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Al encierro de los patriotas siguió una escandalosa campaña mediática, cuyo claro objetivo era " calentar " los ánimos de la comunidad, presentando a los detenidos como peligrosos agentes de una potencia extranjera que hicieron peligrar la seguridad nacional de Estados Unidos.

El tema ocupó un lugar de privilegio durante los siete meses del juicio en los cintillos de periódicos, páginas web y en los espacios estelares de radio y televisión, hasta dejar establecido el término de espías, creando una cortina de desinformación, cuya intención era facilitar la manipulación del proceso judicial con fines políticos .

Tras la brutal sentencia que totaliza cuatro cadenas perpetuas y 76 años de cárcel, el asunto dejó de ser noticia en la ciudad floridana y un manto de silencio lo cubrió todo.

Fue evidente la maniobra de Washington y la mafia anticubana, dirigida a escamotear la verdad a la opinión pública y evitar que fueran reveladas las enormes irregularidades jurídicas materializadas tras claros fines políticos.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta hoy por la Fiscalía para dilatar el proceso de apelación, la verdad, lenta y gradualmente, ha ido abriendo grietas en el aparentemente infranqueable muro construido con la complicidad y el beneplácito de las influyentes organizaciones terroristas de Miami.

Así, un Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, estableció en mayo del 2005 que la detención y posterior encarcelamiento de los Cinco fue arbitraria e ilegal y exigió liberarlos y restituir la legalidad.

Tres meses después, en agosto, un panel de tres jueces del Onceno Distrito de Apelaciones de Atlanta, luego de estudiar el caso durante más de un año, emitió un argumentado dictamen de 93 páginas, cuya atinada conclusión fue que el veredicto del amañado juicio de Miami era ilegal.

Lo anterior obligó a la Casa Blanca a redoblar las presiones, lo cual finalmente condujo a que el Pleno de Atlanta revocara la sentencia anterior.

Otro importante momento de esta batalla por la justicia que ponga fin al injusto encierro, tuvo lugar el 20 de agosto último, durante la vista oral del mismo panel de tres jueces de Atlanta, quienes debían buscar ahora nuevos elementos relacionados con los cargos de mayor peso y gravedad.

Allí, en presencia de 73 destacados juristas y personalidades internacionales y norteamericanas, la defensa demostró lo inadecuado de Miami como sede del juicio; la mala conducta de la Fiscalía a lo largo de todo el proceso; la inconsistencia de los nunca probados delitos de Conspiración para cometer asesinato, imputado a Gerardo Hernández, y de Conspiración para cometer espionaje.

Con todos esos elementos, los más de 300 Comités de Solidaridad existentes en un centenar de países de todos los continentes llevarán a cabo, a partir de este 12 de septiembre, noveno aniversario del arresto, y hasta el ocho de octubre, una nueva jornada de solidaridad, cuya finalidad es esclarecer a la opinión pública y exigir la libertad.

Tal movilización tiene una enorme importancia, pues cada vez es más evidente que el peso de la opinión pública mundial -y la norteamericana en particular- será decisiva para el cese de la manipulación con fines políticos de los mecanismos jurídicos, y que el Onceno Distrito de Apelaciones de Atlanta, en cuyo destino está el proceso, emita un veredicto adecuado al derecho y prevalezcan la verdad y la justicia.

Agencia Cubana de Noticias