"Impulsaremos la aprobación de este instrumento regulador que ponga en valor la calidad de nuestro trabajo, establezca unas normas claras de la profesión y garantice la aplicación deontología del periodismo", remarcó la organización en un comunicado.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP), también se manifestó a favor de un Estatuto del Periodista al exigir a los grupos parlamentarios “que dejen de dar largas y empiecen a debatir, para que sea aprobado en esta Legislatura, un proyecto de ley que regule la profesión periodística española, tanto en lo referido a los derechos como a los deberes de los profesionales de la información”.

En la Argentina, el Estatuto del Periodista Profesional tiene más de 60 años, ya que se promulgó a través de la Ley 12.908, el 18 de diciembre de 1946, fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de febrero de 1947, y en la actualidad se mantiene con plena vigencia.

El surgimiento del neoliberalismo en la década del ‘90, que en la Argentina se encarnó en la presidencia de Carlos Menem, inició una etapa de una fuerte ofensiva, tanto desde el gobierno como de las patronales, para derogar el Estatuto, pero cada uno de los intentos fueron rechazados por la decisiva defensa que hizo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) junto al conjunto de los trabajadores de prensa argentinos.

En su comunicado, la FAPE, también rechazó las regulaciones de empleo "injustificadas" al sostener que son "el máximo exponente del desprecio a los periodistas, maltratan la indispensable calidad de los productos informativos y descapitalizan profesionalmente a las empresas".

Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la FAPE reclamó "el justo reconocimiento del valor del trabajo periodístico" al entender que el trabajo de los profesionales de la información es "condición indispensable para asegurar la pluralidad y el ejercicio inexcusable de una democracia representativa".

La precariedad laboral y a la destrucción de empleo son hoy, a juicio de FAPE, los "principales enemigos de la libertad de prensa" pues, "el derecho a la información se resiente cuando el empleo de los periodistas está en peligro o a merced de intereses apegados a la economía o el poder", y cuando "las plantillas de los medios de comunicación adelgazan drásticamente".

Por su parte, la FeSP denunció que la “libertad de prensa se confunde con la libertad de empresa de los medios de comunicación, que es utilizada por sus propietarios para conculcar con demasiada frecuencia el derecho a la información de la ciudadanía y la independencia profesional de los periodistas”.

La organización enfatizó que este año “el Día Internacional de la Libertad de Prensa está marcado por una crisis económica que las empresas de medios de comunicación están decididas a que la paguen únicamente los profesionales de la información. Despidos y recortes salariales llegan después de largos años de bonanza de los medios, durante los cuales la mala gestión, las inversiones desafortunadas y la falta de previsiones para el futuro han sido las características de las decisiones empresariales; Ahora, en cuanto han llegado las reducciones de sus beneficios o las primeras pérdidas, muchos empresarios han decidido salvar únicamente sus ganancias, a costa de puestos de trabajo y sin tener en cuenta la función social que deben cumplir los medios de comunicación”.

La FeSP estimó que durante el último año en España han quedado sin trabajo entre 3.500 y 3.800 periodistas (ANC-UTPBA).