Si acaso la conocida como Megacomisión congresal, que preside Sergio Tejada Galindo, concluyera, al final lejano de su investigación, que Alan García ha cometido delitos durante su segundo mandato (2006-2011), resultaría ese costoso trabajo en vano, pues una vez más -la primera fue al finalizar el régimen de Fujimori- se le beneficiaría con la prescripción de la acción penal que el delito genera.

La prescripción ordinaria (Artículo 80°, Código Penal), que sustrae al suertudo investigado del juzgamiento y condena, es igual al máximo de pena prevista para el delito imputado, a cuyo término se añade la mitad cuando se trata de la extraordinaria (Art. 83°, C. P.). Ambas, se computan desde el día de consumación del ilícito hasta el mismo momento que el juez la declara.

Aún cuando el proceso penal que se abra contra García esté en la Corte Suprema, más allá del 2016, si ha impugnado alguna sentencia condenatoria, agotados los remolones trámites, engorrosos o kafkianos, seguidos ante esta ilusa Megacomisión, y durante el estruendoso y gárrulo antejuicio o acusación constitucional a cargo del Congreso, en la Fiscalía de la Nación, en la vocalía suprema de instrucción y, finalmente, en la Sala Penal que realice el juicio oral, se puede declarar la prescripción que el procesado García anhela y lo beneficia (Art. 301°, C. P.). ¡Habría sido procesado en libertad, sin estar ni un minuto en la cárcel!

Para dicho final alanista, de cimera felicidad, este trabajo de la megacomisión congresal juega en pared. Primero, recomendó que alguien –no precisa quién, ni cuándo- le formule denuncia constitucional por una suavecita “presunta infracción constitucional”, que no es delito. Luego recomendó que se “amplíen y profundicen” las investigaciones respecto de los colegios emblemáticos. Por el momento, investiga lo que haya pasado con SEDAPAL y Agua para todos, con indultos extraños a varios procesados por tráfico ilícito de drogas y con la desaparición de pruebas del caso ya judicializado Business Track, etc., etc.

Pruebas al canto. He aquí transcrito lo que la Megacomisión Tejada recomendó en su Informe preliminar:

“2. - Formular denuncia constitucional contra Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ex Presidente de la República; Yehude Simon Munaro, ex Presidente del Consejo de Ministros; José Antonio Chang Escobedo, ex Ministro de Educación; y, Pedro Sánchez Gamarra, ex Ministro de Energía y Minas encargado del Sector Economía y Finanzas, por la comisión de presunta Infracción Constitucional al vulnerar el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política.

12.- Profundizar y ampliar las investigaciones sobre la presunta vinculación del ex Presidente de la República, Alan Gabriel García Pérez, con los representantes de algunas empresas que contrataron con el Estado, tal como evidencia preliminarmente el registro de visitas a Palacio de Gobierno, durante el periodo 2006–201”. Esta Recomendación es relativa a los colegios emblemáticos.

Para dicho descomunal trabajo investigatorio pedirán al Congreso un año más de plazo ampliatorio. Así lo reconoció Sergio Tejada el día de hoy, 15-8-2012, en Radio San Borja, sin darse cuenta ¿o sí? que esos 2 años –en realidad, más- favorecen a su investigado.

El congresista Tejada, tengo la impresión, que no tiene ni la remota idea de cómo pasar de la ya imputada “infracción constitucional”, que contiene el Informe concluido y presentado al Pleno del Congreso, a la comisión consumativa de “ilícitos penales” por parte de García, a quien dijo se le citará el mes de noviembre 2012, sobre SEDAPAL y Agua para Todos.

¿Y sobre los colegios emblemáticos, que incluyeron de contrabando, con Fe de Erratas a un Decreto de Urgencia, al Estadio Nacional, por la modesta suma de S/. 208’793,220.00? ¿Se olvidó de “profundizar y ampliar las investigaciones” de que trata expresamente el Informe de marras?

¡No sabía que también era olvidadizo don Sergio Tejada Galindo! ¿O es cierto que “actúa por encargo”, tal como lo acusó Alan García ante Beto Ortiz? El tiempo que viene lo dirá.

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