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Los aniversarios sirven para recordar el contexto en el que ocurrieron. Época aquella de mafias empresariales y guardias pretorianas del poder del dinero, sumado a la casi pérdida total de las conquistas de los trabajadores. Pero la década de 1990 ha dejado su resabio, a pesar del rechazo de las mayorías latinoamericanas que hoy se encolumnan en proyectos de transformación alternativos a la lógica neoliberal. Son vientos de agua, que persisten en su intención de avisarnos que la tormenta no se ha ido y que aún espera agazapada en despachos de jueces, políticos y empresarios.

“El poder real, sistema nervioso central del movimiento económico, financiero e informativo-comunicacional en la globalización neoliberal –señala la Federación Latinoamericana de Periodistas– dirige, somete o condiciona al poder político, exprimiéndole provechos al caos, en la pretensión de sellarle todas las salidas a este presente de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. El poder real, que se presenta como naturaleza de las cosas en su necesidad de reaseguros de dominación, nunca deja de renovar sus amenazas atadas a sus beneficios. Tanto que lo hace contra quienes sin atacar su esencia se atreven a intentar pequeñas reformas o, sencillamente, políticas asistencialistas.”

40 periodistas latinoamericanos de seis países perdieron sus vidas en 2010 por la aplicación de diversas formas de violencia, según el informe anual elaborado por la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas. Hace pocos días, Tiempo Argentina informó que dos de los implicados en el asesinato de Cabezas, los policías bonaerenses Sergio Camaratta y Aníbal Luna, estarían trabajando en la Costa Atlántica, integrando una empresa de seguridad en Pinamar. Ambos fueron sentenciados hace diez años a cadena perpetua por el asesinato del fotógrafo, aunque luego resultaron beneficiados por una reducción de las penas y los efectos de la denominada “ley del 2 x 1”, por lo que se encuentran en libertad. Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad intenta delegar la seguridad de la Capital Federal en sectores privados. Iniciativa que debería recordar las innumerables denuncias en torno al vínculo que la mayoría de los integrantes de las agencias de seguridad privadas ha tenido con el aparato represivo durante el terrorismo de Estado. Los casos de Camaratta y Luna refuerzan esta afirmación.

Aún hoy, y a pesar de los avances como nunca antes de los Derechos Humanos, dos casos todavía siguen impunes en nuestro país: Cabezas y Bonino. Ambos cometidos durante la gestión de Carlos Saúl Menem. En el primer caso, el empresario Alfredo Yabrán fue señalado como el autor intelectual del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias. El suicidio del empresario habría confirmado esta hipótesis. En tanto, el asesinato de Bonino, cuya causa fue archivada, reconoce un móvil, de acuerdo a la conclusión a la que arribó la Comisión Investigadora integrada por periodistas y abogados, al señalar que fue la militancia del joven periodista en la organización de prensa, la UTPBA, que por aquellos años movilizó a vastos sectores sociales y de la prensa internacional denunciando públicamente la política del menemismo y sus consecuencias en la sociedad y en la tarea de los periodistas. Lapso en el que se registraron más de 300 agresiones físicas, amenazas y censuras de todo pelaje. En tanto, en Latinoamérica y a lo largo de 2010 se constata que la mayor cantidad de homicidios han ocurrido en Colombia y México, ejecutados por los aparatos armados de los cárteles que manejan el comercio de las drogas. Pero también hay que resaltar la situación en Honduras, donde se denuncia que la represión hacia los sectores que han enfrentado el golpe de Estado ha ido incrementándose y se extiende hacia hombres y mujeres de la prensa y que en su mayoría han ocurrido durante la actual gestión de Porfirio Lobos. Vientos de agua, que anuncian cotidianamente que la tormenta nunca se fue. Incluso, en el propio corazón del imperio, el huracán desatado por los principales centros del poder y sus voceros, los Tea Party, impulsan acciones concretas contra quien debía ser el ejecutor de políticas “más conservadoras” de las que actualmente Obama estaría llevando adelante. Mientras Latinoamérica se dispone, aún con dificultades, a llevar adelante una historia de transformación, la derecha se camufla como un soldado en guerra. Una guerra que sigue teniendo, entre otros blancos, a quienes ejercen el derecho a la información veraz como alternativa al ejército mediático hegemónico. Un ejemplo más es el atentado perpetrado a finales del 2010 contra la FM Nueva Generación de Provincia de Buenos Aires, cuya militancia a favor de democratizar la comunicación y su inserción comunitaria es incuestionable. Hecho que aún no fue esclarecido por parte de la justicia. A 14 años del asesinato de Cabezas, que sirva su recuerdo como disparador para la reflexión y la prevención en torno a toda la impunidad que aún ronda como buitre, sostenida por una casta encaramada en las distintas estructuras del Estado y de los sectores económicos que crecieron a la luz del Consenso de Washington. Aquí y allá, y en nuestro país también, porque en toda historia de transformación, las mayorías ya tienen su sentencia. La impunidad no será eterna.