La iniciativa parlamentaria, donde confluyeron los proyectos de María Perceval (Frente para la Victoria), Sonia Escudero (Partido Justicialista) y Gerardo Morales (UCR), recibió la aprobación en general de los 43 senadores y senadoras presente, con el argumento de proteger a los jóvenes para que no se los siga privando de la libertad sin garantías. Aunque en realidad, el verdadero trasfondo de la legislación es el puro castigo que implica la baja de la edad para la responsabilidad penal, respondiendo al reclamo de los sectores más reaccionarios de la sociedad.

“Bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica”, afirmó el director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, el sueco Nils Kastberg. El funcionario no dejó de mostrar su preocupación por el tenor que estaba tomando el debate en torno de una nueva ley penal juvenil, al reunirse en abril último con Aníbal Fernández, por entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Kastberg advirtió que “no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar” y dejó en claro la posición del organismo que representa al proponer un “sistema de políticas integrales”, dado que si un chico de 14 años comete un delito, tuvo que haber “un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él".

"A veces estamos frente a la segunda o tercera generación de chicos que se han criado sin valores, sin afecto, sin amor", dijo el especialista. También remarcó que "es importante que haya un proceso de seguimiento social del entorno del chico", y consideró que "hay que ofrecerle al chico un proceso reeducativo integral para que cuando salga sienta que tiene algo que no quiere perder".

El funcionario de Unicef también recordó que “en la Argentina se cometen alrededor de 2.000 homicidios dolosos al año. De ese total, en unos doscientos han participado menores de 18 años. De los doscientos, 150 corresponden a jóvenes de 16 a 18 años. Quedan 50, de los cuales en 35 los responsables tenían 15 años. Y quedan 15. Me parece totalmente demagógico, por no usar una palabra indecente, pensar que se va a resolver el tema de la violencia en la Argentina enfocándose en esos 15 casos”.

Sin embargo, los legisladores en ningún momento tomaron en cuenta el planteo de la Unicef y de datos estadísticos respectos a la situación social de la niñez y la adolescencia y avanzaron hacia la sanción de la polémica medida.

Si de números se trata, estos hablan por sí solos. Según el INDEC, durante el período 2005-2006, en Argentina viven 13 millones de chicos menores de 18 años. De ellos, el 56.4% -o sea casi 7 millones y medio de niños- son pobres. Del total de niños, el 23.6% (3.065.000) ya casi no tienen posibilidades de comer porque son indigentes.

Sólo en la provincia de Buenos Aires -según datos del Ministerio de Desarrollo Social(2008) unos 400 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni buscan trabajo, un millón de chicos se encuentran en riesgo social y la cantidad de jóvenes con causas penales es de alrededor de 500.

Distintas organizaciones sociales que trabajan con pibes, desde hace tiempo denuncian que se profesionalizó la utilización de chicos en la industria del crimen por parte de los adultos. Esta situación se suma a la ausencia total de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de estos sectores totalmente vulnerables.

Finalmente, con la legislación en una mano y los contundentes datos estadísticos en la otra, queda una pregunta: ¿Qué es más preocupante, los 15 casos (sin dejar de tener en cuenta el tratamiento que se merece) como señala Nils Kastberg o los siete millones de niños y jóvenes que padecen la pobreza y la exclusión en nuestro país?