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Adolfo Pérez Esquivel

“La situación en Haití es muy crítica, el deterioro de las instituciones del Estado es muy fuerte, el gobierno es más formal que real, y hay todo tipo de dificultades como bandas armadas de policías, narcotraficantes o delincuentes comunes que se enfrentan en intensos tiroteos en las calles”, describió Pérez Esquivel desde Puerto Príncipe.

El dirigente del no gubernamental Servicio de Paz y Justicia encabeza una misión de 15 organizaciones de la red continental Jubileo Sur que viajó a Haití el 3 de abril para verificar las condiciones de vida de la población, la situación de los derechos humanos y el funcionamiento de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), de la que hace parte un importante contingente militar latinoamericano.

Pérez Esquivel aseguró que la delegación de la sociedad civil, de la que también participa la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, observó “muchísimos problemas en la zona franca, donde se trabaja en condiciones de esclavitud” y “continuas violaciones a los derechos humanos” en todo el país.

Los activistas se reunieron con organizaciones humanitarias y de mujeres, y con el primer ministro interino Gérard Latortue, quien negó la existencia de los crímenes denunciados. También visitaron cárceles en las que hay “más de mil presos políticos sin proceso”, dijo Pérez Esquivel.

Los delegados se entrevistaron con el relator de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los derechos humanos en Haití, el jurista francés Louis Joinet, quien expuso asimismo un panorama muy crítico de la situación haitiana, con el Poder Judicial prácticamente imposibilitado de actuar y los políticos moviéndose con “total impunidad”.

Ante esa realidad, las elecciones haitianas previstas para octubre y noviembre de este año “están en duda”, opinó Pérez Esquivel, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha en defensa de los derechos humanos conculcados por la última dictadura militar argentina (1976-1983).

“El gobierno dice que (los comicios) se harán, pero hasta ahora no se abrió el diálogo a las organizaciones sociales y políticas. No sabemos que pasará de aquí a octubre”, añadió.

Haití vive una situación de caos desde el 29 de febrero de 2004, cuando fue derrocado el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide mientras el control del territorio caía en manos de bandas armadas conformadas por delincuentes y ex soldados del ejército que el propio mandatario había disuelto.

La Minustah, dirigida por el chileno Juan Gabriel Valdez y con comando militar brasileño, está en funciones desde mediados del año pasado, cuando relevó a las fuerzas estadounidenses, francesas y canadienses presentes desde la caída de Aristide.

Pero su gestión ha estado bajo crecientes críticas en los últimos meses, ante las evidencias de que grupos armados continúan controlando porciones del territorio mientras la violencia no cesa.

Los jefes de la Minustah niegan las acusaciones y reclaman que Estados Unidos, la Unión Europea y las agencias financieras multilaterales aporten los fondos comprometidos para la reconstrucción de Haití (el país más pobre del hemisferio occidental), sin la cual no será posible la pacificación, aseguran.

Pérez Esquivel reconoció que Haití no era Irak. Pero la situación es grave e inclusive podría empeorar si Estados Unidos no envía los recursos prometidos y se agudizan el hambre, la pobreza y la exclusión social, sostuvo.

Los donantes prometieron más de 1.000 millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo, pero casi nada de ese monto ha llegado al país.

Pérez Esquivel aseguró haber recibido denuncias de violaciones a mujeres, golpizas y torturas que involucraron a uniformados argentinos, brasileños y de otras nacionalidades de la Minustah, una fuerza de 7.400 efectivos militares y policiales integrada por una treintena de países, siete de ellos latinoamericanos.

Pero dichas denuncias no han sido aún confirmadas, añadió.

En las próximas horas, los activistas se entrevistarán con el general brasileño Augusto Heleno Pereira, comandante de las tropas de la ONU.

La participación latinoamericana en esa misión militar fue una decisión controvertida.

El ex sacerdote y dos veces presidente Aristide dejó el país a bordo de un avión estadounidense que lo condujo a Africa, y horas después Haití fue ocupado por una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos.

Aristide dijo haber sido secuestrado tras caer en un “moderno golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos y Francia.

La Minustah, que reemplazó en junio a las tropas dirigidas por Estados Unidos, recibió fuertes críticas en el informe “¿Manteniendo la paz en Haití?” elaborado por la Escuela de Derecho de la estadounidense Universidad de Harvard y por el brasileño Centro de Justicia Global, divulgado este mes.

El documento condena explícitamente a Brasil por apoyar a la policía haitiana en su determinación de desmovilizar a los miembros del partido de Aristide, Lavalas, en lugar de proteger a los civiles y velar por los derechos humanos.

El brasileño Pereira replicó que el informe no tenía fundamento, pero señaló que el mandato dado a la Minustah por el Consejo de Seguridad de la ONU estaba encuadrado en el artículo 7 de la Carta del foro mundial, que autoriza el porte de armamento adecuado como factor disuasorio y el uso de la fuerza como último recurso para proteger a los civiles.

La misión presidida por Pérez Esquivel, integrada también por representantes de organizaciones de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Canadá, finalizará sus funciones este viernes con una declaración a divulgarse en Haití.

Más adelante, los activistas elaborarán un informe que presentarán a la ONU y a los países que participan en la misión.

IPS