejercer las prostitutas sin ser desterradas o amanecer en cualquier rincón asesinadas?, ¿la palabra sindicato, junta campesina o de acción comunal podrán ser realidades autónomas y “beligerantes”?

Estos son algunos de los retos del presente y del futuro que deben dilucidarse en Santa Fe de Ralito, pero existen muchas dudas sobre su materialización porque como se afirma en Medellín: «hoy, los miembros del Cacique Nutibara no nos amenazan con revólver, sólo les basta con mostrarnos el carné de desmovilizados del Cacique Nutibara para notificarnos que ellos son dueños y amos del territorio».

Finaliza el 2004 y haces falta Mario Calderón, como también otros rostros que hoy no están con nosotros. El 2005 será un año de retos. Esperamos que tu legado y el de los otros nos alienten para seguir el camino de la convivencia y la democracia, que nos permita tener un equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro para tener la capacidad de entender y asumir la responsabilidad de enfrentar y dejar atrás la fuerza, la imposición y la barbarie que caracterizan el contexto colombiano.

(1) Mario Calderón, fue asesinado junto con su esposa Elsa Alvarado y el Padre de esta, en abril de 1997, por ordenes de Carlos Castaño. Mario fue Sacerdote Jesuita, integrante del Cinep, promotor de la organización comunitaria en diversas regiones del país, entre ellas, Tierralta, epicentro de las AUC y donde vivió el asesinato de su compañero Jesuita, Sergio Restrepo.

[1] Mario Calderón, fue asesinado junto con su esposa Elsa Alvarado y el Padre de esta, en abril de 1997, por ordenes de Carlos Castaño. Mario fue Sacerdote Jesuita, integrante del Cinep, promotor de la organización comunitaria en diversas regiones del país, entre ellas, Tierralta, epicentro de las AUC y donde vivió el asesinato de su compañero Jesuita, Sergio Restrepo.

[2] Mario Calderón, fue asesinado junto con su esposa Elsa Alvarado y el Padre de esta, en abril de 1997, por ordenes de Carlos Castaño. Mario fue Sacerdote Jesuita, integrante del Cinep, promotor de la organización comunitaria en diversas regiones del país, entre ellas, Tierralta, epicentro de las AUC y donde vivió el asesinato de su compañero Jesuita, Sergio Restrepo.

[3] Mario Calderón, fue asesinado junto con su esposa Elsa Alvarado y el Padre de esta, en abril de 1997, por ordenes de Carlos Castaño. Mario fue Sacerdote Jesuita, integrante del Cinep, promotor de la organización comunitaria en diversas regiones del país, entre ellas, Tierralta, epicentro de las AUC y donde vivió el asesinato de su compañero Jesuita, Sergio Restrepo.

[4] Mario Calderón, fue asesinado junto con su esposa Elsa Alvarado y el Padre de esta, en abril de 1997, por ordenes de Carlos Castaño. Mario fue Sacerdote Jesuita, integrante del Cinep, promotor de la organización comunitaria en diversas regiones del país, entre ellas, Tierralta, epicentro de las AUC y donde vivió el asesinato de su compañero Jesuita, Sergio Restrepo.