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El lunes 16 de Mayo, centenares de indígenas bolivianos descendieron desde los suburbios que rodean su capital, La Paz, demandando al gobierno de Carlos Mesa un aumento en los impuestos a las corporaciones transnacionales del 18% al 50%. Esa misma noche la marcha finalizó con un baño de gas lacrimógeno, balas de goma y agua a presión. A partir de allí, sus demandas cambiaron. Los manifestantes, pertenecientes al “pacto de unidad” [1], regresaron a las calles el martes 17, demandando ahora la nacionalización total de las compañías de petróleo y gas, la clausura del Congreso y la destitución del presidente.

Continuaron las protestas bajo estas nuevas consignas exigiendo un gobierno responsable y una política de hidrocarburos capaz de asegurar que las vastas reservas naturales de gas en el país -las segundas más grandes de Latinoamérica- puedan ser usadas para responder a las necesidades sociales del pueblo boliviano.

Esta no es la primera protesta. En octubre de 2003 cientos de miles de indígenas aymarás y quechuas, junto a los mineros, tomaron las calles para alzarse contra la privatización de las compañías de agua y gas natural y la decisión de construir una tubería de gas natural que exportaría el recurso natural atravesando Chile. El entonces vicepresidente del gobierno, Carlos Mesa y el anterior presidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada condenaron la violencia de lo que se conoció como la “Rebelión de Octubre de 2003”. Sin embargo Mesa ha seguido como presidente los mismos pasos de su antecesor, continuando con la sumisión a los Estados Unidos y a las instituciones económicas internacionales y aceptando la privatización de las compañías de agua y gas natural.

Guillermo Aruguipa Copa pertenece al mayor partido político de Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) y es miembro de la Comisión de Desarrollo Económico en el congreso de Bolivia. Dice que los bolivianos ya no hacen distinción entre Mesa y Sánchez. “El pueblo boliviano está desmoralizado. Mesa tiene la misma “gente de confianza” que Sánchez. Mucha de la gente que tomó decisiones en el gobierno de Mesa es parte del gobierno de Sánchez”.

La frágil estabilidad política en que se mantenía en el país estuvo a punto de colapsar en marzo, cuando nuevamente Mesa demostró ser más un aliado de EE.UU. que un servidor público del pueblo boliviano, negándose a firmar la Ley de Hidrocarburos con el argumento de que ahuyentaría la inversión extranjera. Esta ley quería imponer a las corporaciones energéticas un impuesto de 32% (manteniendo el 15% de las regalías), requería renegociar los contratos con el gobierno y fue apoyada en principio por los manifestantes. Pero la intransigencia de Mesa los llevó a radicalizar sus demandas. Antes de iniciarse las protestas, Mesa amenazó con su renuncia como una medida de chantaje para persuadir que aceptaran su decisión.

Los 157 miembros del Congreso Boliviano prolongaron la fachada de estabilidad en esta “ingobernable” nación andina al rechazar unánimemente la oferta de renuncia de Mesa. La protesta fue acallada usando una salida legislativa, abriendo espacio a Hormando Vaca Díez -presidente del Congreso- quien promulgó la ley sin la firma de Mesa el 17 de mayo.

Mientras Mesa logró evitar enfurecer a sus aliados neoliberales y (al menos temporalmente) librarse del mismo destino que Sánchez de Lozada, el pueblo de Bolivia desilusionado con su gobierno, fue capaz de imponerse y lograr la promulgación de la ley. Aruguipa, mostró la temperatura del clima político, asegurando que “el pueblo ya está movilizado... están pidiendo que el gobierno de Carlos Mesa siga el mismo sendero que el de Chávez”.

Desde la elección de Hugo Chávez Frías en 1998, la democracia venezolana evolucionó desde un sistema de privilegio elitista a un instrumento tangible de igualación social. Basada en la participación popular y la inclusión, ha promovido a la antes marginalizada mayoría, alterando la estructura de la sociedad y la política venezolanas. Riberg Díaz, trabajador de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el Estado Zulia dice: “Estamos haciendo el trabajo fundamental de consolidar la justicia social, la paz, y una democracia verdadera. Los trabajadores (en el Zulia) no sólo están cumpliendo una jornada de 8 horas, sino que están defendiendo la soberanía y la seguridad (de PDVSA), y su participación en el proceso revolucionario”.

Partiendo de que un país no puede tener democracia si sus mayorías son analfabetas, están desempleadas y sufren de malnutrición, el gobierno bolivariano, solamente el año pasado, dedicó más de 3.7 millardos de dólares en educación, nutrición, salubridad y empleo. A través de las misiones de educación, el analfabetismo está casi erradicado y cientos de miles de personas tienen hoy la oportunidad de acceder al bachillerato o a las universidades. Cooperativas, microcréditos y programas de desarrollo endógeno están aminorado el desempleo. Barrio Adentro, un programa que intercambia petróleo venezolano por el servicio de médicos cubanos, ha proporcionado a millones de venezolanos el libre acceso a la salud en sus propios barrios. Aproximadamente 10 millones de personas compran sus alimentos en la Misión Mercal, los establecimientos subsidiados propiedad del gobierno, donde adquieren víveres de alta calidad con descuentos hasta del 50%.

Lejos de constituir una dosis de populismo diseñada para llenar las necesidades inmediatas y ganar votos, Chávez promueve una estrategia orientada a cambiar a Venezuela, de un país rico en petróleo a un estado soberano, cuyo pueblo aproveche productivamente sus recursos naturales. Éste es un logro que se proyecta dentro y fuera de Venezuela.

Para asegurar que la mayor parte de las ganancias producto del petróleo alcancen a los ciudadanos venezolanos en lugar de llenar los bolsillos corruptos y explotadores de las corporaciones trasnacionales, el gobierno bolivariano anunció el mes pasado que restablecerá su soberanía sobre la industria del petróleo, implementando finalmente la Ley de Hidrocarburos de 2001.

Esta Ley de Hidrocarburos estipula que cualquier inversión en el sector petrolero deberá ser una “joint venture” en lugar de contratos de servicios. Eso limita a las compañías extranjeras a participar en los proyectos con solo un 49% de la inversión, PDVSA se reserva por lo menos un 51% de la inversión total. Aumentando además las regalías (el dinero a pagar al gobierno cuando una compañía extranjera extrae recursos) del 1% al 16% para la producción del crudo extra pesado de la faja del Orinoco y del 16.6% al 30% en el resto del país [2].

El gobierno ordenó además al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) que investigara los 32 convenios operativos que actualmente se mantienen con compañías extranjeras y que tomara acciones legales contra cualquier trasnacional que hubiera incurrido en fraude fiscal. Según el Ministro de Energía y Minas y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el 90% de las empresas implicadas utiliza documentos falsificados que permiten declarar pérdidas y de ese modo no pagar en su totalidad los impuestos y/o las regalías, causando pérdidas combinadas al gobierno venezolano, que llegan a los 3 millardos de dólares en impuestos y 1 millardo en regalías. Adicionalmente se conoció que muchas de estas trasnacionales han roto las condiciones de sus contratos al incrementar en algunos casos su producción al doble de la cuota estipulada, o en otros al realizar mezclas de petróleo pesado y liviano, sin cumplir con la estipulada transferencia de tecnología hacia PDVSA.

La amenaza de un buen ejemplo

Venezuela ha sido simultáneamente señalada por Washington como un miembro del “eje de la subversión” y a la vez reconocida por los izquierdistas como un ejemplo de democracia que, de ser manejada por una elite, se convierte en participativa e inclusiva. Tal sentimiento contradictorio internacional se refleja en la polarización doméstica entre quienes aman y quienes odian al carismático líder venezolano. Sin embargo, la polarización en la política venezolana, tanto nacional como internacional, está lejos de estar dividida 50/50. El último estudio realizado por Datanálisis, una empresa encuestadora tradicionalmente ligada al partido de oposición Acción Democrática, señala un 71%, de aprobación a Chávez, cuya popularidad nunca ha sido mayor que en el presente.

Internacionalmente, mientras la idea del "socialismo del siglo XXI" se expande a través de América Latina y la versión Bolivariana de la justicia social resuena aún más en la inmensa mayoría de los latinoamericanos; aumentan visiblemente las convocatorias a emular las políticas de Chávez. Han reverberado desde México -donde la perspectiva presidencial de López Obrador amenaza con cambiar la tradicional dominación económica norteamericana- hasta Uruguay, donde Tabaré Vázquez rompió con 170 años de dominación bipartidista en la política uruguaya, con una propuesta de esperanza hacia lo que puede ser un cambio orientado a lo social.

Sin embargo, sería erróneo generalizar que la influencia de la revolución bolivariana ha dado nacimiento a un cambio político hacia la izquierda en América Latina. Se dice frecuentemente que las tres cuartas partes de los países latinoamericanos están gobernados por líderes “izquierdistas”, basándose en el mero hecho de que estos líderes se postularon desde plataformas de izquierda, o perteneciendo a partidos asociados tradicionalmente con la izquierda. Los pueblos de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú votaron por líderes que presentaron en sus campañas propuestas anti-imperialistas y anti-neoliberales; propuestas mucho más radicales que las políticas que implementaron una vez elegidos. Esto explica las protestas en Ecuador y Bolivia, el apoyo del 4% al presidente peruano Alejandro Toledo; el descenso mostrado en la votación por el partido de los trabajadores de Lula en las últimas elecciones regionales y la muchedumbre de cientos de miles de mexicanos, reunidos en el Zócalo, para ovacionar a López Obrador.

El presente alzamiento social a lo largo de toda Latinoamérica muestra el disgusto de los pueblos por la conducta ambigua de sus líderes electos. Antes de Chávez los latinoamericanos demandaban cambios, mayores beneficios y mejores condiciones de trabajo, servicios sociales y oportunidades de educación. Con la llegada de Chávez, tienen ahora un ejemplo concreto a seguir y han tomado a la revolución bolivariana como un modelo de cambio para sus propios países.

“No tenemos nada”, dice Aruguipa, “por lo tanto, no hay otro camino que recuperar nuestros recursos estratégicos (...) es la clave para nuestras futuras generaciones”, y continúa diciendo: “Es por eso que yo creo que nos han fortalecido las acciones de Chávez. Este fortalecimiento se ve por todos lados en Bolivia, tanto en el congreso como en las reuniones en las distintas organizaciones sociales.”

Los logros de la revolución bolivariana han forzado a los candidatos y a los presidentes latinoamericanos a caminar sobre una delgada línea que oscila entre pretender seguir el ejemplo de Chávez para no perder a sus bases y no molestar a Washington.

Como lo han demostrado los fracasados esfuerzos realizados en las giras recientes de Rumsfeld y Rice para aislar a Venezuela, pareciera que América Latina está priorizando sus nexos políticos con Caracas antes que con Washington.

Riberd Díaz, obrero de PDVSA Zulia dice sin embargo, que hay que tener mucho cuidado, que no es el estilo de Chávez sino el triunfo de la revolución bolivariana lo que resuena en los pueblos del mundo. “Bush y la CIA dicen que es la influencia de Chávez. No es cierto, Es la revolución bolivariana quien tiene influencia. Otros movimientos toma la revolución bolivariana como punto de referencia. Y la revolución bolivariana ha influenciado a nivel internacional, no sólo en América Latina sino en España, en Francia, en Iraq e Iran (...) Todos los días el pueblo asume una gran conciencia, un gran compromiso con América Latina, con el mundo, con la paz y con los explotados”, afirma Diaz apasionadamente.

Esto es precisamente lo que hace a Chávez tan peligroso para Washington. Con frecuencia la razón de los ataques de Washington a la revolución es superficialmente fundamentada en la esencia de lo económico: el petróleo. Sin duda la importancia geopolítica del petróleo venezolano para la economía norteamericana no puede ser desestimada, las reservas venezolanas de petróleo -las mayores en el hemisferio occidental- llegan a 78 millardos de barriles, más 1.2 billones de barriles en crudos pesados. Sin embargo, esta es una relación de reciprocidad: Los EE.UU. dependen de la capacidad de Venezuela para producir petróleo tanto como Venezuela depende de la capacidad de EE.UU para consumirlo.

No obstante, el control de Chávez sobre uno de los recursos geopolíticos más importantes del mundo, no es lo que lo hace más peligroso. Washington teme al Presidente venezolano y a su revolución Bolivariana por el ejemplo que da a los otros países. Y la política de EE.UU ha sido siempre la de aplastar toda alternativa.

¿Por qué razón Estados Unidos habrá invadido Granada, una pequeña Isla de 100 mil personas? Nunca ha sido lo que pueda llamarse una mina de oro geopolítica. ¿Por qué fue invadida Haití, la nación más pobre en el Hemisferio occidental, por una coalición dirigida por los Estados Unidos? ¿Por qué entre los años 1960 y 1980 la CIA entrenó y financió a las fuerzas policiales de Guatemala para asesinar, desaparecer y torturar a 200 mil ciudadanos, y por qué se repitió el mismo patrón en otros países, entre los cuales estuvieron El Salvador, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile? ¿Por qué Washington invadió a Panamá en 1991? ¿Por qué mantiene durante 45 años un embargo al pueblo cubano? ¿Por qué invirtió millones de dólares en destruir la revolución pacífica en Nicaragua, sus comunidades de base cristiana, sus talleres de poesía y su campaña de alfabetización?

La estrategia consiste en impedir la existencia de un ejemplo. En el libro The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War (2004), Greg Gandin argumenta que la batalla ideológica no fue entre el capitalismo y el comunismo, sino entre dos formas de democracia: una tibia y conservadora y la otra vibrante y con la posibilidad de cambiar el tejido social. Los EE.UU arremetieron ante cualquier país que pretendiera implementar la segunda. El gobierno estadounidense ha chantajeado, matado y aplastado cualquier forma de soberanía o resistencia desde la creación de la doctrina Monroe.

La Guerra Fría acabó, sin embargo esta batalla entre las dos democracias continúa. Desde que Mesa asumió el poder en el 2003, en Bolivia han tenido lugar cerca de 900 protestas (y sigue la cuenta), y la dirección que tomará la nación andina está lejos de verse con claridad. Las palabras de Aruguipa indicando que Evo Morales es “el líder natural de Bolivia” y está listo para liderar a Bolivia, son cuestionables. Morales y el MAS quieren aumentar las regalías sobre las transnacionales hasta el 50%, además del impuesto del 32%. Sin embargo, los recientes discursos de Morales parecen estar desinflados y fuera de las realidades de las encendidas marchas y protestas del pueblo, y los llamados por parte del líder del MAS a cesar el bloqueo de las vías en las principales ciudades del país no han sido obedecidos. Líder natural o no, en las palabras de otro líder del MAS, Romas Loayza: “Las masas nos están sobrepasando. Queremos marchar por más regalías mientras que ellos quieren la nacionalización. Y por esa última lucharemos”. Dionisio Nuñez, diputado del MAS, está de acuerdo: “Vamos a luchar en contra la ley. Los que protestan tienen que seguir porque en el Congreso no son todos los senadores y diputados los que defienden al pueblo. A veces defienden a las multinacionales”, afirmó.

Las exigencias del pueblo boliviano no giran ahora en torno al incremento de las regalías o los impuestos, como propone el MAS, sino que quieren la nacionalización absoluta y hasta la expropiación sin compensación. Ellos argumentan que las transnacionales han saqueado los recursos naturales de Bolivia y han explotado y empobrecido al pueblo. El solo hecho de aumentar los impuestos es visto como algo poco importante. “El pueblo tiene el derecho a nacionalizar y a expropiar”, dice Jaime Solares, líder de la Central Obrera Boliviana, agregando que: “el pueblo ya no cree en el neoliberalismo.”

Mientras que a Washington le gustaría aislar a Chávez, al presidente cubano Fidel Castro, a los que protestan allá en Bolivia y a cualquiera que amenace el status quo; fracasa al no darse cuenta que mientras se profundiza la revolución bolivariana, no es probable que los pueblos de América Latina aguanten ya más el sistemático incumplimiento de las promesas realizadas en las campañas políticas por sus políticos tradicionales. Dentro del contexto de los logros del modelo bolivariano, es probable que en los demás países aumenten las protestas y el descontento mientras los líderes elegidos no prueben ser fieles a su retórica y logren traer resultados concretos y un cambio profundo.

Washington, a través del apoyo indirecto (y probablemente directo) dado al breve golpe y el cierre de la industria petrolera en 2002-2003, intentó pasar por encima de Chávez y destruir la Revolución Bolivariana. Fracasaron en el intento. Ahora el éxito de la revolución bolivariana se extiende desde Tijuana hasta Tierra del Fuego y las voces de los pueblos de América Latina están demandando más fuerte que nunca un cambio radical. ¿Cuál será el próximo movimiento estratégico de Washington?

¿Será suficiente con apagar la llama de inspiración, ejemplo y esperanza que la revolución bolivariana ha encendido en millones de corazones en el “patio trasero” de los Estados Unidos?

“Chávez no está solo”, afirma Evo Morales. “El pueblo de América Latina está con el, esa es la nueva realidad.”

Traducción: Ricardo Infante

[1] El Pacto de Unidad incluye organizaciones tales como la Federación de Vecinos Unidos de El Alto (FEJUVE-El Alto), La Central Obrera Regional (COR-El Alto), La Universidad Pública de El Alto, La Central Departamental de Trabajadores, la confederación de la gente originaria, la Federación Campesina de la Paz "Tupaj Katari," la Central Obrera Boliviana, la Unión de Profesores de El Alto y La Paz, plantadores de coca y mineros, entre otros.

[2] Además del incremento de las regalías, la Ley de Hidrocarburos disminuyó los impuestos del 67% al 50%. Los pagos a las transnacionales no serán más realizados en dólares, sino en Bolívares, Las gastos tales como ropa, vehículos y comida ya no podrán ser cobrados a PDVSA.