¿Necesítase una ley, disposición, punición ad hoc, que castigue el repugnante espectáculo que dan múltiples funcionarios públicos (¡no solamente los ex procuradores!) que con todo descaro dejan la mamadera del Estado en que cobraban bien, para irse a merecer más dólares de la empresa privada, casi siempre contra todos los preceptos, principios, doctrinas, creencias, que profesaban hasta antes de venderse con desparpajo al enemigo? ¡Afirmo que no! Es un asunto de decencia y coherente actitud que ¡por supuesto! los forajidos saltapericos no respetan jamás. En este país una prensa mediocre, encubridora, taimada, disimula las cosas y envilece lo que es un festín en que las honras se venden y se compran al mejor postor. ¡Así de simple!

Ha dicho la ministra de Justicia que hay que evitar el cambio de vereda. En Perú, las leyes sirven básicamente como papel de letrina. Las leyes son para que las incumplan todos aquellos que manejan sus propios códices basados en el bien material, casi siempre mal obtenido y exaccionado al Estado y para que adocenen los miles de libros con análisis, exégesis, interpretaciones y salmodias como cánticos sobre y a partir de las leyes. Resumido de este modo grotesco: ¿quién tiene la regla o la ley de oro? ¡el que tiene el oro, tiene la regla o la ley!

¿Por causa de qué la ministra pretende encasillar estos cambios de vereda, que no son más que vulgares, sucios, malolientes oportunismos, en ex procuradores? Supongo que no pretenderá limpiar al ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega quien, luego de aprovechar el sitial que le pagaba el Estado para su raquítica como fallida candidatura presidencial, se pasó de pico y patas, a varias empresas privadas que litigaban, con él a la cabeza, contra el Estado y es hoy un abogado próspero con fama de prohombre y recto, cuando apenas si es el triste paradigma de un saltaperico otoñal y mediocre, uno de los tres generosos que hizo un regalo de decenas de millones de soles de los contribuyentes a Baruch Ivcher! ¿Y llaman juristas a los otros dos compinches, Felipe Osterling y Jorge Avendaño quienes también facturaron opíparamente por un muy discutible arbitraje en favor del israelí mencionado?

Bajo el título Capital intelectual, Telefónica del Perú, afirmaba lo siguiente: “La base de la estrategia de Telefónica y su visión se asientan en la definición corporativa de contar con el mejor capital humano, constituido por el perfil de competencias de sus trabajadores en su relación con los clientes y en los procesos que cumplen. De esta forma la sociedad alcanzará sus metas de negocios y contribución al país..... Y entre otros, los que componen el Directorio al 1 de enero del 2001, figuran: José Graña Miró Quesada, Alfredo Jalilie Awapara, Dionisio Romero Seminario Jorge Melo-Vega Castro. Pero ¡este mismo individuo Melo-Vega Castro, había sido Secretario General de Osiptel desde 1997, según la resolución firmada por Jorge Kunigami y cuyo número fue No. 057-97-PD/OSIPTEL de setiembre de ese año! En buena cuenta, en menos de un trienio y por arte de birlibirloque dolarizado, el caradura emigró del Estado hacia la empresa de comunicaciones que decía supervisar antes, con sueldo pagado por los impuestos de los peruanos.

San Dionisio Romero Seminario, el banquero de los banqueros, nombró director del Banco de Crédito a Jorge Camet Dickman luego que éste fuera, nada más y nada menos, que ministro de Economía y Finanzas. ¡Un justo y necesario premio! ¡Nadie podría objetar esta regalona virtud a San Dioni!

Igualmente el caso de Francisco Moreyra García Sayán: socio principal de uno de los diez estudios de abogados más importantes de Lima, estuvo involucrado en una de las operaciones de compra de deuda cuya irregularidad fue detectada, por el acceso a información privilegiada con la que se contaba. Moreyra formó en su estudio de abogados el Perú Privatization Fund (PPF), que tenía entre sus integrantes al Banco de Crédito del Perú, al que asesoraba. También eran de PPF empresas formadas en Gran Caymán e Islas Vírgenes Británicas, de las que Moreyra era director. Al mismo tiempo, el abogado fungía de asesor del MEF durante la gestión de Camet. PPF fue el principal comprador de papeles de la deuda peruana, la cual vendió, a su vez, al Estado peruano, una vez que dichos papeles se revalorizaran por el cumplimiento de los compromisos internacionales. A través de Moreyra se sabía cuándo comprar y cuándo vender. ¡Este tipo se paseaba en varias veredas a la vez!

¡Todo funcionario que ha trabajado para el Estado, tiene que guardar, por lo menos 5 años de distancia antes de entrar en temas conflictivos con el Estado que antes le pagaba, para adscribir a la empresa privada! No es que el Estado sea menos tramposo y coimero que los privados, ambos sectores disputan esas faltas de honor todo el tiempo, sino que hay que empezar a corregir entuertos y aberraciones que nos son mostradas todos los días como si fueran normales ocurrencias cotidianas que no llaman la atención. En efecto, no son disonantes ni provocan los vómitos respectivos porque, así como pasó con los muertos del violentismo terrorista, hemos incorporado esos traumas y enfermedades en el imaginario colectivo. Ese hecho no da patente de corso para que los delincuentes que le roban al Estado y a la empresa privada, se paseen como Pedro por su casa y haciendo tabla rasa de cualquier rasgo de decencia.

No ha mucho un individuo de apellido Chehade pasó de ser amamantado por el Estado, en movimiento pendular, a la defensa del ex candidato presidencial Ollanta Humala. Y más que defenderlo ha dedicado buena parte del tiempo en “convencer” a la gente que no hay incompatibilidad en la sinverguencería de litigar hoy contra el Estado que le pagaba sueldo y que lo sacó del anonimato que no ha podido vencer con algún buen libro, una excelente cátedra o un compendio de textos que den la más mínima luz jurídica aunque sea a los que viven bajo su techo, a excepción de la anomalía que protagoniza con ayuda de prensa cómplice que justifica esta barbaridad.

Insisto. ¿Es éste un asunto de códices y castigos? ¿o es un tema que la sociedad debía singularizar en la deleznable persona de estos individuos a quienes hay que acusar por calles y plazas y zaherirles en la comisión de sus faltas morales? Recordemos, cómo, años atrás, cuando le fue echada basura a Martha Chávez, en un espectáculo de los pocos que la República puede recordar como clímax estelar de escarmiento, una huella quedó marcada y un camino apisonó su andadura: el fusilamiento moral. Ni las leyes, códigos o adefesios por el estilo pudieron con la irreductible fujimorista. No falta mucho para que cobre resarcimiento porque así lo dicen estas mismas leyes. Pero ¡jamás podrá olvidar el país lo que ocurrió y el rostro de ella castigada por su crueldad y los hechos que nadie podrá dejar de recordar en todo momento!

¿Difícil el asunto? ¡De ninguna manera! Sólo que hay matrimonios de interés en que unos se tapan a otros y por eso la moral pública es un dechado de bascas a granel. ¿Y el pueblo? El pueblo siempre es el convidado de piedra, que paga a los inmorales que son sus funcionarios para que regalen el país, enfeuden el patrimonio nacional y engrilleten el destino de vida de 28 millones de habitantes.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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