Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires destinaron grandes sumas de sus presupuestos en la construcción de cárceles.

A estos grandes estados provinciales hay que sumar la decisión del estado nacional. Una ecuación simple y letal: más cárceles, menos escuelas.

Más bestialidad institucionalizada, menos libertad.

Más encierro, menos educación.

Principios de la partida doble existencial impulsados por los planes políticos en los principales estados de la República Argentina.

No hay inversión neutral, ni tampoco desinversión neutral.

El dinero apostado a la represión tendrá un resultado.

El dinero invisible para la educación producirá conflictos docentes y pibas y pibes que no sepan leer ni escribir, sumar ni restar, como tampoco tendrán un sentido colectivo del cual enamorarse y que les devuelva algo cuando pronuncian o piensan en la palabra futuro.

El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, acaba de informar que el analfabetismo “en los institutos de menores llega a casi el 70 por ciento”.

Siete de cada diez pibes encerrados en los institutos de “rehabilitación” no completaron el nivel primario de educación.

Consecuencia de aquellas decisiones políticas de poner dinero para levantar ladrillos y barrotes, consecuencia de aquellos presupuestos ausentes en fomentar el bullicio de las aulas y la felicidad y la libertad de la educación.

No hay casualidades.

El presente es hijo directo de aquellos proyectos económicos y políticos de los últimos años.

Según María Isabel Ribet, titular de la Modalidad de Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación, "el 30 por ciento de los 14.203 presos que están en 200 cárceles argentinas son analfabetos, cifra que trepa al 70 por ciento en las regiones del NOA y NEA".

Más de la mitad de las 80 mil personas alojadas en cárceles, institutos de menores y centros de atención de adictos -el 70% de las cuales tiene entre 18 y 35 años- “llegó a la situación de encierro sin haber desarrollado un oficio o profesión”.

- Es común que en algunas cárceles permitan a los condenados y no a los procesados concurrir a clase, y que limiten el beneficio a los que tienen buen comportamiento... Esa decisión es tremenda. La educación es un derecho universal contemplado por ley, más allá de las transgresiones o la condición procesal de las personas -sostuvo Ribet.

Encerrados y analfabetos, distintos sectores sociales crecen en la Argentina crepuscular del tercer milenio como consecuencia directa de decisiones políticas que privatizan el futuro para los que son menos y democratizan la angustia para los que son más.

Nota publicada por http://www.pelotadetrapo.org.ar/