Desde la masacre perpetrada en la comunidad mixteca de El Charco –en la que murieron 11 indígenas–, en las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, prevalece un patrón de impunidad que permite al Ejército Mexicano perseguir a luchadores sociales y violentar los derechos humanos de hombres y mujeres indígenas me’phaa y na’savi. Desde esa fecha, la presencia del Ejército es masiva.

Los habitantes de esta región que viven en extrema pobreza son catalogados como guerrilleros en potencia; por ello, la presencia del Ejército es ostentosa y amenazante. A Ayutla se le gobierna con una lógica guerrerista. La prioridad no es abatir la pobreza, marginación y analfabetismo, sino prevenir posibles brotes de insurgencia y crear un escenario de guerra preventiva. Los destinatarios son, invariablemente, organizaciones sociales que reivindican los derechos a la educación, salud, medio ambiente, y que exigen vivir en paz sin la presencia del Ejército.

Los allanamientos, daños en propiedades, robo de productos cultivados por pobladores, violaciones sexuales a mujeres indígenas efectuadas por militares, así como las esterilizaciones forzadas contra indígenas na’savi y me’phaa –éstas, cometidas por la Secretaría de Salud de Guerrero– no son aislados ni una casualidad.

Estos actos han sido denunciados a las autoridades correspondientes, pero no ha habido justicia ni se han sancionado a los responsables. El Ejército ha suplantado a las autoridades civiles y ha tomado el control de los territorios indígenas. Se trata de amedrentar a los pobladores, minar lentamente la organización comunitaria y disuadir inconformidades sociales. Es una estrategia de guerra preventiva: hacer la guerra desde los aparatos represores del Estado para contener la guerra de los pueblos insumisos.

Tras la conferencia de prensa y la declaración de acciones armadas por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente el 26 de marzo –junto con la emboscada a los policías preventivos el 31 de marzo pasado–, las autoridades civiles y militares desplegaron más de 600 efectivos del Ejército, miembros de la Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal Preventiva, ministerial del estado, preventiva estatal y municipal. A diario patrullan los caminos; mantienen un cerco militar que abarca los municipios de Ayutla, Acatepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán. Nadie pasa por estos puntos sin ser revisado o sin previa identificación.

Ante la falta de resultados del operativo militar y policiaco, entre el 10 y el 11 de abril de este año se fabricó un expediente en el que se acusa de homicidio a 15 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Como si se tratara de personas que ponen en grave riesgo la seguridad nacional, con lista en mano, cientos de militares buscan por todos los cerros a los indígenas, además de dotar de radios a todos los comisarios de las comunidades para que denuncien a cualquier indígena de la OPIM que cruce por esos pueblos.

En la región de San Luis Acatlán, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (policía comunitaria, que cuenta con un proyecto de seguridad y justicia) también ha sido señalada de ilegal, de proteger a secuestradores. Con ese pretexto se ha militarizado su región. En este contexto se enmarca el reportaje de TV Azteca transmitido a inicios de abril, que los coloca fuera de la legalidad.

Tal estrategia no es nueva: durante 1997 y 1998, el Estado, a través de la policía y el Ejército, persiguió y encarceló a los integrantes de organizaciones indígenas de la Montaña hasta lograr su desmantelamiento: Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata y Unión de Campesinos e Indígenas de la Montaña.

Es evidente que el gobierno construye un discurso que pone fuera de la legalidad a las organizaciones sociales y de derechos humanos que pugnan por la vigencia de las garantías fundamentales. En Guerrero, se busca crear las condiciones sociales para la represión y el desmantelamiento de las organizaciones sociales.

Prevalece toda una investigación extrajudicial: trabajan de manera ilegal para involucrar a las organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos en esta visión conspirativa contra las instituciones, tratando de desvirtuar su trabajo legítimo, legal, público, consistente en exigir respeto a los derechos humanos y evidenciar las violaciones que se comenten.

Este método de guerra preventiva no solucionará los graves problemas sociales de pobreza, marginación, injusticia, desigualdad, analfabetismo, falta de empleo que imperan en Guerrero. Una sociedad democrática considera fundamental la participación de las organizaciones en la solución de los problemas sociales y la implantación de políticas públicas tendientes a solucionar este problema. Lamentablemente en este sexenio los principios democráticos quedan supeditados a la estrategia de guerra preventiva.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102