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Todo el que viaja a Bogotá, si de verdad quiere llevarse una radiografía del simbolismo que resume, da un paseo por su parte central. Allí están la Casa de Nariño o palacio de gobierno, el Capitolio, el Palacio de Justicia, las iglesias más históricas, pero también sus principales museos. Simbolismo del poder. Al caminar con algo de sensibilidad, percibirá que allí también está localizado todo lo que niega el poder: la pobreza. la marginalidad, la informalidad.

Desde hace años bogotanos y turistas perciben como parte del centro está abandonado. Numerosas casas y edificios cayéndose. No es casual. Hay un Informe que así lo propició (Monitor, 1977), que ahora en su fase final se llama Plan Centro.

Por ese Plan y los intereses que resume, se facilitó el deterioro de esta parte de la ciudad. Por ese Plan y sus defensores, se propició la devaluación de cientos de edificios y el desplazamiento -interno- de miles de habitantes. A su amparo creció la marginalidad, luego denominada sin reparos «desechables».

Ese centro está hoy a la orden del día. Por televisión, radio y prensa escrita nos presentan casi a diario operativos de desalojo, planes de embellecimiento de su entorno, jornadas de recuperación del espacio público, etcétera.

El Plan que regula esta transformación, heredado por la actual administración sin crítica alguna, pretende «recuperarlo», haciendo de él un buen sitio para negociantes y turistas, pero un mal lugar para sus habitantes históricos.

Radiografía

El Centro de Bogotá está compuesto por tres localidades: Candelaria (es la zona histórica y sede de los gobiernos Distrital y Nacional), Santafé (que rodea a la anterior por todas partes y es su extensión natural) y Mártires. Se ubican en él la mayoría de las universidades con que cuenta el país, al punto de albergar 250.000 estudiantes diarios y un millón de comensales consetudinarios en sus restaurantes. Se calcula que en sus calles y plazas hacen presencia cotidiana 50.000 vendedores informales, estacionarios y ambulantes. Por sus calles transitan 35.000 personas dejando ver las más extremas condiciones de miseria, pobreza y sobrevivencia. Aunque su población permanente escasamente llega a 300.000, el centro de Bogotá es un polo de atracción diario de más de 2 millones de pobladores de la gran urbe.

Ciudad marketing

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El Plan Zonal del Centro tiene como marco legal el Plan de Ordenamiento Territorial (Ley 152 de 1994 y 388 de 1997) que exige fomentar la concertación mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. También como principios generales el uso equitativo del suelo y hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y servicios públicos domiciliarios. Esta lejos de ello.

Los sectores dirigentes de esta urbe emprenden la tarea de renovación urbana, creando la Empresa de Renovación Urbana ERU, responsable del proceso abierto de negociación entre inversores públicos y privados. Crean una ciudad para el mercado. Desplazan del corazón de la misma a todos los grupos sociales y comunidades que no caben en ese proyecto de ciudad marketing, atractiva para la inversión de capitales al mostrase competitiva, requisito para la globalización vía TLC.

Las directrices finales de este Plan se han puesto en marcha, es el caso de la ejecución de la Avenida de Los Comuneros, que generó procesos preocupantes como la llamada "cartuchización o chatarrización" del centro, iniciada en el barrio Santa Inés con la operación del Parque Tercer Milenio. Es inocultable el empobrecimiento crítico de su población (ya existente pero ahora potenciado) y las oleadas de emigrantes hacia zonas aledañas.

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Las afectaciones generadas por este proceso, se pueden resumir en:

1. Desplazamiento de habitantes.

2. Pésima negociación económica para propietarios.

3. Desestructuración del territorio.

Los comités

No es de extrañar, por tanto, que El Comité Interlocal del Plan Centro vea el proyecto presentado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital como una operación más preocupada por la rentabilidad del suelo y su productividad que por la protección de su hábitat, patrimonio humano, cultural, arquitectónico y urbanístico que integra y resume.

Por otra parte, el Comité Cívico Popular del Centro, impulsado por un encuentro realizado el 12 y 13 de marzo anterior, denuncia que los habitantes del sector no cuentan con información suficiente sobre el proyecto en marcha. Cosa contraria a los dueños del capital (Cámara de Comercio, Fedelonjas, corporaciones Universitarias, entre otros), que conocían desde 1997 el estudio Monitor.

Este Comité señala la pertinencia de una Mesa de Trabajo Interlocal, Distrital y Nacional. Una Mesa que aboque el diseño y construcción de un sistema de empleo e ingresos para los habitantes del sector, con dos mecanismos: un campamento integral y solidario en lugar de la exhibición de las miserias tipo "cartucho", y explorar las potencialidades productivas de los vendedores informales con el prospecto del fomento empresarial comunitario urbano y rural.

De actuar así, estarían al orden del día unidades productivas de recuperación en diversas materias primas, reparación y reuso de todo tipo de aparatos, manejo integral del vidrio, metal, fibra, plástico, papel, hasta verdes podas de separadores, parques y plazas de mercado.

Aunque existen diferencias entre el Comité Interlocal y el Comité Cívico Popular, ambos enfatizan en lo inconveniente que es el Plan Centro para la mayoría de la población de escasos recursos residentes en la zona. Reiteran la necesidad de respetar a las personas afectadas en sus derechos, independientemente de su grado de información, formación, organización e interlocución.

Espacio público prohibido para ‘ambulantes’

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Ante la presión legalista del personero Hermán Arias Gaviria, que defiende el espacio público y no los derechos humanos; y la debilidad organizativa de los sectores populares, el Alcalde Luis Eduardo Garzón optó por desplazar (1 de junio) a los trabajadores informales. Amparado en el cumplimiento de la obligación de la Corte Constitucional, la política diseñada por los anteriores gobiernos continúa.

El desalojo, que iguala a «Lucho» con Peñalosa y Mockus, se puso en marcha desde el 31 de mayo, cuando cerca de 1200 policías entre carabineros, antidisturbios, bachilleres y patrulleros ocupan, vigilan y operan las calles del centro de la capital. Su misión: evitar a cualquier costo la venta de ambulantes e informales en lo que han denominado «Plan Centro».

¿Qué significa el hecho de tener que desplegar la fuerza policial para cumplir una política? Tal vez que la medida es ilegítima. Y además que la concertación, como política, fracasó.

Ante el desalojo de los vendedores y la militarización del centro de Bogotá, la doble moral de la clase dominante y su cinismo pertinaz quedó una vez más confirmada. Obligan al gobierno Distrital a desalojar trabajadores y mercancías. Los negocios sólo pueden ser para ellos.

Por lo pronto la Alcaldía les ofrece a los ambulantes unas miseras condiciones de trabajo, encerradolos en «centros comerciales» alejados del peatón y subsidiándolos con un aporte diario de $ 7.500. Quien haya visitado sus nuevos sitios de trabajo sentirá la misma tristeza del ambulante ante la soledad de sus ventas y la comedia a la que le han sometido.

Amanecerá y veremos. Ya vendrán los kioscos y puntos de encuentro cerca al transmilenio explotados, eso sí, por el gran capital privado, tal como hoy percibimos paraderos y estaciones atiborradas de publicidad.