Una de las resoluciones del XIII Consejo Nacional Ordinario de la UNE, efectuado en Quito el 9 de enero, fue realizar una movilización a nivel nacional para el 22 de enero. Los objetivos: rechazar las amenazas del gobierno en el sentido de crear otra organización sindical de maestros en el sector público y para exigir la firma definitiva del incremento salarial de 10 dólares al sueldo básico de los docentes, que debe regir desde el mes de enero, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Economía.

La movilización ratificaría, también, la unidad férrea de todos los estamentos que conforman la UNE y sus más de 100 mil afiliados.

Ante esta medida, el Gobierno nacional apresuró la firma del decreto para la elevación salarial de los maestros; lo que no constituye una dádiva del Ejecutivo, sino una medida necesaria, urgente (aunque no suficiente), para uno de los sectores más mal pagados y desatendidos del país, a pesar de la insoslayable e importante labor que realiza.

Es así que en correspondencia al pedido de incremento salarial y en demostración de apoyo al proyecto político progresista, la UNE resolvió no realizar la marcha del 22 de enero; sin embargo, volvió a ratificar su rechazo a la pretensión del Ejecutivo de dividir a la más grande organización sindical del país:

“La UNE tiene una historia de 64 años de lucha en la reivindicación de los derechos de los maestros y en la defensa de los principios de un país democrático, soberano, solidario y justo. Por eso rechazamos las amenazas del presidente de la República Rafael Correa; más bien le aconsejamos depurar a ministros, asesores y colaboradores de la derecha, que están enquistados en el Régimen y conspirando contra un proyecto patriótico y popular, que fue por lo que votamos millones de ecuatorianos”, manifestó Mery Zamora, presidenta nacional de la UNE.

Modificación del Decreto 1406: otro triunfo de la UNE La presión popular, la unión por conseguir objetivos comunes, permitió que la razón y la justicia se impongan para reformar el Artículo 1 del Decreto ejecutivo 1406, firmado el 24 de octubre de 2008, referente a la política económica de la nueva Constitución.

El nuevo artículo, firmado el 19 de diciembre de 2008 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2009, dice así: “A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos Privados de Jubilación Complementaria y de Cesantía Privada, bajo cualquier nombre o denominación, de entidades del Sector Público”.

Con ello, se logró que los fondos públicos sean exonerados de este decreto (en el artículo original se tomaba en cuenta tanto a los fondos públicos como a los privados, no había una discriminación al respecto, como si ambos obedecieran a una misma lógica de mercado).

Uno de los principales sectores beneficiados fue el del magisterio: 122 000 maestros activos y 19 000 pasivos seguirán contando con el aporte del Estado, del 5%, para su jubilación complementaria. “Este no es un regalo que nos ha hecho el gobierno, es fruto de la unidad y lucha de miles de maestros, que recibimos sueldos de miseria; no era justo que nos quiten, además, el aporte estatal para una jubilación digna”, aseveró Mery Zamora.