Miles de estudiantes universitarios en las calles luchando por la defensa de la gratuidad de la educación superior”, este titular de un diario publicado en Córdova-Argentina en 1918, pudiera ser usado para describir las luchas estudiantiles en México, Guatemala, Ecuador, Chile, Francia, España y cientos de escenarios en donde el movimiento estudiantil ha levantado su voz.

En esta sociedad de la información, donde la producción, control y uso de conocimientos e información generan el poder real de la economía, no se puede dejar de lado a miles de jóvenes potenciales productores de conocimientos, debido al cobro de aranceles para poder realizar los estudios universitarios. Según Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, solo el 19% de la población en edad universitaria (18-24 años) está matriculada en educación superior, pero más preocupante es que solo el 3,4% de las personas más pobres del país tienen matrícula universitaria pública, frente al 21,9% de las personas más ricas, según datos del 2006.

La figura de gratuidad en la educación aparece por primera vez en la Constitución de 1878, aunque no como gratuidad de la educación superior. Después, la Constitución de 1978, en el artículo 27, establecía que la educación es gratuita en todos los niveles. Este reconocimiento constitucional no fue una dádiva o producto de la benevolencia de los congresistas o gobernantes de turno, sino gracias a la movilización y lucha estudiantil en las calles, incluso a la vida de muchos de ellos. Sin embargo, esta norma desaparece en la Constitución neoliberal de 1998, pues se usa la figura de “autogestión”, es decir, la educación superior debía ser pagada y financiada, en el mejor de los casos, a través de créditos (Art. 77 Constitución 1998).

La correlación de fuerzas cambia en el Ecuador y, gracias a la movilización, la participación de la organización popular y de estudiantes universitarios y secundarios organizados, se aprobó en la Constitución del 2008 la gratuidad de la educación hasta tercer nivel (Art. 356). Por esta Constitución progresista, anti-neoliberal votó el 62% de los ecuatorianos. Pero a pesar de la claridad con que la Constitución dice: “gratuidad hasta tercer nivel”, con la nueva administración del Dr. Edgar Samaniego en la Universidad Central del Ecuador, se viola este precepto y los estudiantes siguen pagando.

Durante la campaña para elegir las autoridades universitarias, Napoleón Saltos, coordinador político de la lista de Samaniego declaró a un medio local: “dicen que nos oponemos a la gratuidad, quieren confundir a los universitarios cuando es un derecho constitucional. Es momento del cambio”. Y efectivamente el cambio se está produciendo: el 24 de marzo del año en curso el Honorable Consejo Universitario recoge la sugerencia del licenciado Nelson Carrillo, secretario de la Comisión Económica y aprueba el cobro para estudiantes regulares (primera matrícula) y no regulares (segundas y terceras matrículas) de aranceles por gastos administrativos, papel universitario, ficha médica, caja solidaria estudiantil, fondos de ayuda en caso de accidentes, etc., la lista es larga.

Esta decisión, según Cristina Campaña, estudiante de la facultad de Administración, ha creado un caos. Con registro de matrículas de diferentes facultades en mano, nos muestra: “en este periodo hay facultades como la de Ingeniería en Minas y Petróleos (FIGEMPA), donde se cobra el uso de laboratorios, administración, exámenes médicos y no se cobra la primera matrícula, pero hay otras facultades, como la de Ciencias Agrícolas, en las que se cobra $11 por concepto de primera matrícula; $44 por segunda y $88 por tercera matrícula para los estudiantes que se han graduado de colegios fiscales; para los estudiantes de colegios particulares y extranjeros las cifras son exorbitantes. Debido a este caos los estudiantes no sabemos a qué atenernos”.

Para Diego Urrutia, estudiante de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), no se está respetando el mandato constitucional, ya que la situación para los estudiantes está peor que antes, pues se cobra por el uso de espacio de las facultades como laboratorios, centro de cómputo, equipos necesarios para el aprendizaje. Por ejemplo en la FACSO, según el Lic. Manolo Escobar, administrador del Centro Audiovisual (CAV), quien desee usar los equipos tiene que pagar derecho y el valor mínimo es de $2,20; la cámara de video $6,72 la hora, con todos los aditamentos que son: trípode, micrófono y cámara. A los estudiantes de otras facultades les cuesta alrededor de $12 más IVA.

Lo que significa que si un estudiante debe hacer un trabajo de video, cosa que es muy frecuente en esta Facultad, debe alquilar cámara (unas 4 horas); comprar casetes, filmar y alquilar la sala de edición, que en caso de que sepa usar bien los equipos y editar rápido se demorará unas 7 horas (a $6,72 la hora); más el disco y la grabación del mismo estamos hablando de un costo aproximado de $80 por un solo trabajo. Lo mismo ocurre para el uso de laboratorios en otras Facultades.

En las aulas y corredores hay un ambiente de molestia; en los avisos que hacen las secretarías sobre el cobro, estudiantes escriben “¿y la gratuidad de la educación?” Urrutia, visiblemente molesto dice que el semestre anterior en otras facultades no se realizó cobros, aplicando la norma constitucional, “mientras que en la FACSO sí pagamos la matrícula, hasta acá la gratuidad no llega.”

Para Daniela Puyas, estudiante de jurisprudencia, debe haber más respeto por las normas constitucionales, pues deberían regir para todo el país: “este Rector se cree por encima de la ley, pues mientras que la Constitución en el artículo 32 asegura que la salud es un derecho que garantiza el Estado; él nos cobra en la matrícula aranceles por concepto de ficha médica”.

La situación para los estudiantes universitarios ha empeorado, los costos por concepto de segunda y tercera matrícula se han incrementado, como si el repetir o arrastrar una materia fuera un parámetro para determinar la calidad de estudiantes, cuando es conocido que casi el 45% de ellos realizan actividad laboral para cubrir los costos de su educación, y más aún cuando hay profesores que se jactan de ser los mejores porque de 45 alumnos pasan solo 5; o con dolor reconocer que hay profesores que reprueban a estudiantes que no coinciden en sus posturas ideológicas o políticas reaccionarias, incluso por no aceptar la invitación “para salir a tomar un café”.

Buscamos una entrevista con el Rector de la Universidad para tener su versión, pero se nos negó absolutamente: “pueden buscar información sobre la Universidad en la prensa, pero si tanto quieren hablar con él, me dan un banco de preguntas para que les responda su secretaria” fue la respuesta que obtuvimos en la recepción del rectorado.

Para Andrea Molina, estudiante de la Facultad de Filosofía, iniciar el cobro de aranceles es una decisión equivocada de Samaniego: “es una contradicción ante el discurso que tuvo en un inicio, de que iba a defender los intereses de esta Universidad que es histórica. Por lo que deberíamos levantar toda una lucha y una movilización para no permitir que este derecho constitucionalmente reconocido sea violentado”. (DLCL)