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Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) se aprobaron aumentos salariales del 25 por ciento, es decir, un pago de 148 mil 980 pesos y un estímulo mensual por productividad, eficiencia y calidad de 10 mil pesos, efectivo para todo el año. Tan sólo para el presidente y los 21 magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares se destinarían 2 millones 640 mil pesos para este propósito.

La función del TCADF es conocer, dirimir y resolver por la vía jurisdiccional los conflictos generados o creados por resoluciones o actos de las autoridades administrativas del Distrito Federal y que pudieran ser en agravio de los gobernados.

Para el ejercicio fiscal de 2009 se tenían previstos sueldos para el personal de mandos superiores, medios y homólogos desde 21 mil 272 pesos para un jefe de unidad departamental hasta 109 mil 66 pesos para el presidente del tribunal y magistrados de salas superiores, ordinarias y auxiliares.

Aprobado para 2009, el presupuesto del TCADF ascendía a 266 millones 233 mil 376 pesos. Sin embargo, según la copia del acta correspondiente a la sesión plenaria extraordinaria de la Sala Superior del día 19 de febrero de 2009 –que posee Contralínea–, el director administrativo informó que gracias a las gestiones ante la Secretaría de Finanzas se logró una ampliación de 23 millones de pesos.

La Ley del Tribunal Contencioso de lo Administrativo define a la Sala Superior como el órgano supremo del TCADF. Integrado por siete magistrados y facultado para llegar a acuerdos o resoluciones, tiene atribuciones para elaborar el proyecto de presupuesto y ejercerlo de forma autónoma.

Según el documento, el director administrativo expresó: “Como fuimos muy afortunados por la gestión de nuestros magistrados ante la Secretaría de Finanzas, tenemos la posibilidad este año de dar un estímulo por productividad a los servidores públicos de este tribunal”.

Por unanimidad y seis votos a favor, se aprobó un estímulo total de 5 millones 970 mil pesos para los trabajadores. Éste se aplicaría de marzo a diciembre, no sería integrado al salario, pero sí acumulable para efecto del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Mientras que el presidente del tribunal, los magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares tienen autorizado el incentivo en automático, los demás servidores públicos serán evaluados por el titular del área a la que estén adscritos. De acuerdo con los tabuladores de sueldos de estructura, sus estímulos irían desde los 2 mil 500 hasta los 5 mil pesos, además de recibir del 19 al 26 por ciento más como aumento salarial.

En su turno, el magistrado presidente José Raúl Armida Reyes advirtió que quizás el bono se dé por primera y única vez. Dijo que en lugar de generar más plazas, es mejor que el personal reciba un estímulo, pues buscan y requieren algo económico, no un “papelito” o un reconocimiento. “Eso los motivaría mucho”.

La condición para recibir el incentivo, señaló, es una forma para que quienes no rinden el ciento por ciento funcionen mejor. Manifestó que es facultad de los magistrados entregar o no el estímulo al personal que no esté laborando correctamente.

Las actitudes a evaluarse –según enumeró el titular– son: emplear apropiadamente su tiempo y esfuerzo, aceptar nuevas responsabilidades, la disposición para dar atención cordial a personal interno y externo, cumplir con los horarios establecidos, ser leal y confiable en su área de trabajo, colaborar eficazmente con otros, mostrarse anuente a las actualizaciones, ser discreto con la información confidencial, brindar tiempo adicional a la jornada laboral, compromiso y responsabilidad con sus funciones.

Al tomar la palabra, la magistrada Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo se congratuló por la idea y externó: “Dada la crisis por la que se está atravesando, creo que un estímulo económico a todos, desde los magistrados hasta la última persona, nos vendrá muy bien”.

Respecto del incremento salarial, se aprobaron remuneraciones de 26 mil 442 a 112 mil 914 pesos para coordinador de asesores, secretario general de acuerdos, director general administrativo, secretario general de asesoría y defensoría jurídica, secretario general de compilación y difusión, secretario particular de presidencia, coordinador jurídico, secretario de acuerdos, subdirector de área, defensor, asesor de defensoría y jefe de unidad departamental.

Para otros puestos de enlace como analista de adquisiciones, técnico y jurídico, pasante, enlace administrativo, profesional en servicios de seguridad, actuario y técnico en servicios especializados se aprobaron asignaciones adicionales desde 4 mil 155 a 16 mil 887 pesos.

Los sueldos para este tipo de personal van de los 11 mil 946 a los 24 mil 687 pesos más estímulos de 1 mil pesos que también estarían sujetos a la evaluación y decisión de sus superiores. Los aumentos para la base trabajadora serían discutidos, en mayo, con la revisión a las Condiciones Generales de Trabajo.

Otro punto aprobado en esa sesión extraordinaria fue la contratación de personal de apoyo por honorarios asimilados a salarios de mayo a octubre. Se incorporarían a seis personas con una percepción bruta de 8 mil 700 pesos mensuales para apoyar a las áreas jurídicas.

Sin embargo, de acuerdo con una relación de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dos puestos están considerados bajo el régimen de honorarios: el secretario particular y el asesor jurídico de la presidencia, quienes reciben 62 mil 710 y 62 mil 518 pesos respectivamente. El primero está contemplado en los Tabuladores de Sueldos de Estructura de la Dirección General Administrativa, por lo que también goza del estímulo.

Copia del Oficio Circular P/060/2009 firmado por el magistrado presidente José Raúl Armida Reyes anota que el secretario de Finazas del Gobierno del Distrito Federal, Mario M Delgado, le informó que, con motivo de la situación económica que atraviesa el país, sería necesario reducir en un 4.9 por ciento el presupuesto de recursos fiscales para ese órgano jurisdiccional.

En el documento, fechado el 13 de abril de 2009, el presidente solicita sugerencias a fin de reducir el gasto en aquellas actividades que afecten lo menos posible las tareas del tribunal.

Prestaciones y bonos

Como prestaciones, los trabajadores del TCADF gozan de prima quinquenal y vacacional y dos aguinaldos. También, seguros de vida institucional por 40 meses de sueldo, de gastos médicos mayores y de separación individualizada. Además tienen derecho a la asistencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de Vivienda y Ahorro para el Retiro. De manera específica, los secretarios, de acuerdo de la Sala Superior, reciben un apoyo mensual de 1 mil 492 pesos.

Una vez conseguido el casi 5 por ciento más en su presupuesto, la Sala Superior previó que dentro del capítulo 1000 “Servicios personales” se destinaran a sueldos 61 millones 901 mil 320 pesos. A prestaciones, como la prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 351 mil 382 pesos; a la prima de vacaciones, 1 millón 927 mil 177 pesos, y a gratificaciones de fin de año, 12 millones 893 mil 151 pesos.

A las partidas 1506 y 1701 para estímulos al personal y estímulos por productividad, eficiencia y calidad de desempeño se asignaron 3 millones 379 mil 228 y 5 millones 970 mil pesos, respectivamente. Bajo los conceptos “Otras prestaciones (nómina)” y “Otras prestaciones (otras)” se orientaron 1 millón 967 mil 335 pesos, y en vales de fin de año, 4 millones 898 mil 70 pesos.

Del capítulo 2000 “Materiales y suministros”, las partidas “Alimentación de personas”, “Medicinas y productos farmacéuticos”, “Vestuario, uniformes y blancos” suman 117 mil 980 pesos. Únicamente en gastos para alimentación de servidores públicos de mando se prevén erogar 120 mil pesos.

Se destinan 23 millones 24 mil 404 pesos para el arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos, y para su mantenimiento las partidas 3511 y 3512 tienen designado un total de 402 mil 500 pesos. La copia del acta de sesión anota que en pasajes al interior del Distrito Federal se prevén gastos por 255 mil pesos.

Otros conceptos como “Servicios para la promoción deportiva” y “Gastos de ceremonial y de orden social” tienen fondos por 274 mil 728 pesos. La partida 4105 denominada “Ayudas culturales y sociales”, del capítulo 4000 “Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias”, por 67 mil 75 pesos, es orientada para actividades del sindicato.

El capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles” contiene las partidas “Equipo educacional y recreativo” y “Equipo médico y de laboratorio”. Ambas suman 421 mil 317 pesos.

Antecedentes de excesos

Al exponer su proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 6 de diciembre de 2006, el entonces titular del TCADF y ahora magistrado de Sala Superior, Jaime Araiza Velásquez, anunció que, sin contrariar la política de austeridad, 19 de los 22 magistrados recibirían un auto marca Honda Civic con un valor de 200 mil pesos.

Según nota publicada el 7 de diciembre en La Jornada por Raúl Llanos y Gabriela Romero, el órgano jurisdiccional aprobó crear un fondo de pensiones con un monto inicial de 16 millones de pesos, obtenidos de la retención del ISR a trabajadores y magistrados.

Un decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 5 de marzo de 2003 le permitió retener el ISR durante 2003, 2004 y 2005. El fondo beneficiaría directamente a los siete magistrados de la Sala Superior y a otros 10 de las salas ordinarias. Es así que Araiza Velásquez, quien dejó el cargo en 2008, tendría derecho a 35 mil pesos mensuales de por vida.

Al ser cuestionado por los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, el expresidente del tribunal dijo que ese fondo estaba dentro de la igualdad y era justa la compensación después de una vida de esfuerzo, trabajo y honestidad. La protesta de 90 trabajadores y la presión pública llevó al TCADF a dar marcha atrás en la creación del fondo.

No obstante, el 20 de noviembre de 2007 el reportero Raúl Llanos Samaniego de La Jornada reveló que la Sala Superior se autorizó una prestación por 130 mil pesos bajo el concepto de “aguinaldo dos” para los 22 magistrados, libre del 50 por ciento de ISR y adicional al aguinaldo que por ley les corresponde.

El artículo 77 de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establece que los trabajadores que estén laborando desde el 1 de enero tendrán derecho a esa remuneración equivalente a 30 días de salario y que estará sujeta al gravamen.

De acuerdo con la información, a diferencia de los magistrados, la base trabajadora recibiría esta prestación, pero con la obligación de pagar el ciento por ciento del impuesto.

Aunque las CGT son hechas para los trabajadores de base, Jaime Araiza Velásquez respondió el 22 de noviembre que, según una jurisprudencia, los beneficios de los empleados basificados los tienen los de confianza. El extitular del TCADF justificó la remuneración como un acto de justicia, pues “se trata de reconocer los años que tienen como servidores públicos”. La lista vigente de prestaciones incluye el aguinaldo dos.

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