Catorce años después...

El dolor todavía acompaña cada amanecer. El recuerdo camina con cada uno de los Comuneros del cabildo Huellas. En las palabras de jóvenes y adultos sobresalen sus raíces, su sentido histórico: “en 1991 masacraron a 20 de los nuestros...”, “mi papá se enfrentó al terrateniente para poder sembrar en estas tierras”, “Quintín Lame nos marcó el camino”. La memoria no se borra.

Eran 200 indígenas, o un poco menos, cuando el viernes 2 de septiembre, con las primeras luces del día, sus pasos se adentraron en la hacienda La Emperatriz. El primer notificado fue el mayordomo, a quien se le comentó del sentido de la acción: “Estamos haciendo cumplir los acuerdos del Nilo, de hace 14 años, en los cuales el gobierno se comprometió a entregarnos más de 15.000 hectáreas de tierra” precisa un miembro de la comunidad.

La fuerza pública, policía y ejército, no tardó en llegar, a las 7 de la noche se escucharon las primeras explosiones de gases, el rugir del motor del carro antimotines, tiros de armas de fuego: “...nos trataron de rodear, avanzaban dando golpes, insultando, disparando sus gases contra nuestros cuerpos...” manifestó un indígena.

El segundo día, la solidaridad empezó a llegar de muchos cabildos: Jambaló, Tacuelló, San Francisco, Toribío y también de los cabildos urbanos de Santander de Quilichao, Canoas, Caldono, Cerro Tijeras, Corinto, Miranda. Todos respondían a la decisión tomada en el Congreso Itinerante de hacer la reforma agraria por vía directa.

A la tercera noche, el enfrentamiento fue más duro, otro indígena nos comenta: “Esperaron que oscureciera, y protegidos en las sombras nos dispararon con todo, nos querían matar”. Sobre el terreno estaba toda una comunidad convencida de su acción, con palos y piedras se batieron hasta en una maniobra rodear a la policía. “Esa noche detuvimos 14 de ellos, de los nuestros agarraron cuatro”.

El cinco de septiembre se hizo el intercambio de prisioneros, aprovechando la ocasión para acordar una tregua, la misma que duró dos días.

“Aprovechamos esos dos días para presentar informes a la comunidad, para desarrollar ejercicios educativos, para reponer las fuerzas y para abordar reuniones en otras regiones. Ya la comunidad había vivido en carne propia, y podía imaginar la decisión de la fuerza pública, entonces muchos de ellos se dieron a la tarea de hacer escudos artesanales, caucheras, ondas y alistar palos”. En el terreno ya había no menos de 2000 pobladores.

Como siempre, y ante la demanda de establecer diálogos, el Gobierno nacional de manera arrogante, enfatizó: “con presiones no hablamos: retírense del predio y empezamos a conversar”. Con el gobernador no se podía contar, no sólo por ser un furibundo uribista sino por su estirpe terrateniente que le hace imposible aceptar ninguna redistribución de la tierra. Pese a esto, el .... el viceministro de Gobierno se reunió con los delegados de la comunidad en la sede de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) en Santander de Quilichao. Un aspecto por destacar es que la delegación indígena no llevaba poder decisorio, sólo exponía y escuchaba, el poder quedaba en la asamblea de toda la comunidad. Así, con el poder restituido a la base, había que consultar, proponer, votar.

Las conclusiones sacadas por la comunidad de esta reunión y de la violencia de las tropas fue fundamental: “aquí no hay más camino que seguir para adelante”. El 8 de septiembre se distribuyó el personal que estaba en la hacienda La Emperatriz, 600 se fueron a recuperar la hacienda El Guayabal y el resto se mantuvo en su puesto. El aire de triunfo se respiraba por todas partes.

El Gobierno no se quedó atrás, con toda la decisión que le caracteriza para desconocer los derechos de los negados de siempre, ordenó atacar con toda fuerza, desalojar los terrenos recuperados. Era una decisión para no dialogar. Pero sus cálculos no fueron acertados. Esa noche –9 de septiembre- sus tropas arremetieron con todo: dos carros antimotines, cientos de miembros de los Esmad (Escuadrón móvil antidisturbios), policía de civil que en medio de la confrontación trataba de confundir a los indígenas, disparos de decenas de bombas de gas, tiros de fusil... Iniciado su operativo a las 7 p.m., y tras cinco horas no llegaba a su fin. Era un ataque simultáneo, pues también atacaban en El Guayabal.

La confusión era inmensa, los heridos se multiplicaban sin pausa. En el centro de atención médica instalado en el resguardo se diagnosticaban y brindaban los primeros auxilios a los heridos leves, el resto era trasladado al hospital de Caloto, e incluso a los de Cali y Popayán. A estos fueron llevados: tres heridos por bala de fusil, el gobernador del cabildo de Huellas y un comunero con sus cabezas totalmente reventadas con riesgo de intervención del cráneo y un niño que perdió un ojo.

Fueron más de cien heridos, algunos con su cuerpo lleno de esquirlas, otros con tiros de gases sobre sus contexturas, algunos intoxicados. ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Se puede manejar un reclamo histórico, la acción democrática de una comunidad, como si fuera una guerra? Sólo silencio. Ni la Defensoría del Pueblo ni ningún organismo público ha abierto causa por esta barbarie.

Lo que salvó a los cientos de luchadores paeces de una masacre, fue la detención del Capitán de la policía Sandro Garzón. Una vez corrió la voz de que estaba bajo poder de la guardia indígena, sus unidades se retiraron.

Al día siguiente, 10 de septiembre, en una reunión se acordó la entrega de este oficial. Precedido de reuniones con delegados del Alto Gobierno, de ofertas de diálogo, de intervenciones de la Iglesia, Naciones Unidas y otras organizaciones, a la 1 p.m. se hizo lectura de una Resolución del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) y se entregó al Capitán, no sin demandar previamente –y verificar- el fin de los ataques sobre los comuneros que habían recuperado la hacienda El Guayabal.

Poder indígena

El acto fue simbólico, pero muy significante. Sobre un descampado de la hacienda La Emperatriz se reunieron los cientos de indígenas que defendían su derecho histórico.

Alrededor estaban las tropas del Esmad. Formando un círculo se congregaron los delegados internacionales y algunos testigos, poco a poco se fueron amontonando escudos, cascos, garrotes de la policía, el uniforme del oficial, cientos de casquillos de gases y armas de fuego. Una vez se leyó la Resolución del Cric se procedió a incinerar todo el material de guerra con el cual el actual gobierno intentó doblegar el espíritu de libertad y justicia de esta comunidad.

Mientras esto sucedía, decenas de sus miembros se desplegaban por distintos sitios del departamento, verificando el estado de salud de sus compañeros, intercambiando opiniones con asesores, demandando la excarcelación de los que habían sido judicializados, conversando con delegados del Alto Gobierno.

A las 3 de la tarde se reunieron con el Comandante General de la Policía, con el cual se precisó una nueva tregua, y horas más tarde de nuevo se dialogó con el Viceministro de Gobierno.

Las demandas empezaban a ser oídas. La decisión de la comunidad era inconfundible e insobornable. Con algunos avances se dejó para el día siguiente el diálogo. El 13 de septiembre, con el conocimiento de la capacidad de dilación e incumplimiento del Estado, pero confiados en las ventajas que tiene contar con una verificación de personajes internacionales como el Juez Baltasar Garzón, Gianni Morelli de las Naciones Unidas, y personalidades nacionales como Monseñor Darío Echeverry, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, se aceptó firmar un nuevo Acuerdo. Su fuerza radica, además, en su aplicación inmediata. Después de catorce años de dilación, y tras 12 días de intensa lucha «Liberar la Madre Tierra», legitimar la acción directa por la tierra, ganar la voluntad nacional por una real reforma agraria que ponga fin al histórico problema agrario que sobrelleva el país, se abren espacio. Una derrota para la arrogancia gubernamental. Un aire de avance para el movimiento social.

Apartes del Acuerdo:

–  Cumplimiento de los acuerdos del Nilo (1991), y de lo establecido en el Decreto 982/98 (emergencia social para los indígenas, con inversiones especiales en salud, educación y otras áreas sociales).
–  Avanzar, desde ahora y hasta diciembre, en estudios socio-económicos de tierras, en los municipios de Miranda, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Jambaló, para la consecución de los predios determinados en los Acuerdos hasta ahora incumplidos.
–  Designación de un rubro en el presupuesto nacional 2006 por 10 mil millones de pesos, e igual cantidad para el presupuesto de la vigencia 2007, para la adquisición de las tierras.

Apartes del Manifiesto Indígena

Comunidades Indígenas del Cauca

«Los Nasas seguimos caminando la palabra que proclamamos en el Mandato del Congreso Indígena y Popular para que La Madre Tierra y sus pueblos recuperamos la Libertad»
Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias.

Nuestra razón

Hay un propósito que orienta nuestra lucha. Somos del Cauca y desde el Cauca somos de la vida y para ella. Estas palabras explican y reclaman, por eso hay que leerlas desde el corazón y compartir la rabia, el dolor, el amor por la vida y el compromiso. Sabemos que del afán de explotar la vida y extraer riquezas para acumular capital sin límite ni descanso surgen estructuras y relaciones de las sociedades en que vivimos, que se impusieron sobre estas tierras y contra nuestros pueblos desde la llegada de los conquistadores. Las estructuras sociales, gobiernos, leyes e instituciones existen para garantizar la protección y beneficio individual y corporativo que facilita y promueve la acumulación sin límites.
Los pueblos indígenas sabemos, desde una memoria más profunda, desde nuestras historias más antiguas, y sobre todo desde el dolor, el maltrato e incomprensión, que la historia, con la conquista y la acumulación del capital, es un proyecto de muerte que terminará por destruir la naturaleza toda, incluida la vida de los seres humanos.
Nuestra madre, la de todos los seres vivos, según la ley que se impone, está sometida, tiene dueños, es propiedad privada. Le quitaron la libertad de engendrar vida, de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Pero nosotros, indígenas, o sea, hijos de la tierra, decimos: nuestra madre no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, respetan y viven con ella. Mientras no sea así tampoco somos libres.
Desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y la vida, luchamos, recuperamos y transformamos el derecho de propiedad para que sea colectivo y convocamos las conciencias a caminar palabras de libertad.

La situación del Pueblo Nasa en el Cauca

Las comunidades indígenas Nasa (Páez) que habitan la zona norte del departamento del Cauca, ascienden a 110 mil pobladores asentados en un territorio de 193.370 hectáreas, con una topografía bastante quebrada por encontrarse en las estribaciones de la cordillera central y frente a la cordillera occidental.
En tiempos pasados habitamos el territorio del Valle del Cauca pero la colonización española y criolla nos obligó a huir. Sin embargo, el despojo más sensible se produjo durante la denominada época de la violencia (1948), pues se nos usurpó nuestra tierra y tuvimos que huir a territorios menos fértiles, con graves problemas de productividad y acceso.

De las tierras que habitamos:
–  82% son de vocación forestal
–  18% constituyen zonas de páramos. Su inclinación supera el 35%, mientras que la altitud va desde los 1200 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar.
–  Nuestro territorio es una inmensa fuente de agua, con 26.200 nacimientos provenientes de 123 lagunas naturales.
–  Sólo el 12% del total de los territorios de los Resguardos es apto para la producción pecuaria y de alimentos, sin tener a dónde ampliar la frontera agrícola debido a que son zonas de conservación para la producción de agua.

Con el agua que hemos conservado a través del tiempo, se produce el 30% del azúcar que exporta el país, beneficios que solamente reciben los propietarios de los ingenios azucareros de la zona. También se mantiene el 90% de las industrias del Valle y del Cauca, al tiempo que se surten 217 acueductos veredales, ínter-veredales y regionales. También se alimenta la represa hidroeléctrica de la Salvajina, sustento del desarrollo regional, lo mismo que el río Cauca, con toda la importancia que esta arteria fluvial tiene para el país.
Nuestra situación de pobreza es tal que el 56% de los niños padecen hambre y desnutrición constante. De las 25.000 familias que ocupan nuestro territorio, más de 6.000 no tienen tierras para producir y garantizar sus alimentos.
A las tierras poco aptas para la producción de alimentos, se suma la situación de guerra e inseguridad permanente que vivimos, agravada sensiblemente con la implementación del Plan Colombia, el Plan Patriota y la política de seguridad democrática del actual gobierno. No solamente sufrimos las consecuencias de la guerra, sino que los gobiernos nacional y departamental, y también las cúpulas y altos mandos militares nos victimiza, señala y estigmatiza. Esta situación nos coloca en alto riesgo y cuando se da una confrontación armada, nos vemos obligados a abandonar nuestras parcelas y cultivos pasando largos períodos sin alimentos.

Nos ombligamos con la tierra

La solución a los grandes problemas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, tiene nombre de reforma agraria, pues de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República: “La Reforma Agraria en el país, después de 42 años de su gestión, no cumplió con el propósito de redistribución de la tierra, pues ha sido de tipo marginal, dado su mayor énfasis sobre la colonización de territorios baldíos en la periferia y sólo ha beneficiado el 11.0% de las familias potenciales estimadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola-CIDA a principios de los años 60, calculadas en 961.000”.
Lo más terrible es que sin haberse hecho reforma agraria, lo que sí se logró en los últimos años fue una contrarreforma agraria. Lo que realmente existe, es una mayor concentración de la propiedad de la tierra, a través de la violencia y del lavado de activos producto del narcotráfico.

Nuestras razones de vida

Hemos caminado por muchos años y seguimos caminando, pero también caminando la palabra con la que hemos hecho acuerdos que se nos han incumplido. Hemos elevado exigencias para que se nos respeten los derechos, para que los gobiernos cumplan sus deberes, pero se han mostrado insolentes, cínicos y prepotentes. Hemos soportado muchas injusticias y las seguimos sufriendo, pero ya estamos cansados. Nuestros cuerpos, espíritus y deidades nos exigen otras acciones. Nuestra descendencia aguarda la realización de acciones que honren la palabra y los compromisos incumplidos. Por ello, aquí estamos, en esta cita con la historia para realizar nuestro destino, para abrazar a nuestra madre tierra, pues para defenderla, nos sobran razones:

1) Porque somos parte de la tierra, a ella le pertenecemos y debemos nuestra existencia, y antes que colombianos, somos originarios de estos territorios y esa es nuestra razón de ser y existir.
2) Porque somos los cuidadores y protectores de las lagunas, páramos, ríos bosques, biodiversidad y demás recursos necesarios para la vida de los pueblos, en esta generación y para el futuro.
3) Porque vivimos y guardamos la memoria de los 20 hermanos masacrados el 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo.
4) Porque los gobiernos han incumplido reiteradamente los acuerdos firmados con los pueblos indígenas y campesinos.
5) Porque en Colombia nunca ha existido una reforma agraria para indígenas y campesinos.
6) Porque la tierra sigue en extremo concentrada en unos pocos privilegiados a costa de la miseria y padecimiento de las grandes mayorías.
7) Porque nuestras tierras son erosionadas, de vocación forestal y depósitos de agua, fuente de vida para los pueblos y recurso vital para la agroindustria del Cauca y Valle.
8) Porque necesitamos tierras aptas para mejorar nuestra economía, garantizar nuestra existencia y crear mercados solidarios que conduzcan a la soberanía alimentaria y a la superación de la violencia que soportan nuestros pueblos.
9) Porque la vida, la historia y nuestra gente, reclaman nuestro concurso en la recuperación de lo que es nuestro, de lo propio y de lo que se nos ha despojado.

Finalmente, queremos invitar a todos nuestros hermanos que han sido desplazados para que vuelvan a sus tierras, ya es hora de regresar. Pero también al pueblo colombiano en general, a luchar por la realización efectiva de la reforma agraria, si es que aspiramos algún día, dejar a las próximas generaciones un país más justo, incluyente y equitativo.

Nuestros hermanos muertos

El 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo, ubicada en el Resguardo de Huellas Caloto, fueron masacrados, por parte de narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública, 20 indígenas entre adultos, jóvenes y niños. Este caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y a modo de reparación, se comprometió a entregar 15.663 hectáreas de tierra plana en tres años (1992 a 1994), que debían ser adjudicadas a nueve parcialidades de las comunidades indígenas del Norte del Cauca. A la fecha y después de 14 años, apenas se ha adjudicado el 50% pero en zona de ladera y con una erosión severa que requiere para la recuperación del suelo, una inversión de por lo menos $ 4’500.000 por hectárea.
Se cuentan también otras masacres y desplazamientos como la ocurrida en la región del Naya en abril de 2001, donde los paramilitares asesinaron a más de 100 personas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, al tiempo que desplazaron a más de mil pobladores. La masacre de 13 personas entre indígenas y campesinos en el 2001 en Gualanday, municipio de Corinto, Cauca y la masacre ocurrida en los Uvos. De igual modo, las tomas de pueblos y la reciente escalada del conflicto armado en los municipios de Toribio, Jámbalo y Caldono en el nororiente del Cauca, ha dado paso a las detenciones masivas y las judicializaciones sin prueba alguna, hechos que se han presentado en distintas regiones del país como San José de Apartadó, Putumayo y Caquetá, entre otras.