Luego del escándalo que suscitó la salida de César Caballero de la dirección del DANE con la acusación que este lanzó al gobierno Uribe de presionar para manipular la información sobre la encuesta de seguridad ciudadana, y que condujo a la primera gran crisis de credibilidad de esta institución encargada de elaborar toda la información estadística del país, se han venido presentando una serie de sucesos que dejan, por decir lo menos, inmensas dudas sobre la capacidad técnica y las intenciones políticas de su nueva dirección.

El primero de estos sucesos es el que tiene que ver con el cambio radical a la metodología del censo planeado para este año y que la anterior dirección ya tenía casi listo para su inicio a mediados de este año. Con el ascenso de Rojas como nuevo director, el censo se puso “patas arriba”: ya no se inmovilizaría a la gente durante un día, ni se utilizaría un gran número de empadronadores, la encuesta y la metodología de recolección de datos cambiaron, y ahora el censo se demorará cuatro meses usando computadores que registrarán en línea la información censal, y por último bajó el costo del censo de $150.000 millones a solo $70.000 millones.

Pero la nueva metodología enfrenta graves problemas:

- Es tan nueva que será la primera vez que se ensaya en el mundo en un censo global de población.
- Tiene problemas al registrar los movimientos de población tan usuales en nuestra condición de violencia y migración y no hay una base para contrastar la información (como por ejemplo un empadronamiento civil como en Francia).
- Muy posiblemente no será global.
- El sistema de recolección de datos no ha sido probado y si llega a presentar fallas pueden perderse datos valiosos cuyo costo de recuperación es muy alto.
- La planeación del censo es casi inexistente y las pruebas piloto aplicadas son marginales y en muestras muy pequeñas.

Pero el censo no ha sido la única sorpresa que ha dado el DANE: el cálculo de la cifra de crecimiento para el 2004 se demoró mucho más de lo usual: Desde 1970 ésta se entregaba a más tardar a principios de marzo, este año solo se supo hasta finales de abril y sorprendió porque no se compaginaba con el comportamiento del segundo y tercer trimestre del año anterior. El 3.9% que se obtuvo como resultado final solo era posible si la economía crecía en el último trimestre por encima del 5.8%, lo cual no esperaba ni el más optimista en el país, sin embargo se logró este índice, lo que suscitó dudas en no pocos sectores.

A la demora y la sorpresa con la cifra del PIB se unió luego la noticia de que la población colombiana ya no era de 46 sino de 44 millones, de que la pobreza había caído por debajo del 50% de la población y que la inflación para enero y febrero era una de las más bajas de los últimos 25 años. También se afirmó que el desempleo viene disminuyendo pero que la generación de puestos de trabajo es menor, lo que se explica indicando que la gente sale del mercado laboral porque las condiciones de los empleados han mejorado, cosa que es inexplicable cuando la reforma laboral recortó sustancialmente los beneficios laborales de los trabajadores.

Con esta andanada de estadísticas que generan dudas, lo que se ha puesto sobre el tapete es el debate sobre la independencia del DANE y las presiones directas e indirectas que ejerce el gobierno de Uribe para mostrarle a los ciudadanos con estadísticas lo que no pueden validar los hechos. Como señalara recientemente un reconocido analista económico, “mientras que los grandes capitales en Colombia tienen la certeza de ver crecer las utilidades en sus balances, al resto de ciudadanos solo nos queda el consuelo de las estadísticas”.

Y es así como la credibilidad del DANE viene siendo quebrantada en aras de la guerra desinformativa del gobierno Uribe. Esa credibilidad no solo sustenta la artificial popularidad del presidente, sino la programación de políticas públicas que permitan a los ciudadanos condiciones de vida más dignas. Por eso lo que está en juego no solo es un problema de información o de diferencias técnicas, está en juego ni más ni menos que la institucionalidad del país, cosa que a nuestro actual gobernante no parece importarle mucho.