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Cuando feneció la dictadura militar de la década de los 70, legó al Ecuador un régimen político a su imagen y semejanza, un sistema “dictatorial” dominado por la partidocracia. De ésta forma se garantizó el cuidado de sus espaldas. Hasta la fecha, 26 años después, ninguno de los dictadores han rendido cuentas de su gestión.

Ahí están procesos que hipotecaron el país como el injustificado incremento de la deuda externa en 10 veces, producido entre 1972 y 1979 entre otras perlas, como las violaciones de derechos humanos en las que se incluye no solo la persecución y muerte de sus opositores políticos, sino además la mayor masacre ejecutada después del 15 de noviembre de 1922, el asesinato deliberado de los trabajadores de Aztra. Asuntos estos que han lesionado a la nación y a generaciones enteras.

La impunidad de la corrupción dictatorial, sin embargo, no fue el único objetivo de la institucionalización de la partidocracia, ni el más relevante.

Tal vez fue el premio que recibieron los dictadores por la ejecución de un crimen mayor, el establecimiento de un sistema político que usurpó los derechos políticos del pueblo, transfiriéndolos a un sistema de partidos y elecciones, en el cual los jefes de los partidos se han asumido así mismos, como los dueños de la política, los propietarios privados del poder, quienes en nombre del pueblo y a sus espaldas, pueden cometer en la impunidad todo tipo de crímenes en contra de la nación.

Ese régimen huele hoy a cadáver. Nadie cree en los dioses de la partidocracia. Más del 90% de la población de los más diversos estratos y clases sociales, detestan a los partidos y a sus líderes. Los identifican como los autores, cómplices y encubridores del desastre en el que se debate el país en los más distintos órdenes. Desastre que cobra la forma del drama amargo de los emigrantes, el crecimiento de la estela de pobreza, el fraude de la deuda externa, la mutilación territorial, el saqueo del salvataje a los banqueros, la cesión de la soberanía nacional al Comando Sur de Estados Unidos en Manta, el financiamiento solapado del Plan Colombia con la movilización de miles de soldados a la frontera, la actual pretensión servil de renunciar a las 200 millas de mar territorial, la degradación moral y ética de la sociedad, expuesta hoy con cinismo en el caso del notario de Machala, que acusa a más de 30.000 personas muchas de ellas miembros de la fuerza pública, por el delito de usura, relacionado con el narcolavado y en consecuencia con el narcotráfico. ¡Que espectáculo, digno del mismo infierno, nos ha tocado vivir en las fauces del fracaso del neoliberalismo!

Por ello, precisamente la insurrección del 20 y 21 de enero del 2000 se pronunció por deponer al Presidente Mahuad, y por el cese de los poderes legislativo y judicial. Por ello precisamente, el 20 de abril pasado, Gutiérrez huyó del gobierno bajo un grito de guerra que no solo apuntaba contra él: “fuera todos”. Ese “fuera de todos”, incluye no solo a León, Borja y Bucaram, a Noboa y Dahik, sino a todos, incluidos quienes han sido la comparsa de izquierda del hundimiento de la Patria.

Hoy la escena esta al descubierto y nadie puede ocultar nada tras bastidores. Esconder el rostro purulento de la alianza del partido socialcristiano y la izquierda democrática, es como tapar el sol con un dedo. Acaban de dar un golpe de estado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para entregar su control a un abogado de Febres Cordero, pretendiendo asegurarse de ésta forma que sus poderes permanezcan intocados, ante la demanda del pueblo de una Asamblea Constituyente, propuesta y repropuesta en forma vacilante e inconsecuente por el Presidente Palacio.

La reorganización del TSE, tiene además el propósito de garantizar al dueño del país, el rector de la alianza PSC-ID y en consecuencia de la partidocracia en su conjunto, el control de las elecciones presidenciales y legislativas del 2006, una suerte de fraude anticipado.

Este hecho que hiere la dignidad nacional, puede ser la gota que derrame el vaso. El blanco real de estos ataques no es el gobierno transitorio, vacilante y frágil de Palacio sino todo el pueblo ecuatoriano. Basta de tanto crimen en contra del pueblo. Basta de tanto crimen en contra de la nación.

El dueño del país y los demiurgos del poder, han olvidado que el pueblo es el soberano, no ellos. Se han puesto frente a frente al juicio de la historia. Es hora de que todos los ecuatorianos que amamos a nuestro país, que queremos construir un presente y un futuro para nuestros hijos y para todos y todas, pongamos punto final a ésta cínica comedia trágica.

La arrogancia con la que comete sus abusos el Congreso dominado por la partidocracia, combinada con la declaración de impotencia del Presidente Palacio, expresan la total separación de quienes ejercen el poder con su fuente originaria, el pueblo. El pueblo no quiere derramamientos de sangre. Quiere democracia, lo que significa poner punto final a la dictadura de la partidocracia. Quiere que el principio constitucional que señala que “la soberanía radica en el pueblo”, sea plenamente ejercido. Y sabe que si ese principio no es establecido, deberá recurrir a la insurrección.

Es menester reformar el régimen político, ésta no es una cuestión que puede estar a expensas de la voluntad del PSC o de la ID y sus acólitos, es un imperativo histórico. Esto significa derogar la ley de partidos y elecciones que consagra la dictadura de la partidocracia e instituir una ley de derechos políticos que establezca el ejercicio de la política por el pueblo, sin conflictos de intereses, ventajismos, exclusiones ni odiosas discriminaciones, como las que han gobernado los últimos 26 años de seudo-democracia. Para hacerlo hay un solo camino: la voluntad popular y su invencible movilización sistemática.

Esta puede expresarse de dos formas, mediante una Consulta Popular, por iniciativa ciudadana con el soporte de las firmas que la Constitución impone, para que el pueblo se pronuncie formalmente por la derogatoria de la ley de partidos y elecciones, y la expedición de la ley de derechos políticos del pueblo, que la sustituya, dirigida a establecer la libertad electoral, el derecho de todos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones, el cese del actual Tribunal Electoral rehén de la partidocracia y todos los elementos necesarios para garantizar la legitimidad y legalidad de las elecciones del 2006.

El otro camino, es la insurrección popular, sendero en el que nuestro pueblo ha ganado amplia experiencia en los últimos 10 años, cuando ha depuesto a tres gobiernos en valientes y pacíficos levantamientos que han despertado el interés mundial, una insurrección que barra de una vez por todas el régimen infame de 26 años de partidocracia responsable de la destrucción en la que se debate la nación en su conjunto e inicie las radicales trasformaciones que la sobrevivencia de la Patria, la superación de la opresión de la nación, la explotación social, la reconstrucción del aparato productivo y el supremo bienestar del pueblo exigen.

Anexo:

Texto correspondiente del Manifiesto a la Nación, del Encuentro por la Patria y la Humanidad realizado por la Alianza Tercera República el pasado 24 de mayo del 2005 en el Museo Manuela Sáenz.

INSTITUIR LA DEMOCRACIA: CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA POLITICA

Demandamos la Convocatoria a una Consulta Popular para que el pueblo se pronuncie sobre la petición de millones de ciudadanos y ciudadanas por la derogatoria de las leyes de partidos y elecciones, mediante las cuales se usurpó el ejercicio de los derechos políticos al pueblo, para transferirlos a su monopolio por la partidocracia y sus dueños.

Demandamos que, se someta al pronunciamiento soberano para su expedición, la “Ley de Derechos Políticos del Pueblo”, que establezca la libertad electoral, bajo el principio de que todo ciudadano o ciudadana tienen el derecho de elegir y ser elegidos, de terciar en procesos electorales sin discriminación de ninguna naturaleza y, en plena igualdad de condiciones para inscribir sus candidaturas, y para promover sus ideas políticas en los medios de comunicación.

Todos los candidatos patrocinados o no por un partido político, deben reunir los mismos requisitos para la inscripción de sus candidaturas, sin organice los procesos electorales, los padrones, las mesas, la votación, los escrutinios, que cree la más estrecha relación entre elector y elegido y garantice al elector su derecho a la revocatoria del mandato del elegido. Debe establecerse una plena libertad para la formación de organismos, movimientos y partidos políticos, como órganos ideológicos de las distintas tendencias de la sociedad, pero sin menoscabar los derechos políticos individuales y colectivos del pueblo, ni otorgarles el monopolio de la política y el poder.

Debe instituirse una auténtica justicia electoral, que elimine las asignaciones de recursos económicos a los partidos políticos, que garantice la igualdad de condiciones en las campañas electorales, la transparencia y pulcritud de los procesos eleccionarios y sus resultados, que facilite el derecho de todo ciudadano a examinar todos los votos, que sancione severamente el fraude como un delito criminal contra la sociedad, y que garantice los derechos de las minorías.

Deben separarse las funciones de la justicia electoral que debe asumir las competencias del reconocimiento de derechos, inscripción de organizaciones políticas, de candidatos y listas, proclamación de resultados y resolución de conflictos y las funciones inherentes a un Consejo Electoral que organice los procesos electorales, los padrones, las mesas, la votación, los escrutinios. El Tribunal y el Consejo electorales, deben ser los dos órganos del Poder Electoral, independiente de los poderes del Estado, de los partidos políticos y de los ciudadanos que participen en las contiendas, capaz de arbitrar libres de todo conflicto de intereses, las diferencias entre los diversos actores.

Sólo sobre la democratización del régimen político basado en la participación genuina del pueblo, adquiere pleno sentido y valor la consulta para convocar una Asamblea Constituyente, capaz de expresar los genuinos anhelos del pueblo y de fundar la Tercera República, cuya demanda crece en todo el país como el único camino democrático para superar la crisis actual.

Consideramos que ésta Consulta, debe incluir el pronunciamiento sobre el Tratado de Libre Comercio, pues las negociaciones del mismo no pueden continuar de espaldas a la voluntad popular.

Consideramos a la Consulta Popular como una forma democrática genuina de expresión soberana del pueblo, y como tal, exigimos la plena vigencia de sus resultados.