Para el Gobierno, la crisis del Estado centralista tiene su origen en los principales polos de acumulación del capital que han provocado inequidad en el desarrollo socioeconómico y cultural de los territorios, grandes flujos migratorios internos y externos e ineficacia en la acción gubernamental. Para cambiar esta situción el régimen propone una Reforma Integral y Democrática del Estado, encaminada a una transformación institucional incorporando un nuevo modelo territorial, una nueva división político-administrativa, un nuevo sistema de representación y una rediefinición de lo fiscal. Un nuevo modelo territorial, según el Gobierno, “que fortalezca todos los niveles del Estado, que clarifique las competencias, sistematice el marco normativo, genere información para la toma de decisiones, y monitoree la ejecución de las políticas públicas con incidencia territorial”. Para ello se piensa en una nueva división política-administrativa que, entre otras reformas, suponga la creación de regiones descentralizadas y/o desconcentradas, y el establecimiento de un conjunto de incentivos que conlleven mayores niveles de autonomía regional.

Para el Gobierno, el Estado tendrá la siguiente división político-administrativa: parroquias, distritos, cantones, distritos metropolitanos autonómicos, provincias, regiones y regímenes territoriales especiales (Insular, territorios indígenas y territorios de comunidades afroecuatorianas). “Las regiones autónomas, por lo mismo, no podrán establecerse sino entre provincias contiguas y en su diseño final no podrán constituir entidades que, comparativamente unas con otras, constituyan desequilibrios regionales por la demografía, recursos y posibilidades de desarrollo socioeconómico. Las regiones descentralizadas y desconcentradas asumirán paulatinamente mayor número de atribuciones y competencias políticas, administrativas y fiscales en el marco de un proyecto de reforma integral del Estado”. Para ello se propone un sistema de representación según el nivel de gobierno autónomo expresada en el Ejecutivo Regional o Consejo Regional (integrado por prefectos de la región autónoma y un delegado del Presidente de la República, quien presidirá el Consejo); Asamblea Regional (integrada por los diputados y representantes de las provincias de la región); Ejecutivo Provincial (integrado por los prefectos de la provincia por elección popular); Consejo Provincial (integrado por alcaldes o delegados de las provincias, delegado del Presidente de la República, y el presidente de las juntas parroquiales; Ejecutivo Cantonal (integrado por alcaldes de elección popular, quienes serán los titulares del poder Ejecutivo en el nivel cantonal y tendrá competencias administrativas autónomas de conformidad con la nueva Constitución y con la ley); Concejo Cantonal (integrado por miembros electos en distritos plurinominales, más dos delegados por todas las juntas parroquiales del cantón); Distritos (con participación ciudadana, y ejecución de acciones delegadas por el respectivo municipio); y la Junta Parroquial (en cada parroquia existirá una instancia de participación ciudadana, que ejecutará acciones delegadas por el respectivo municipio).

Para el analista político, Alejandro Ríos, el crear un Régimen de organización especial paralelo al Régimen seccional desembocaría en la dominación de las grandes ciudades. Según el analista, Guayaquil y Quito concentrarán para sí las asignaciones presupuestarias, no solo por el volumen poblacional, sino por la capacidad contributiva, los logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia administrativa. “La capacidad contributiva es un ejemplo: el 81,5% de las recaudaciones totales del país (2005) están concentradas en Pichincha y Guayas, pero no es menos cierto que muchas empresas que operan en otras provincias tributan en las dos mencionadas, sea porque sus oficinas principales se encuentran en éstas o porque la ley les obliga hacerlo, como en el caso de las petroleras en relación a Quito”. Además asegura que la inequidad social y el atraso existente en el país son atribuidos por el Gobierno al “absorbente centralismo de la capital”, como si en ésta no existiera pobreza, o como si la abundancia cubriera a todos. “En Quito y Guayaquil convergen la pobreza y la riqueza, estas dos ciudades, junto a Cuenca, concentran a los principales grupos económicos del país, ellos sí responsables y beneficiarios de la pobreza de los trabajadores y del atraso del pueblo ecuatoriano. Así lo afirma también el Concejal de Quito, Augusto Barrera, que señala que “mientras más pequeño es el nivel de Gobierno más alta es su carga de pobreza; que no solo el mecanismo de financiamiento de los Gobiernos Autónomos sino todo el sistema establecido para su constitución afectará a los municipios más pequeños y débiles, a la población más pobre”.

Una propuesta gubernamental que puede parecer democrática, pero cabe advertir que los reales ganadores serían los promotores de descentralización y las autonomías, como son Jaime Nebot (Alcalde de Guayaquil) y Paco Moncayo (Alcalde de Quito), líderes de dos partidos de la derecha ecuatoriana, como el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), respectivamente, que han fortalecido sus gestiones con el incremento de impuestos a los pobladores.

Una propuesta gubernamental que empujaría el poder electoral a nivel local y nacional de estos partidos, más aún cuando en la propuesta del Gobierno se pretende trasladar competencias importantes como la educación y la salud. La transformación territorial: una propuesta que fortalecería el poder de la derecha.