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Erika Ramírez Sección: Empresas Privadas

La Secretaría de Economía (SE) entrega irregularmente más de 300 millones de pesos al Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (Sifide), que tiene como principal beneficiaria a la trasnacional General Motors de México. Los recursos fueron extraídos del Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme).

De comprobarse las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, General Motors sería la segunda automotriz de origen estadunidense beneficiada por el gobierno mexicano. Anteriormente, en 2005 y 2006, la Secretaría que actualmente encabeza Eduardo Sojo Aldape asignó más de 1 mil millones de pesos a Ford Motor Company.

Al tiempo y según documenta la ASF, el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE), ejecutado por la propia SE, fracasó. El máximo órgano de fiscalización detalla que este proyecto incumplió el objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: “Aumentar y extender la competitividad del país”.

El Reporte Global de Competitividad, realizado por el Foro Económico Mundial, indica que México perdió 16 lugares en materia de competitividad, al pasar de la posición número 42 en el 2001 al 58 en el 2006.

La enciclopedia libre en internet, Wikipedia, informa que General Motors “es la empresa de automóviles más grande del mundo; tiene más de 326 mil empleados y fabrica sus coches en 33 países”. La compañía también es accionista de otras marcas relevantes en el mundo, como Daewoo, Suzuki, Toyota, Renault y otras.

El Informe de gestión financiera y desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial hecho por la ASF determinó que el Sifide “no sustentó la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos otorgados al proyecto Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (Greenfield), siendo General Motors el principal beneficiario”.

Irregularidades en Fondo Pyme

Además de los 300 millones de pesos que pudieron ser entregados a la armadora de autos, la ASF solicita que sean recuperados otros 20 millones de pesos, asignados a organismos intermediarios que gestionan apoyos monetarios ante la Secretaría de Economía para, supuestamente, iniciar proyectos productivos.

La dependencia que encabeza Sojo Aldape tendrá que proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria de los 300 millones 800 mil pesos entregados por concepto de recursos federales del Fondo Pyme no ejercidos ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio Sifide. La ASF no encontró documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos otorgados al proyecto Greenfield.

Por lo anterior, la SE incumple el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, que indica que las erogaciones previstas en este presupuesto, que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse; así como las fracciones II y V de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de los Apoyos del Fondo Pyme que señalan: Contribuir a la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y contribuir a la conservación de empleos formales, respectivamente.

La Secretaría también tendrá que aclarar el destino de otros 20 millones de pesos entregados a la Asociación Civil Red Fosin, órgano conformado por la propia SE, la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa y organismos empresariales del estado, que supuestamente llevaría a cabo el proyecto “Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán”.

Otros 448 mil pesos deberán ser recuperados, pues fueron entregados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados que, según indica la ASF, utilizó el doble de recursos autorizados por el Consejo Directivo del Fondo Pyme.

Ante estos hechos, la ASF promovió la intervención del Órgano Interno de Control en la SE, para que investigue y finque responsabilidades sancionatorias derivadas de “los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron establecer los mecanismos de control para el seguimiento en el avance de los proyectos que recibieron recursos por parte del Fondo Pyme”, mismos que podrían tener un impacto en el erario de 321 millones 248 mil pesos.

Economía, reprobada

De acuerdo con el dictamen de la ASF, la Secretaría de Economía incumplió los objetivos de incentivar la competitividad del país. La dependencia gastó en el último año de la administración de Vicente Fox 6 mil 834 millones 737 mil 500 pesos, monto auditado en el 95 por ciento, es decir, 6 mil 491 millones 221 mil 400 pesos.

El máximo órgano de fiscalización determinó que “la concentración del recurso de apoyo a Pymes en organismos intermedios dificulta el acceso al financiamiento y tecnología de las empresas, debilitando la cimentación de una política de desarrollo de la competitividad, y en consecuencia, no se reflejaron avances en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), en la disminución de la tasa de desocupación; del nivel de importación de mercancías ni en la tasa de mortandad de las pequeñas y medianas empresas durante el periodo 2001-2006”.

La Auditoría destaca un estudio realizado por el Banco Mundial, que indica que las Pymes en México aportan alrededor del 40 por ciento del PIB y emplean al 64 por ciento de la población. Sin embargo, de 200 mil pequeñas empresas que surgen cada año, únicamente 70 mil duran los dos primeros años.

Los apoyos a Ford

En febrero de este año, Fortuna documentó la asignación de más de 1 mil millones de pesos del Fondo Pyme a Ford Motor Company. Los recursos fueron entregados en 2005 y 2006 de manera “opaca y discrecional”, y transferidos a través del proyecto FP2005-2413 denominado Revitalización del Cluster de Innovación Automotriz del Valle de México, constituido por el gobierno mexiquense.

De acuerdo con el documento y con informes publicados por la Secretaría de Economía en su página de internet, otros 100 millones de pesos fueron entregados a Ford Motor Company el 24 de octubre de 2006, en el convenio de adhesión FP2006-2778.

Los apoyos continuaron, y 19 días antes de terminar 2006 fue asignado el monto más alto del proyecto, que rehabilitaría el parque automotriz de Ford. El 12 de diciembre de ese año se entregaron 766 millones 800 mil pesos más, según indica otro convenio de adhesión, el FP2006-2801, registrado en los documentos de la Secretaría de Economía” (Fortuna 61).


Pymes, sin cultura de calidad

La Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), órgano técnico de consulta del gobierno federal en materia de política industrial y comercio exterior, indica que el 65 por ciento de las Pymes son de carácter familiar. Agrega que hace falta una cultura de calidad, ya que más del 80 por ciento de éstas no cuentan con algún tipo de certificación en la materia. La CIPI también señala que el 50 por ciento de las Pymes “no utilizan algún tipo de técnica de calidad” y que sólo el 24 por ciento opera con algún tipo de mecanismo para sondear preferencias de sus clientes. Esto se debe a la “falta de información sobre apoyos gubernamentales”, pues el 86 por ciento de las pequeñas y medianas empresas desconocen la existencia de los programas de apoyo. Uno de los resultados más relevantes del observatorio Pyme fue: la determinación de la baja efectividad de los programas gubernamentales de apoyo, debido a que existe un mercado objetivo confuso y no se ha definido la problemática y segmento empresarial por atacar. Al respecto, la Auditoría Superior señala: “El diseño de los programas no responde a la demanda expresa de las Pymes. Por otra parte, se determinó que las acciones del gobierno no cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación de impacto que les permita realizar un proceso de evaluación para la mejora de sus programas”. (ER)