Cuando una entidad pública, es decir mantenida con el impuesto que pagan los peruanos, compra y lo hace con precios superiores al promedio o escandalosos, se genera la figura del, valga la redundancia, sobreprecio. Esto ocurrió en diciembre del 2015, la Cancillería del Perú compró 400 mil pasaportes a S/ 217.41 unidad, cuando pocos meses atrás, Migraciones lo había hecho por S/ 85.28.
El proveedor era –y es- el mismo: el consorcio francés Imprimerie Nationale-Gemalto y el sobreprecio es de casi 16 millones de dólares que resulta del diferencial entrambos precios multiplicados por 400 mil unidades.
Cancillería tiene que explicar ¿a dónde fueron a parar estos 16 millones de dólares? No pueden haber desaparecido como por arte de birlibirloque. En esta clase de desmanes hay quienes resultan favorecidos: pillos; y el pueblo deviene estafado, robado.
Desde el primer momento hemos seguido este caso tanto en Migraciones como en Cancillería, nos tocó denunciar ante ambas instituciones lo que barruntábamos como sospechosas coyundas y dinámicas destinadas, siempre, a favorecer al monopolio galo Imprimerie Nationale-Gemalto en las dos dependencias del Estado. Y fue la propia Contraloría la que nos anunció por escrito que había emprendido auditoría en Migraciones.
Pocos días atrás, el Contralor Edgar Alarcón expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, los resultados de la investigación y anunció que el documento 023 ya obraba en poder de la II Fiscalía Corporativa para Delitos de Funcionarios Públicos. Es decir, habían sospechas fundadas de irregularidades mayúsculas que requieren de investigación penal y sanción vitalicia.
Quienes roban al Estado, de una forma u otra, y en Perú hay burócratas sabios en hacerlo desde los abuelos hasta las presentes generaciones, merecen el paredón. No hay, como ha dicho un ex primer ministro con ingenuidad reprobable días atrás, un casi delito: el dinero del impuesto de los peruanos es sagrado y quien mete las uñas es un delincuente. Así de simple.
La Contraloría General de la República es una institución. Que el señor Alarcón afronte demandas, denuncias o problemas respecto de sus actuaciones, no invalida, ni vicia o interfiere en la investigación que decenas de profesionales especializados llevaron a cabo para determinar que lo acontecido en Cancillería con el sobreprecio de 16 millones de dólares, la sospechosa medida de seguridad No. 26 (patente de una socia de Imprimerie Nationale), y el mal funcionamiento del software de soporte para los pasaportes electrónicos. Y por eso está en el Ministerio Público.
¿Cómo pueden los medios de comunicación hablados, escritos y televisivos, pretender ignorar un asunto de estos ribetes? Aquí o en la Cochinchina, el sobreprecio es un asalto. A pesar de presiones o campañas de “imagen”, estamos seguros que en breve se formalizará la denuncia y los responsables tendrán que cantar los giros reprobables de lo que ha sido, a todas luces, un saqueo al bolsillo de los peruanos.
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