El Perú tiene como uno de sus ejes de desarrollo a la minería, la que debería ordenarse bajo un esquema de responsabilidad ambiental, legitimidad social y equidad en la distribución de las riquezas generadas.

Lamentablemente, este esquema no se cumple, o se cumple a medias, pues muchas grandes empresas mineras no pagan regalías y gozan de indebidos y abusivos privilegios tributarios, escamoteando lo que corresponde al país. Un ejemplo es lo que sucede en Arequipa con el proyecto de ampliación de Cerro Verde.

Sociedad Minera Cerro Verde consiguió a fines de 2004 que el Ministerio de Energía y Minas le concediera el cuestionadísimo beneficio de “reinversión de utilidades” libre de impuestos –hasta por US$ 800 millones– para su proyecto de ampliación (Cerro Verde II). Ello, aunque el año 2000 se derogó la ley que permitía estas “reinversiones”.

La “reinversión de utilidades” permitirá a la minera descontar de sus utilidades hasta US$ 800 millones para invertirlos en Cerro Verde II, reduciendo drásticamente su pago del Impuesto a la Renta y el canon minero para Arequipa para los próximos años.

Así, la empresa ya anuncia que aunque el 2004 pagó US$ 40 millones por Impuesto a la Renta, para este 2005 pagaría apenas US$ 14 millones (aunque duplica sus utilidades del año 2004 al 2005).

Como si ello no bastara, Cerro Verde no paga las regalías mineras que debía abonar desde el 2004, alegando estar protegida por un convenio de estabilidad tributaria. Desafía así el fallo del Tribunal Constitucional que estableció que las regalías mineras no son un tributo y deben cobrarse universalmente.

Esto es gravísimo y debe corregirse. El Ministerio de Energía y Minas ha sido ambiguo ante las denuncias sobre los excesivos e indebidos beneficios otorgados a Cerro Verde II.

Se ha limitado a declarar, tímidamente, que Cerro Verde II pagará regalías en el futuro –lo cual ha rechazado la empresa– pero sigue exceptuando al proyecto original (Cerro Verde I), cuando la regalía debe aplicarse universalmente, tal y como sentenció el TC. Lo más preocupante respecto a Cerro Verde II es que no se trata de un caso excepcional de abuso e inequidad en la distribución de las riquezas generadas por la explotación de nuestro patrimonio minero.

En realidad, sólo refleja la política establecida por el fujimorismo –y mantenida por Toledo– de “privatizar” nuestros recursos naturales nacionales, convirtiendo nuestros yacimientos y canteras mineras, el petróleo, los bosques y aguas, en propiedad exclusiva de las grandes trasnacionales, que pueden usar y abusar –con mínimo control y mínimas obligaciones– de lo que es de todos los peruanos.

Somos un país donde la pobreza golpea a más de la mitad de la población. No podemos aceptar la barbaridad de que se regalen nuestras riquezas sin recibir una justa compensación. Basta de generosidades con la multinacional foránea y de mezquindades con el Perú. Es hora de poner un alto a excesos como los de Cerro Verde II.