La organización del Estado y el marco jurídico que determina su funcionamiento fue organizado para el atraco, a través de la contratación de créditos, renegociaciones, emisión y venta de bonos; recientemente mediante pago anticipado de tramos de deuda.

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La política fue determinada por las multilaterales, alrededor de estos procesos y desde ella el sostenimiento del mecanismo de “ajustes” “estabilizadores” y “estructurales” gravaron la vida popular con los “paquetazos” económicos, retrasaron la economía, asaltaron los recursos petroleros y dineros públicos, liquidaron la soberanía, desaparecieron la moneda nacional, expulsaron población al exterior; en suma, subordinaron al Estado y lo pusieron al servicio de la banca especuladora.

Las Cartas de Intención del FMI, sustituyeron los planes de gobierno.

En los últimos 35 años los especuladores y las mafias financieras, apuntaladas por uno y otro gobierno, endeudaron al país, despilfarraron y atracaron más de $90,000 millones, producto de los créditos externos e ingresos petroleros.

La deuda externa pública creció en 47 veces; desde $229 millones en 1970 a $10,851 millones en el 2005.

La deuda externa privada, que fue asumida por el BCE en 1983, reduciéndose a $85 millones, supera hoy los $7,000 millones, representando un 70% de la pública.

El servicio de la deuda absorbe un 50% de los ingresos corrientes del PGC; en el 2006 fue de $2,850 millones todo lo cual incidió fuertemente en el gasto social, reduciéndolo significativamente y alejó la reactivación productiva.

En términos netos, por ésta vía, el país se convirtió en exportador de capitales.

En efecto, en ese período, canceló por servicio de la deuda $57.1 miles de millones y recibió desembolsos por nuevos créditos por $46.6 miles de millones, lo que arrojó un déficit de $7.3 miles de millones.

La Comisión de Investigación de la Deuda Externa Pública concluyó su trabajo, entre otras, con estas conclusiones. El actual Presidente tiene en sus manos el informe. Analizó los distintos procesos que dieron lugar a este descalabro, cuyos efectos nocivos hasta el momento los sufre la población.

Entre ellos, el endeudamiento “agresivo” de la dictadura militar del triunvirato de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco, que inauguró este perverso proceso;

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la “sucretización” de la deuda externa privada en el gobierno de Oswaldo Hurtado, con el que se libera a la gran banca, poderosas empresas y personas, de sus deudas, obligando al BCE a que asuma unos $1,488 millones;

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la ampliación de la misma en el gobierno de León Febres Cordero, en el que además se facilitó la entrega de dinero del BCE a los financistas para recomprar papeles de deuda a precios bajos y devolverles el 100% de su valor nominal, en lo que se llamó, “reconversión de deuda”.

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En el gobierno de Rodrigo Borja se coronó el proceso de sucretización, dos días antes de terminar su mandato emite un bono por 1billón 3.354.212 millones de sucres al 1% y 100 años plazo, para la liquidación de las pérdidas registradas en el proceso y se crearon las condiciones para renunciar a la prescripción de la deuda con la banca privada internacional, lo que debió ocurrir en diciembre de 1992.

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Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik convalidan la deuda con la banca privada y la convierten en Bonos Brady, favoreciendo a los acreedores con el Convenio de Garantía de Depósitos (Tolling Agreement).

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Con Jamil Mahuad sobrevino la fraudulenta quiebra bancaria y el multimillonario salvataje estatal y la mañosa creación de la AGD, en el marco del llamado “atraco del siglo”.

Más adelante se impuso la dolarización, extensión del atraco, y luego la renegociación de Jorge Gallardo en el gobierno de Gustavo Noboa, proceso en el cual se revalorizó en un 40% la deuda en bonos Brady y se crearon los bonos Global, con los que se reconoció hasta el 12% de interés.

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Con el actual gobierno se inician dudosos procesos de inversión y venta de bonos; y luego, de recompra anticipada de los bonos Global.

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Todo esto paralelo con mayor endeudamiento. ¡Triste historia de atracos!