No es un misterio que hay ciertas tentaciones, de ser confirmadas por los hechos y las torpezas mayúsculas, de cerrar el Congreso. La pregunta directa es ¿está haciendo algo el Parlamento para contrarrestar semejantes vientos que podrían contar, como en 1992, de un enorme respaldo popular? Pruebas al canto.

El acuerdo económico firmado hace pocos días con Chile, según dice la resolución del Ejecutivo, sustituye o reemplaza a lo autorizado y refrendado por el Congreso en 1998 con el mismo país. En buena cuenta ¿cómo ahora se pretende pasar por alto la necesaria resolución legislativa que sí tuvo el convenio que se sustituye en el 2006? Bueno es subrayarlo: ¡el Parlamento no ha dicho esta boca es mía! ¡Es más, todo indica que esta circunstancia no le va ni le viene! Una indiferencia más o menos suicida.

Un alto ejecutivo del empresariado agrario chileno anunció que sólo esperan la ratificación por su Congreso, del Tratado de Libre Comercio con el nuestro, para proseguir en la compra masiva de tierras en el norte y en el sur. Allá se le llama por su nombre propio: tratado de libre comercio, por nuestros pagos, se le denomina de otro modo para que el Parlamento no lo discuta, como que no lo ha visto o debatido.

Muy bien, se plantea una circunstancia que atrofiaría per se el TLC así lo haya autorizado el Ejecutivo y lo hubiese eventualmente aprobado el Congreso chileno: ¡faltaría el equivalente peruano para su absoluta e inconcusa validez! ¡Es decir, si el Parlamento nacional no lo autoriza, Chile puede alegar semejante situación para que no funcione, aunque esto no esté de acuerdo absolutamente con sus intereses! Pero la debilidad intrínseca del tratado sería obvia y los responsables pasibles de ser acusados constitucionalmente.

Otra vez el cuestionamiento va enderezado hacia el Congreso: ¿por causa de qué no ha otorgado, vía resolución legislativa, validez a un tratado del que se han hablado tantas y tantas bondades? ¿Quién sería el culpable, en cualquier caso y podría ser tachado de ineficiente, lento, no moderno y encima caro para el pueblo peruano?: el Congreso. ¡Así de simple!

Entonces ¿el Parlamento deniega su fuero fiscalizador y constitucional de ser parte del correcto ordenamiento jurídico del país y su manejo con el resto del mundo? El Poder Legislativo no debe, salvo traición a sus principios, abdicar de su papel que no puede, en ningún caso, ser mera formalidad o simbólica presencia porque posee un mandato popular inocultable al que se estaría renunciando de manera desdorosa y cobarde.

Y si hay alguien a quien se le vuelva a ocurrir la peregrina idea de cerrar el Congreso por ineficiente, sin duda alguna, que tendría la mesa servida para sus protervos y enloquecidos designios. ¿Que no se puede? ¡Bah! Recordemos que en 1992, el japonés Fujimori, le puso candado al edificio de la Plaza Bolívar y el 95% de la población celebraba semejante cerrazón que licenciaba a senadores y diputados. No está demás recordar el ridículo estentóreo y huérfano de calor popular que protagonizaron cuando fueron en “marcha” a demandar la devolución del edificio. ¡Fue patético!

Muy bien. Estamos en 2006. ¿No se dan cuenta de lo que ocurre los parlamentarios actuales o tienen motivos para callar y de facto lo hacen al no debatir un tratado económico con otro país o qué está ocurriendo?

¿Se suicida el Congreso?

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

hcmujica.blogspot.com