Un pequeño grupo de inversionistas extranjeros que se enriquece a manos llenas, frente a un país de empresarios quebrados o endeudados hasta la coronilla, obreros desocupados o superexplotados, y campesinos sumidos en la miseria, es el saldo más simple, pero a la vez más exacto, que arroja el neoliberalismo, a 17 años de su aplicación en Bolivia.

Instalado como la receta mágica para derrotar la crisis de la hiperinflación y reconducir al país por la senda del desarrollo, el modelo neoliberal no sólo se ha revelado incapaz de alcanzar sus objetivos inmediatos, sino que prolongó su reinado deformando la economía boliviana, al punto de convertirla en una grotesca caricatura, donde un puñado de poderosas transnacionales monopoliza los sectores más lucrativos, a costa de la destrucción y el empobrecimiento del resto del país.

El club de los ganadores

"Las empresas transnacionales y, en general, los inversionistas extranjeros, han sido los más favorecidos por las políticas estatales a partir de la privatización y la capitalización de las empresas estratégicas del Estado", señala un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), al repasar los más importantes hitos de la política neoliberal en Bolivia.

La presencia de monopolios y/u oligopolios en la economía privatizada, junto a la vigencia de marcos de regulación ambiguos y una débil capacidad estatal de fiscalización y negociación, otorgaron -según el informe- excesivas ventajas a las empresas, fijando precios y tarifas que determinan una alta rentabilidad del negocio, en desmedro de los consumidores y de los ingresos fiscales.

Simultáneamente, el sector exportador ligado a la explotación y comercialización de materias primas -en especial la industria extractiva: minerales e hidrocarburos- también se ha alimentado de los favores de las políticas neoliberales.

Esto ha permitido, por ejemplo, que la oferta exportable del país se mantenga constituida fundamentalmente por productos primarios, mientras que los productos con valor agregado no han superado el 15 por ciento de las exportaciones efectivas durante la década del noventa. Del mismo modo, el modelo económico ha favorecido la tendencia a la concentración del valor total de las exportaciones en manos de pocas empresas. Hasta el año 2000, el 83 por ciento de las exportaciones estaba concentrado en 20 empresas.

El país en crisis

En el otro lado de la balanza, una masa de casi 300 mil trabajadores deambula en las principales ciudades bolivianas en busca de empleo. La tasa abierta de desocupación, situada en un 6 por ciento hace una década, se ha duplicado hasta alcanzar el 12 por ciento según las siempre conservadoras cifras oficiales, pero la gran mayoría de los nuevos empleos generados durante los últimos años -el 70 por ciento- corresponde al sector informal de la economía, donde los salarios y las condiciones generales del trabajo se inscriben dentro de los más bajos de la región. El desarrollo de actividades manufactureras, en particular de aquellas cuya producción se destina al mercado interno, no tuvo durante estos 17 años políticas de incentivo desde el Estado, lo cual impidió la modernización de la industria, y el inevitable debilitamiento de su potencial en la generación de productos y empleos.

Por otra parte, la apertura comercial y la liberalización de precios han desembocado no sólo en el empobrecimiento del campesinado andino, sino que se ha transformado la estructura productiva del campo y el tipo de consumo del campesino; se ha incrementado la auto explotación y se ha modificado la organización de la familia y la comunidad con el crecimiento de la emigración.

Salvavidas para los empresarios

Entre tanto el nuevo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ha llegado al convencimiento de que es imprescindible la mano del Estado para impedir el colapso económico y la ruina de los empresarios nacionales, azotados sin piedad por el libre mercado.

La reducción de impuestos, la entrega de recursos para reestructurar las empresas, mayores facilidades para el pago de deudas bancarias y obligaciones sociales, y la eliminación parcial de deudas tributarias figuran en la agenda gubernamental.

Sánchez de Lozada, un próspero empresario minero que ha incorporado a su gabinete a varios empresarios y banqueros, presentará en un mes el plan anticrisis, el cual ha sido calificado por el superministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Guillermo Justiniano, como una "ruptura de la ortodoxia del modelo neoliberal". Según el superministro, la extrema ortodoxia con la que Bolivia abrazó el libre mercado habría provocado, entre otros factores, la debacle del aparato productivo y la virtual bancarrota de los empresarios, quienes fueron sistemáticamente abandonados a su propia suerte.

El plan, sin embargo, se orienta limitadamente a conceder una tregua a los empresarios, no incluye ninguna medida específica en favor de los sectores más empobrecidos y tampoco pretende modificar los aspectos fundamentales del modelo. Así, se prevé, por ejemplo, la profundización del libre comercio, con la adhesión de Bolivia al ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), o la modificación de la Ley General del Trabajo, que tiene el propósito de reducir el costo de la mano de obra y recortar al máximo los derechos de los trabajadores. Igualmente, está ratificada la decisión gubernamental de mantener en pie la libre contratación y despido de trabajadores. En pocas palabras, el modelo boliviano extenderá una generosa mano a los empresarios, pero mantendrá el puño cerrado contra los trabajadores de las ciudades y el campo.