Un buen autorretrato de la sociedad mexicana, la real, no la maquillada por los poderes públicos y fácticos: “Nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas opinan que existe discriminación por su condición”.
La fuente es impecable. Son los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Josefina Vázquez Mota, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, presidido por Gilberto Rincón Gallardo.
Para ilustrar la conclusión a la que, según la encuesta, llegó el 90 por ciento de los mexicanos, déjeme compartirle que “una de cada tres personas (30.4 por ciento) pertenecientes a dichos grupos”, percibe haber sido segregada por su condición durante el último año y “30 por ciento ha sido discriminado en el trabajo.
Los indios —como los que están organizados demandan se les llame, pero una actitud paternalista ante la carga racista del termino, lo impide—, son los que contarían con más discriminadores porque 40 por ciento de los encuestados están dispuestos a organizarse para evitar que se establezcan cerca de su lugar de residencia.
Un último dato: 48.4 de los mexicanos no estarían dispuestos a compartir su casa con un homosexual, 20.1 por ciento con un indio y 15 por ciento con una persona con discapacidad.
La secretaria Vázquez Mota, también escritora -Dios mío, hazme viuda por favor. El desafío de ser tú misma—, aspirante y suspirante a sustituir a Santiago Creel Miranda, pareciera que descubrió el hilo negro con la encuesta: “medición cruda, dolorosa y estremecedora de nuestra realidad”.
No son dables otros resultados cuando por ignorancia e incontinencia verbal Vicente Fox vierte expresiones racistas contra los negros e intolerantes hacia los medios impresos. O cuando instruye al vocero Rubén Aguilar Valenzuela a convertir al jefe de gobierno del Distrito Federal en “el señor López”, con una terrible carga clasista.
En efecto, López somos todos los que no poseemos un apellido de abolengo y tampoco lo podemos comprar como Roberto Hernández Ramírez con el poder descomunal de su firma. Mucho menos inventar, como ahora está de moda, al convertir en apellidos compuestos los de los padres célebres para exprimirlos.
Si junto a la virtualmente cancelada movilidad social, ahora se pretende clausurar el ingreso a las élites gobernantes a los que no tengan antecedentes en el poder público en dos o más generaciones -Creel, Lázaro Cárdenas Batel, Roberto Madrazo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel Bartlett—, ello significaría la institucionalización de la discriminación por razones políticas.
La discriminación sólo puede ser abatida desde la escuela —desde el jardín de niños— y los medios de comunicación. La estigmatización de un niño empieza con la crueldad inconsciente de otro. Y la principal reproductora de estereotipos y prácticas discriminatorias es la mediocracia, destacadamente Televisa y Tv Azteca. Pero hasta Rincón Gallardo declina que se les someta al imperio de la ley, bajo el pretexto de no caer en actitudes de censura y que ellos “se regulen solos”.
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