Frente a las puntillosas declaraciones del ex procurador del Poder Judicial, Segundo Jesús Vitery Rodríguez, el día de hoy en Radio Programas del Perú (RPP), sobre su cuestionada intervención en la Corte Internacional de Derecho Humanos con sede en San José de Costa Rica, no me queda sino pedir que el Ministerio Público abra una Investigación Preliminar por delitos que fluyen de esta usurpadora actitud y que el Congreso de la República haga lo propio, en tratándose de un asunto de interés nacional al resultar comprometido y seguro responsable el Perú, como Estado, en una acción judicial en sede internacional.

He aquí las punzantes aseveraciones de Vitery de las que San Martín busca zafarse:

a) “La posición unitaria es la firmada con puño y letra por César San Martín (titular del PJ) que es respaldar el fallo de la Sala del doctor Villa Stein"; b) “la posición institucional fue respaldar el fallo del caso Barrios Altos”; c) “la orden fue defender la legalidad del fallo emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que excluye el delito de lesa humanidad” (y la autoría mediata, añado).

Lo antes afirmado por Vitery suena a increíble y suficiente para investigar lo torcido que encierra. ¡San Martín estaría detrás de Vitery para defender el fallo de Villa Stein!, que en el caso de Barrios Altos excluye la autoría mediata y el carácter de lesa humanidad de los crímenes allí perpetrados. Recordemos que San Martín cuando condenó pulcramente a Fujimori concluyó exactamente lo contrario. ¿Por qué razones cambió de parecer?

Sin embargo, Vitery abunda en otras explicaciones que refuerzan las anteriores. Veamos lo que reseña RPP:

“La contradicción se origina debido a que por un lado el Poder Judicial ratifica su fallo, mientras que el Ejecutivo pide su anulación, exponiéndose dos posiciones del Estado peruano ante el tribunal internacional. “Su deber y el mandato que recibió como procurador público del Poder Judicial, fue respaldar el fallo de la Sala Penal Permanente, pese a que el Ejecutivo lo cuestionaba”.

“Recordó además que la Constitución ordena que el presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir las decisiones jurisdiccionales, hecho que no se ha dado en este caso”;

“ habiendo estas contradicciones, se ha decidido convocar a un pleno jurisdiccional para debatir la incorporación del delito de lesa humanidad y su aplicación en el Perú”; “ manifestó haber defendido por siete años con "capacidad e hidalguía" a los magistrados, y eso fue lo que hizo en el tribunal internacional”.

Frente a tamañas confesiones nos preguntamos: ¿Villa Stein o San Martín detrás de sesgado pocurador Vitery? ¿Qué otros magistrados supremos están cerca y detrás de tan pintoresco procurador Vitery, a quien no es suficiente destituir sino investigar, para que así confiese de qué personajes era su vocero ante la CIDH sin que sea el agente oficial del Estado peruano?

Además, habiendo mostrado un documento presuntamente escrito, “de puño y letra”, por César San Martín Castro la investigación que se haga debe alcanzar también a éste, quien sabe perfectamente que el procurador supranacional es otro y no el suyo.

¿Por qué motivos San Martín le hizo un libreto de muchas páginas a Segundo Vitery y no al procurador Oscar Cubas Barrueta que representaba al Estado? ¿Qué dice este comedido documento que Vitery tenía entre manos y mostró a la prensa?

Y comoquiera que este malhadado procurador fue a la CIDH a defender indebidamente el "fujifallo", pues favorece a los Colina y al reo Fujimori, debe incluirse en esta investigación a Javier Villa Stein, por ser el primer interesado en esta impertinente defensa ante un foro internacional de justicia, cuya convocatoria a la audiencia del 27-8-2012 tenía otro cometido defensivo.

El Congreso de la República debe ponerse las pilas ipso facto, por ser un tema de interés nacional y por ser vocales supremos los sospechosos de este aquelarre de monstruosidades jurídicas que desprestigia al Perú y le acarreará una sarta de responsabilidades.

Cuando el Estado reconoce que ha planteado una acción de amparo contra una sentencia judicial está aceptando expresamente su nulidad, razón suficiente para que la CIDH considere esta actitud como un allanamiento a la demanda y resolver en esa dirección contra el fallo Villa Stein, haciendo responsable al Estado peruano.

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