Su caso es uno más dentro de las 20.000 personas que diariamente viven de la venta independiente en las calles de la ciudad, según datos de la Organización de Trabajadores de la Vía Pública (OTRAVIP). La infracción que le han hecho denuncia "venta de medias en la vía pública sin permiso", sin embargo no existe norma que regule su actividad. Otras veces, un acta similar lo pena por obstruir ese mismo espacio que necesita para vender. Al tratarse de una actividad de subsistencia, en caso de apelar la sanción los fallos judiciales suelen eximirlos de la pena, pero ante el desconocimiento y la desconfianza burocrática, son pocos los que lo hacen. Las cámaras empresarias presionan y las autoridades responden transformando a la venta ambulante en una de las actividades más sancionadas en el distrito y al decomiso de mercadería, en una práctica habitual que pone a los trabajadores en condiciones de una gran precariedad laboral.

La ley de la calle

Eduardo hace veinticuatro años que se dedica a la venta de artículos en la vía pública, siempre en la misma zona. "Yo tengo oficio, soy cortador de ropa, pero a los 35 años ya no conseguía laburo. Entonces tuve que elegir: salir a vender algo o salir a robar. Encima mi hijo ahora quedó desempleado y hay días que viene él a trabajar en mi lugar. Así que los dos vivimos de este puesto. Por eso, los 22 pares de medias que me sacaron hoy, para mi son un montón" cuenta mientras en su rostro, curtido por los años de trabajo a la intemperie, se dibujan nuevas arrugas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el encargado del ordenamiento del espacio público y del otorgamiento de permisos para su uso. Al día de hoy, la única actividad de venta ambulante que ha reglamentado es la de comercio de alimentos, aunque esto no garantice mejores condiciones para los trabajadores del rubro (ver aparte). El resto de los vendedores independientes quedan, por tanto, en permanente infracción. "El artículo 84 del código contravencional dice que está prohibida la venta a toda persona que no tenga un permiso otorgado. Pero saben que no existe un permiso, no se otorga", explica Mirta Figueroa, Secretaria General de OTRAVIP, organización que núclea a los vendedores de la calle y forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Por ley, solo quedan exentas de la contravención aquellas personas que se dedican a la venta de artesanías, de productos considerados "baratijas" o cuya actividad pueda enmarcarse en la "mera subsistencia". Pero quien puede determinar los alcances de estos últimos dos conceptos es el juez que interviene una vez que el decomiso ya fue realizado y solo en los casos en que alguno de los sancionados apele. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha definido este hecho como "lindante con lo persecutorio" en tanto los jueces suelen eximir a los sancionados y, sin embargo, "el secuestro de la mercadería y la imposibilidad de trabajar, constituye un real castigo para quien vive de lo ganado en el día" (resolución n°3025/04).

Que la infracción nunca les falte

El marco normativo que regula al espacio público en la Ciudad de Buenos Aires no se limita al código contravencional. La "venta sin autorización" y la "ocupación de aceras" también son penadas en el Régimen de faltas estipulado por la ley 451 sancionada por la Legislatura de la Ciudad en el año 2.000.

"La falta es una sanción de neto carácter administrativo que no hace cesar la actividad y que sanciona un inspector. La contravención, en cambio, requiere un grado de intencionalidad mayor, conductas parecidas al código penal pero de menor intensidad. En los dos casos suele haber decomiso de mercadería que a veces no se devuelve y debería hacérselo, ya que el Estado solo está facultado para no devolver la mercadería si considera que son cosas que ocasionan un daño o un peligro cierto", aclara Edgardo Fachal, titular de la Dirección de Espacio Público de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay un vacío legal que hace que ocurran todas estas cosas. La defensoría tiene una concepción mucho más amplia que el gobierno de turno acerca del espacio público. No obstante no podemos imponerle al gobierno que saque una ley que reglamente la venta pública y otorgue permisos en determinados horarios. Esa decisión es política y el ciudadano votará o castigará con el voto en relación a lo que él considere que es la política preferible respecto de este tema" asegura Fachal.

Un espacio en disputa

Los vendedores reclaman leyes claras para poder seguir trabajando. "Lo que pasa es que este es un tema tan controvertido que es muy difícil llegar a un consenso. Con los votos que se tiene no se saca una ley para el uso del espacio público", se defiende Rolando Berón, director de Ferias y Mercados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo los 112 inspectores que controlan la actividad y que, según sus palabras, "no tienen la facultad de juzgar, solo tienen que hacer cumplir la normativa".

El despacho de Fachal en la Defensoría ilustra esta compleja situación. Por un lado, se acumulan quejas de vendedores que solicitan permisos o que denuncian persecuciones de las autoridades de control. Por el otro, se apilan solicitudes de intervención de algunos vecinos molestos por la presencia de vendedores y reclamos de comerciantes que esgrimen competencia desleal. Esta última es la denuncia que repiten desde la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para ejercer presión sobre las autoridades porteñas y que suele encontrar eco en los medios masivos de comunicación.

Las dos agrupaciones difundieron en septiembre de 2007 un relevamiento en el que señalaron la existencia más de 4.000 puestos callejeros de venta ilegal y un crecimiento anual de la actividad del orden del 17,4 por ciento. La Cámara Argentina del Comercio (CAC), por su parte, difiere en las estadísticas pero comparte la preocupación y el énfasis en el reclamo. Según ésta, en diciembre de 2.008 había 1.257 puestos fijos de venta ilegal en las calles más importantes de la Ciudad. Sin embargo, Fachal señala que el reclamo por competencia desleal es un tema que también se solucionaría con una reglamentación, "si la hubiera, deberían pagar ingresos brutos. Pero quién se va a inscribir en ingresos brutos cuando después no lo van a dejar trabajar", remarca.

Reventa Corp.

"Lo que más rabia me da es que hay algunos empresarios que tienen 6 o 7 puestos y a esos no los tocan, tienen arreglos con la policía. Es mucha casualidad que justo cuando vienen los controles ellos no armen y los que perdamos seamos siempre los chicos" se queja Eduardo Cassam, con su bandeja de medias colgando del cuello. La solución que propone Fachal desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad es que haya reglas claras: "no se sanciona una ley porque hay muchos intereses y son muy difíciles de equilibrar. Además hay todo un sector que aprovecha esta situación que son las corporaciones de reventa y que están en todos lados".

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, saben de la existencia de estos grupos y encuentran allí un argumento para su función. "Se dice que es mera subsistencia pero en muchos casos los vendedores son rehenes de mayoristas que les dan la mercadería. Esto se ve muy fácil porque tras el decomiso de los productos no van a buscarlos", razona el director de Ferias y Mercados. Eduardo, de reconocida trayectoria en la zona y propietario de un gran número de faltas, sugiere otra interpretación: "Pagar las multas es más caro que lo que vale la mercadería. Prefiero darlas por perdidas."

Dignidad de trabajadores

"Nos ponen faltas o contravenciones, lo que indica que estamos doblemente castigados" resume Mirta Figueroa, que reconoce que al haberse legislado alimentos y no el resto de las actividades de venta, se ha generado una gran dispersión en la lucha por sus derechos y, en la práctica, "hoy cada uno se defiende como puede". La Defensoría ha solicitado al gobierno porteño que modifique el criterio para labrar infracciones a partir de los reiterados fallos de la justicia, pero la situación aún no ha variado. Al respecto, Rolando Berón replica: "si se trata de ´mera subsistencia´ lo que hay que evaluar es si el gobierno tiene un área que atiende a los subsistentes, en cuyo caso yo diría que si. Sino, estamos embozando la mendicidad a través de una pretendida venta en la calle cuando perfectamente, con más dignidad, podrían recibir la tarjeta ´ciudadanía porteña´ que en muchos casos alcanza valores de 400 o 500 pesos por familia con dos hijos para comprar en los comercios habilitados."

Su declaración no llega a los oídos de los vendedores ambulantes de Plaza Miserere, que siguen vendiendo a pesar de que el cielo encapotado deja caer sus primeras gotas. No obstante, desde un banco de maderas algo hinchadas a raíz de la humedad de la tarde, Mirta Figueroa parece responderle: "Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Defendemos nuestra integridad física amenazada varias veces con detenciones y nuestra actividad laboral. Esa es nuestra dignidad de trabajadores. Queremos trabajar dentro de una ley que nos proteja".

– Nota publicada por la Revista Que y reproducida por www.agenciaisa.com.ar