El proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos esbozada por la SENPLADES vulnera la Constitución y pretende desabastecer del recurso vital y desarticular la organización campesina, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.
El 26 de agosto el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, diseñado por la SENPLADES; mismo que fue calificado y se encuentra en la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional.
A este proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos varias organizaciones como Acción Ecológica, CONAUA, Red de Ecologistas Populares, REDLAR, han realizado observaciones para hacer conocer que se trata de una amenaza para la vida y el desarrollo de los pueblos del Ecuador, violenta en varios artículos la Constitución en los capítulos referentes a: Principios fundamentales, Agua y alimentación, Ambiente sano, Derechos de la naturaleza y Soberanía alimentaria; debido a que desde el inicio no toma en cuenta el Art. 1, que señala que “los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible y que el derecho humano al agua debe ser enfocado en forma íntegra para garantizar la soberanía alimentaria y no solo el derecho al acceso para el consumo humano”.
El proyecto propuesto por la SENPLADES pretende priorizar la soberanía energética, las actividades extractivas a pretexto de la sostenibilidad y sustentabilidad, en detrimento de la soberanía alimentaria, contradiciendo lo estipulado en el Art. 14, 15; y el 281 y 282 de la Constitución.
El enfoque de la nociva propuesta limita al agua: para el uso personal y doméstico, consumo humano, personal, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica, saneamiento ambiental, tal y como lo enuncian los art. 21, 22, 24 y 49. El derecho humano al agua no puede limitarse al uso personal y doméstico, debe complementarse el uso del recurso vital con el derecho al riego, para garantizar la soberanía alimentaria y el caudal ecológico como garantía de los derechos de la naturaleza.
Otro punto preocupante en este tema es que con esta propuesta de ley se estaría dando paso a la privatización del agua, ya que se plantea que “las autorizaciones para el aprovechamiento económico del agua son transferibles con el dominio de la tierra en caso de autorizaciones de aprovechamiento económico”, esto significa, según CONAUA, “que quienes tengan autorizaciones de uso de agua, pueden venderla con la tierra como si fuera su propiedad, a pesar de que es un bien público. Esta posibilidad de vender tierra con el agua incluida es una vieja aspiración neoliberal.
Propone el Gobierno que “se otorgarán autorizaciones de aprovechamiento económico del agua para actividades mineras, de manera especial para aquellos proyectos de prioridad nacional, lo que incluye el acceso al agua por parte de las mineras, incluso dentro del Sistema Nacional de Áreas protegidas (previa declaración de interés público por parte del Presidente de la república y aprobación de la Asamblea Nacional), también en el Art. 63 se menciona que las mineras que no alcancen a tener toda la energía que necesitan del sistema interconectado pueden hacer sus propias hidroeléctricas y acceder al agua que necesiten para este objetivo.
Del análisis realizado por CONAUA, Red de Ecologistas Popular y REDLAR, el proyecto elaborado por la SENPLADES, avalizado y entregado por el Gobierno “…constituye un reciclaje de la propuesta regional para la privatización–regulación de territorios, biodiversidad, agua, aire, conocimientos ancestrales, bajo una nueva figura: la de los Servicios Ambientales elaborada por la USAID, tratada en el 2004. En aquel momento, quien presionaba y exigía que se aprobara, era la embajada de los Estados Unidos, como un pre-requisito para la instalación de los Tratados de Libre Comercio TLC…”.
Este proyecto gubernamental excluye a toda forma de organización campesina y sus representantes en la toma de decisiones con respecto al agua, no podrán actuar en el seno del Consejo de Cuenca, y lo que se hará es ocultar los conflictos de las comunidades afectadas.
La propuesta de Ley del bloque de izquierda progresista y pluricultural garantiza la participación legítima de los usuarios, busca democratizar el agua para promover la gestión comunitaria destinada para el consumo humano, el riego y otras actividades prioritarias, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y el sumak kawsay.
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