¿Cómo así el Estado peruano se allanó en marzo del 2001, luego de retornar a la competencia de la Corte de San José de Costa Rica y aceptó una supuesta responsabilidad del Estado en la muerte de terroristas en el debelamiento del motín de Canto Grande? ¿Con qué derecho Niño Diego García Sayán, entonces ministro de Justicia, involucró al país de modo tan integral y culposo? ¿Quién era él para hacerlo, sin previamente consultar al Congreso y al Poder Judicial? ¿Porqué no hubo un debate nacional, antes de remitir con nocturnidad a un adláter que lo único que hizo fue bajar la cabeza en nombre de todo el país?

Una cosa fue el retorno a la CIDH, tema que apuró Niño Diego por motivos que empiezan a aparecer nítidos luego de aquel acontecimiento, y otra el allanamiento referido. ¿Qué justificación tuvo Niño Diego para festinar los trámites de regreso del Perú a la CIDH con una mayoría espuria de 37 legiferantes y cómo así se atrevió a culpar a todos los peruanos por lo ocurrido en Canto Grande?

¿Por causa de qué Niño Diego, en vez de empeñar la responsabilidad del Perú, no estableció con claridad y meridiana definición que fue el delincuente nipón Kenya Fujimori el fautor del hecho? Además, en precaución, ¿porqué no dispuso el embargo de sus bienes, por ejemplo, Pampa Bonita? Si hubo una responsabidad o culpa ¡era la de Fujimori, no la del Perú!

O, como se ha recordado en tiempos recientes, ¿tuvieron más peso los negocios que hizo el corrupto Poder Judicial de la dictadura fujimorista con la Comisión Andina de Juristas, predio privadísimo de Niño Diego? Los contratos están allí y las obligaciones que de ellos derivan también, entre otras cosas, el pago de cientos de miles de dólares del Estado a la ONG de marras.

Pero, hay varios temas concomitantes al fallo reciente de la CIDH sobre reparación monetaria y homenajes, a los familiares y a los terroristas, respectivamente y que han puesto al Perú en medio de un debate sonoro.

¿Tienen responsabilidad los ministros que meten la pata, enlodan o enfangan al país en temas de consecuencias dolorosas y perjudiciales como el que se ha producido con la resolución de la CIDH?

Veamos.

La delegación que viajó a San José para representar malamente al Estado (no investigó nada) se allanó servilmente y no pagó un solo gasto de su dinero: hizo turismo con fondos del pueblo peruano que sufragó pasajes y viáticos para hacerle daño al Perú. El ministro de Justicia, cómplice interesado en este giro peculiar, ganaba el equivalente de US$ 10 mil. ¿Cauteló Niño Diego los intereses del Perú o sólo dio instrucciones para que pavimentaran su puesto de juez en la CIDH, como se comprobó pocos años después? ¿Quién garantiza que no fue así porque así sucedió?

Por tanto, procede un juicio político con consecuencias civiles y penales a quien subordinó al Perú a los intereses subalternos de su diminuta ambición de juecesito en la CIDH. El hecho innegable es que Niño Diego consiguió una curul en esa corte. ¡Y no digan que es por insospechables méritos jurídicos de quien acostumbra meter a la cárcel a sus enemigos o procura que la prensa no informe sobre sus trapacerías con las ONGs, de una de las cuales, la Comisión Andina de Juristas, chacrita productora de odiosos dólares, es dueño exclusivo!

Los ministros tienen responsabilidad y el Estado puede castigarlos, en el momento de la falta o a posteriori porque por encima de las coyunturas y goces episódicos, está el supremo interés del Estado que conforman 26 millones de peruanos que siempre serán más que un Adonis de juguete que quería ser juez de la Corte pero para ello tenía que hacer méritos. Así lo denuncié en Liberación a fines del 2000 cuando demandé que si Niño Diego quería aquello, que lo consiguiera con su dinero y no con el del pueblo. Pero ¡por supuesto! la estafa política continuó y Narciso de pacotilla consiguió su puestito. Pero hay más: ¿qué organizaciones fueron cómplices en esta clase de desaguisados que hoy producen jaquecas al por mayor?

Mañana, pasado o, de repente, nunca, la prensa esquirol, plena en avisos de ONGs y transnacionales, dedicará sus notas a zaherir estos párrafos que son de absoluto sentido común. Pero, es hora, en este recién inaugurado 2007 que el Perú comprenda que tiene que sacudirse de las pandillas de nuevos gángsteres que han hecho del país una chacra privada en la que gobiernan con mano mañosa, prensa orbitante y figuras y figurones fabricados a fuerza de insistencia tozuda. Sin turiferarios en los miedos de comunicación, aquellos, no saldrían del molde congénito de un cretinismo insuperable.

No es todo.

¡Hay que notificar a las patotas y a sus cófrades socios, que el Perú está alerta y que sus posesiones mal obtenidas por actuar contra el país, ya no tienen patente de corso! ¡No hay derecho a que ellos atenten contra Perú y su designio soberano como nación y, mucho menos a que en nombre de la exacción se beneficien patrimonialmente u obtengan pitanzas para ellos y sus grupos oligárquicos!

Entonces, ¿es mala idea que los responsables de entuertos y barbaridades que colocaron a Perú en una posición desventajosa y traidora para con su soberanía y custodia internas, no sean quienes paguen, parcial o totalmente, las penas que impone la CIDH como ha sucedido hace muy pocos días?

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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