El informe de la ONU sobre el asesinato de Rafic Hariri echa leña al fuego alimentado por George W. Bush, que exige un «cambio de régimen» en Damasco. La investigación, sin embargo, adolece de numerosas lagunas.
El informe concluye que la bomba que costó la vida a Hariri y a otras 22 personas, probablemente situada en una camioneta Mitsubishi, fue detonada por un kamikaze. Mientras sigue siendo desconocida la identidad del conductor, un equipo de expertos japoneses identificó con precisión el vehículo. Podría parecer entonces que la lista de los sucesivos propietarios de la camioneta fuese un elemento crucial para identificar a los asesinos. En este punto esencial, sin embargo, la investigación de la ONU ha avanzado poco, dedicando sólo algunos párrafos a la forma en que dicha camioneta fue hallada en Beirut.
Para apoyar las inciertas conclusiones que acusan a Siria, la investigación de la ONU se basa también en declaraciones de testigos de dudosa credibilidad que ponen en tela de juicio a responsables sirios a cargo de la seguridad a pesar del hecho de que sus testimonios son en parte contradictorios. Por ejemplo, los dos denominados testigos no estaban de acuerdo sobre lo ocurrido al joven militante islamista libanés, Ahmad Abou Adass, que había reivindicado la responsabilidad del atentado-suicida en un video difundido por la cadena de televisión Al Jazeera. Pero Mehlis se basa en esos denominados testigos para restar credibilidad al video, afirmando que éste forma parte de una campaña de desinformación destinada a desviar las sospechas que pesan sobre Siria.
Uno de los testigos –que el informe describe como «de origen sirio, pero que reside en el Líbano y pretende haber trabajado para los servicios de información sirios en el Líbano» expresó que Abu Asass, que «no había desempeñado papel alguno en el asesinato y que sólo había servido para desviar la atención», había sido detenido «en Siria, donde se le había obligado, apuntado con un arma de fuego, a grabar el video» antes de matarlo. Otro denominado testigo, Zuhir Ibn Mohamed Said Saddik, pretende haber visto a Abu Adass en un campo en Zabadani, Siria, donde, expresa él, la camioneta Mitsubishi había sido cargada de explosivos; Saddik dice que Abu Asass tuvo la intención de cometer el asesinato, que después cambió de opinión y que fue enseguida eliminado por sirios que colocaron su cadáver en el vehículo cargado con los explosivos.
Uno de los problemas que plantean tales «testigos» es que no gozan de credibilidad por un montón de razones, incluida la posibilidad de que puedan ser sobornados o tal vez obligados a hacer declaraciones falsas con la finalidad de obtener resultados convenientes para políticos o para países poderosos. Los Estados Unidos –y el New York Times– aprendieron esa lección durante el periodo anterior a la guerra en Irak, cuando grupos de exiliados iraquíes organizaron encuentros entre algunos llamados testigos, por un lado, y periodistas estadounidenses, por otro, dándoles informaciones sobre las armas de destrucción masiva iraquíes. Se comprobó que tales afirmaciones habían sido una total patraña. Ya se plantean preguntas similares con respecto a Saddik, testigo clave en el caso Hariri.
El riesgo de que los investigadores acepten declaraciones dudosas provenientes de fuentes poco confiables es enorme, ya que los alegatos afectan a países cuyos dirigentes son mal vistos –como ocurrió en el caso de Irak y como ocurre ahora con Siria. Como la mayoría de la gente está ya dispuesta a creer lo peor, pocos investigadores o periodistas se atreven a poner en peligro su reputación o su carrera exigiendo la presentación de pruebas contundentes. Resulta más cómodo dejarse llevar por la corriente general. En el caso Hariri, el jefe de la comisión investigadora, Detlev Mehlis, un magistrado alemán, se vio sometido a fuertes presiones internacionales que algunos observadores compararon con las que había sufrido Hans Blix al inicio del año 2003.

Fuente
Consortium News (États-Unis)

«The Dangerously Incomplete Hariri Report», por Robert Parry , Consortium News, 23 de octubre de 2005.