La de Cartagena se suponía una de las rondas más complejas de toda la negociación del TLC entre Colombia, Ecuador y Perú con los Estados Unidos, y debía serlo porque en Cartagena se tenía que desentrabar, de acuerdo con las agendas previas de los negociadores, los temas más álgidos de la negociación: agricultura y propiedad intelectual. Pero nada de esto ocurrió, por el contrario la sensación es que Cartagena dejó más claros los problemas políticos y económicos que enfrentan los gobiernos de los andinos frente a la intransigencia de las posiciones norteamericanas.
A muchos analistas se les olvida que la firma de Tratados de Libre Comercio por parte de los Estados Unidos, es una estrategia alternativa al ALCA y que busca ir metiendo a todos los países de la región en tratados que finalmente los lleven a la consolidación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia. En ese sentido, los norteamericanos buscan a toda costa acuerdos muy favorables a sus intereses para obligar a los ’rebeldes -Argentina de Kishner, Brasil de Lula, Venezuela de Chávez y Uruguay con el ascenso reciente del Frente Amplio- partir de una base muy alta en una negociación futura donde los norteamericanos ganen por lo alto.
Los andinos no son realmente importantes para los Estados Unidos por su importancia económica, sino principalmente por su significado político. Sin entender esta realidad es imposible comprender la intransigencia de los Estados Unidos en prácticamente todas las mesas de negociación. Para empezar, el equipo norteamericano no ha cedido un milímetro en sus pretensiones originales sobre propiedad intelectual: patentes de segundo uso, extensión de patentes por demoras injustificadas y prohibición en el acceso a los datos de comprobación para el registro de medicamentos, entre otros. En cambio, nuestros negociadores se han esmerado en mejorar incesantemente las ofertas, mientras que los norteamericanos se sientan a la mesa para ver cuál es el manjar que se les ofrece.
Esta intransigencia ha generado roces no solo entre el gobierno, como el caso de los ministerios de Comercio y de Salud en el asunto de patentes sobre medicamentos, sino entre varios gremios y sectores sociales, algunos de ellos hasta hace unos meses fervientes defensores del Tratado.
En el sector agrícola es donde están prendidas las alarmas, porque las intenciones "gringas" son prácticamente lograr la liberación plena del mercado agrícola de los andinos, sin renunciar al sistema de subsidios que permite que todos los productos norteamericanos lleguen a nuestros puertos más baratos, hecho que arruinaría toda la industria agrícola nacional. Los gremios del sector se han venido expresando en posiciones cada vez más radicales que han hecho que, incluso, el mismo presidente Uribe haya tomado decisiones proteccionistas en contra de los consejos de sus escuderos más acérrimos como Rudolf Hommes.
Lo que quedó de Cartagena es la evidencia contundente sobre la intención norteamericana en el Tratado, hecho que generó resquemores y oposiciones que el mismo gobierno no puede controlar. La citación a nuevas rondas de negociación y a microrruedas visibilizó no solo la debilidad de la negociación, sino también que no se entregara fácilmente los intereses más sensibles del país a los voraces apetitos de ciertos sectores en los Estados Unidos.
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