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La reforma agraria ha sido un anhelo siempre buscado y nunca concretado en Colombia. La Ley 200 de 1936 o Ley de tierras y la Ley 135 de 1961, reflejan los mayores intentos por hacerla realidad. El "Pacto de Chicoral" de diciembre de 1971 y enero de 1972, con la participación de la dirigencia conservadora y la derecha liberal, sintetiza el esfuerzo de los propietarios de la tierra y de sus aliados por impedir que ésta se concrete. Desde entonces y hasta nuestros días, la reforma agraria ha sido imposible. La eliminación a sangre y fuego de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y la desviación del interés nacional tras una "reforma agraria" con base en tierras incautadas a los narcotraficantes, evidencia que no hay interés en el alto gobierno por este tema.

Narcotierras

En los años 70s del siglo anterior se vivió el mayor empuje de los campesinos por hacer realidad la reforma agraria. Conscientes de que por vía institucional estaba impedida, se volcaron al campo sobre numerosas hectáreas ociosas e improductivas. Mientras miles de familias se hacinaban en pequeñas parcelas y padecían hambre, las vacas ocupaban parte de las mejores tierras del país o simplemente estaban enrastrojadas. Tras la consigna "La tierra pa’ el que la trabaja" múltiples tomas de tierra se sucedieron por todo el país. La Anuc lideraba este proceso. La región que más presenció este ejercicio del derecho campesino fue la Costa Atlántica, seguido de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y el viejo Caldas.

Desde medidos de los años 80s -sin interés oficial para que esto llegue a su fin- las cosas dieron un fuerte giro. Muchos de los campesinos asociados en las distintas vertientes de la Anuc, presionados a sangre y fuego, perseguidos, desplazados o asesinados, cedieron su iniciativa. Sus tierras empezaron a ser ocupadas por fuerzas narcotraficantes (sicarios) traducidas luego en ejércitos paramilitares. Las tierras aledañas también fueron adquiridas por estos mismos agentes, bien por medio de la fuerza o bien comprándolas. Regresaba el poder señorial.

Se iniciaba así la mayor concentración de tierras que haya conocido el país. En pocos años estos agentes lograron concentrar (según la Procuraduría) un millón de hectáreas, equivalente al 2.8% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables. Otros estudios (Ricardo Rocha, 2000) calculan que esta concentración alcanza hasta los 4.4 millones de hectáreas. No es casual que de la mano de esta propiedad se multiplique la pobreza en el campo, la misma que hoy alcanza, según la Procuraduría, al 69% de sus habitantes, con una indigencia que ya cubre al 28,3% de los mismos. Algunas otras investigaciones, como las del Banco Mundial, estiman esta pobreza en el 89% y la indigencia en el 68%. Según los estudiosos de esta realidad "...el problema es consistente con un agravamiento del desempleo en el campo y un aumento de la informalidad"

"Según estimativos del Incora, los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los propietarios (pequeños campesinos), sólo posee el 5,2% del área1. Los narcotraficantes realizaron operaciones de compra de tierras en 403 de 1.039 municipios, es decir, en el 38,8% del total. En algunos departamentos, en elevado porcentaje de sus municipios: Valle, 85,7%; Córdoba, 84,6%; Quindío, 75%; Risaralda, 71,4%; Antioquia, 70,9%; Magdalena, 66,6%; Guajira, 66,6%; Tolima, 63,0%; Caldas, 56%. En muchas ocasiones estas son las tierras más productivas del país. Como reflejo de lo anterior, el actual índice de concentración de la tierra, expresado a través del llamado índice de GINI, es de 0.85, uno de los más altos en América Latina.

A la par, los narcotraficantes adquirieron tierras en zonas de frontera agrícola, en las cuales se podían desarrollar cultivos ilícitos e instalar laboratorios para su procesamiento. "Había entonces un doble interés: de un lado el elemento rentístico, mediante la inversión en vastas regiones ganaderas, las cuales producían beneficios importantes; y de otro, el atractivo de algunas zonas estratégicas, aptas para el proceso de cultivo y procesamiento de la droga", precisa el estudio del ministerio público.

Con esta compra de predios rurales por parte de los narcotraficantes, se inicia una profunda transformación de las relaciones sociales, de los usos y costumbres en el campo. Por un lado estas nuevas fuerzas se asimilan con terratenientes tradicionales pasando como comerciantes o industriales del campo, por otro las inmensas masas de dinero que manejan les permite concentrar en sus manos las decisiones políticas municipales y las mejores tierras, dejando a su libre albedrío las pautas de inversión rural y parte importante de la autonomía alimentaria del país. Hecho que se agravó con el uso dado a las mismas mediante la ganadería extensiva, la implementación de macroproyectos (palma africana, caucho, frutales), relacionados con cadenas productivas que hacen del país un sólo punto dentro del proyecto de las multinacionales, en detrimento de los bosques y la agricultura nacional, y con graves consecuencias para la economía agrícola del nacional.

La vigencia de

la reforma agraria

La realidad habla por si sola: el poder terrateniente, de viejo y de nuevo cuño, muy poco contribuye al progreso y a la paz de nuestro país. Grandes y fértiles haciendas ociosas, dedicadas a la ganadería o a la nueva economía de enclave que ahora vemos con la palma africana o el caucho (sembrados por miles de hectáreas) no son la solución. Por ello, "volver al tema de la reforma agraria no es transnochado, es una necesidad". Así lo sentenció Luis Bernardo Flórez, Vice Contralor General de la República.

En el foro del 9 de junio, este funcionario también afirmó: "Lo que se requiere en forma prioritaria, en el tema de la tierra, es poner en marcha una Agenda Interna de desarrollo que propenda por la recuperación sostenible del agro, la redistribución de la propiedad rural y la generación de altos ingresos y empleo productivo para el campesinado".

Inmenso reto que se le recuerda al país y se le pone en sus escritorios a los parlamentarios. Pero mientras ellos debaten, es urgente que los campesinos e indígenas sientan la solidaridad del resto de colombianos. Acompañándolos directa o indirectamente en la ejecución de una integral reforma agraria que coloque al país frente al tema de la autonomía alimentaria, de la justicia con los salarios para los trabajadores agrícolas, de frenar la tragedia del desplazamiento y de poner en marcha una política dinámica de ordenamiento ambiental y regional para tratar los frágiles ecosistemas tropicales, sobre todo en la zona andina y al interior de la frontera agrícola, que impida su devastación por medio de fumigaciones áreas o del sembrado masivo de coca y amapola, así como el vertimiento de químicos sobre ríos y quebradas.

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1 PNUD - DNE. Drogas Ilícitas en Colombia, 1997.