Se reproduce a continuación la noticia aparecida en un importante diario chileno. Todo parece muy interesante y es de subrayar que los ministros de Economía de los países involucrados ya dan por hecho lo que ha venido en llamarse con pompa grandilocuente: “anillo energético”.

Ciertamente, nadie recuerda, los ardorosos debates que este compromiso generó en el Congreso del Perú. ¿O será que ya ni siquiera la muy devaluada e impopular opinión del Parlamento interesa a los regaladores sempiternos de lo que no es suyo y a nivel continental? ¡Los ministros de Economía y primeros ministros, son cosa seria! ¡O peor aún! ¿Se dieron alguna vez cuenta de este fenómeno, los legiferantes?

¡Cuidado, que la integración puede estar recorriendo un camino inverso a su destino popular y antimperialista para trocar en un sindicato de transnacionales, en una santa alianza de poderosos y en una cosa nostra de capos empresariales con jueces y tribunales ad hoc, TLCs al por mayor y fuerzas de represión dispuestas a meter palo, bala y lacrimógena si a alguien se le ocurre protestar! ¡Dios nos coja confesados!


Anillo energético superará los US$ 3.000 millones de inversión Diario Financiero, Santiago, Chile, 25-8-2005

El ministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez, definió los objetivos que deben conseguir los países integrantes del anillo energético del Conosur para “convencer a las empresas que inviertan más de US$ 3.000 millones”. Esta cifra supera las estimaciones iniciales de inversión previstas para la construcción del Gasoducto del Sur, que consideraban los US$ 2.500 millones.

Por esta razón, el secretario de Estado recalcó la importancia de trabajar en la elaboración de un marco jurídico que genere confianza entre los privados. “Queremos generar confianza y dar garantías jurídicas para que el sector privado crea conveniente hacer una inversión que no recuperará en 30 años”, dijo Rodríguez a agencia EFE, tras participar el martes de un seminario sobre la integración energética regional y el denominado Gasoducto del Sur, realizado en Montevideo, Uruguay.

Objetivos

Para lograr la confianza privada, señaló que el marco jurídico debía cumplir con al menos cinco objetivos prioritarios: El primero, “conseguir que el acuerdo se constituya en ley nacional”. El segundo, conseguir que “los permisos de exportación sean respetados sin excepción” por todos los países integrantes del anillo: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y eventualmente, Bolivia. Agregó que también se debe velar porque “se impida el uso del gas por parte del país que está sirviendo de puente para que el hidrocarburo llegue a su destino final”.

Un cuarto objetivo por cumplir es la definición de un mecanismo que resuelva los pagos en caso de que el gas no pueda salir del país productor por causa fortuita. Y finalmente, “establecer un sistema de controversias ágil y eficiente. Este es un tema fundamental”, aseguró.

El ministro Rodríguez puntualizó que hay consenso entre todos los países de que esos temas hay que abordarlos.