Lima, 26 de mayo de 2012

Señor Ollanta Humala Tasso Presidente Constitucional de la República Presente

En la fecha he tomado conocimiento de la Resolución Suprema No. 088-2012-JUS que da por concluido mi nombramiento como Procurador Público Supranacional ante instancias internacionales de derechos humanos de la OEA (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) y de la ONU (Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). Este documento culmina una serie de discrepancias insalvables tenidas con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de su gobierno, Juan Jiménez Mayor, sobre la posición que nuestro país debe tener ante dichas instancias supranacionales y sobre la política general de derechos humanos.

Dicha R.S. aparece, además, luego que el señor Jiménez, se viera obligado a dar un paso atrás al tener que rectificar una arbitraria e ilegal decisión interna tomada por él contra el suscrito, al pretender sancionárseme por mi posición y declaraciones sobre el Proyecto minero Conga, así como frente al régimen de los años 90, causante del mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos que terminaron en sentencias de la Corte Interamericana declarando la responsabilidad internacional del Estado peruano por esas graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad (torturas, asesinatos y masacres) así como despidos masivos, abusivos e ilegales de miles de trabajadores y trabajadoras.

Usted conoce, señor Presidente, mi posición sobre los derechos humanos, así como contra la corrupción, y su conexión con el determinante rol que deben tener el Estado y sus funcionarios, como compromiso solemne con los ciudadanos. Lamentablemente, el actual Ministro ha interferido en la estrategia jurídica de defensa del Estado en casos emblemáticos ante el Sistema Interamericano que comprometerá la imagen y credibilidad de su gobierno y del Estado peruano. El progreso efectivo y el desarrollo integral de los pueblos es inconcebible y será inalcanzable si no se asumen y se cumplen, auténticamente, compromisos cruciales para transformar al Perú. Considero que bajo las presentes circunstancias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esa posibilidad y esa propuesta es sencillamente inviable.

Debo agradecerle, sin embargo, señor Presidente, la oportunidad de haber servido a mi país y a mis conciudadanos desde el 16 de setiembre pasado hasta el día de hoy. Conozco, como usted, los riesgos que se corren cuando uno asume reflexivamente y con clara conciencia, posiciones de principio que, por definición categórica, no pueden ser materia de negociación ni claudicación. Y esa es la razón final que explica el fin de mi relación con el actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.

Atentamente,

Luis Alberto Salgado Tantte

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