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Me dirijo a usted en relación con mis cartas de fechas 1, 6, 13 y 26 de agosto, 16 de septiembre, 31 de octubre y 12 de diciembre de 2019 y 9 de marzo, 10 de abril, 21 de mayo, 1 de agosto y 18 de septiembre de 2020 sobre los acontecimientos sumamente preocupantes ocurridos en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India, que se caracterizan por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos; cambios demográficos ilegales en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; y amenazas cada vez mayores a la paz y la seguridad.

Además de mantener desde hace más de 15 meses el asedio militar y el bloqueo de las comunicaciones, las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes en enfrentamientos simulados y el castigo colectivo impuesto a las comunidades de Cachemira, el actual Gobierno de la India, inspirándose en las ideas de Rashtriya Swayamsevak Sangh, ha acelerado la adopción de medidas ilegales para imponer cambios demográficos en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India.

Desde las acciones ilegales y unilaterales que emprendió el 5 de agosto de 2019, la India ha estado aplicando una estrategia elaborada y bien planificada de ocupación militar, confiscación de tierras, afluencia de personas no originarias de Cachemira y creación de asentamientos de extranjeros en el territorio de Jammu y Cachemira ilegalmente ocupado por la India.

Como parte de su plan para hacer que la mayoría musulmana el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India se convierta en una minoría, el Gobierno de la India, según se informa, ha expedido más de 2 millones certificados de “residencia” a colonos no cachemires con arreglo a las denominadas “Reglas (de Procedimiento) de Concesión del Certificado de Residencia en Jammu y Cachemira de 2020”, promulgadas el 18 de mayo de 2020. Al mismo tiempo, los procedimientos para obtener estos certificados se han simplificado de manera sospechosa y se han impuesto multas a los funcionarios que no los expiden en un plazo de 15 días.

El 27 de octubre de 2020, el régimen del partido Rashtriya Swayamsevak Sangh - Bharatiya Janata emitió el “Tercer Decreto de Reorganización del Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira (Adaptación de las Leyes Centrales)” que, entre otras cosas, revocó y enmendó una serie de leyes destinadas a proporcionar protecciones fundamentales a los habitantes del territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India, y permitió que los “ciudadanos de la India” adquiriesen tierras no agrícolas en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India sin haber tenido nunca un permiso de residencia o domicilio en el territorio ocupado. El Decreto también permite que las fuerzas de ocupación indias designen ciertas tierras como “zonas estratégicas” y las utilicen con fines de “desarrollo”. Este instrumento permitirá a las fuerzas de ocupación indias construir más acantonamientos y colonias militares para asentar a los oficiales militares indios, en servicio y retirados en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India.

Según la información del propio Gobierno de la India, el ejército indio ya ha incautado 53 353 hectáreas de las mejores tierras forestales, agrícolas y comerciales en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India con el pretexto de garantizar la “seguridad nacional”.

El Gobierno de la India también ha derogado la “Ley de abolición de las grandes extensiones agrícolas de 1950”, que dio lugar a reformas agrarias y permitió distribuir tierras a los agricultores pobres al poner fin al sistema de jagirdari (propietario de tierras). Esta medida se ha adoptado a instancias de grandes empresas, magnates de la industria inmobiliaria y ricos patrocinadores del régimen del partido Rashtriya Swayamsevak Sangh-Bharatiya Janata que desean adquirir la mayor cantidad de tierra posible con la excusa de un supuesto “desarrollo”. Desde julio de 2020, en el marco de una nueva política de vivienda asequible, reurbanización y rehabilitación de barrios marginales y municipios, se ofrecen incentivos a los forasteros, especialmente los del “cinturón de habla hindi” de la India, para que se instalen en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India.

Con estas medidas ilegales, el territorio de Jammu y Cachemira ocupado ilegalmente por la India corre el riesgo de ser completamente colonizado por colonos externos mientras que los indígenas de Cachemira pierden su identidad política y cultural, dejan de ser la mayoría demográfica legítima y se ven desposeídos de sus propiedades en su propia patria.

Las acciones unilaterales e ilegales del Gobierno de la India contravienen directamente las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Jammu y Cachemira, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, en el que, en el párrafo 6 del artículo 49, se establece claramente “que la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.

Para desviar la atención de la comunidad internacional de su brutal represión en el territorio de Jammu y Cachemira que ocupa ilegalmente, la India sigue cometiendo graves violaciones del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Pakistán en 2003 puesto que ataca continuamente zonas pobladas por civiles con fuego de artillería, morteros de gran calibre y armas automáticas a través de la línea de control. Tan solo este año, la India ha cometido más de 2 700 violaciones del alto el fuego, lo que ha provocado la muerte de 25 personas inocentes y heridas graves a más de 200 civiles.

Además, la India pretende presentarse como “víctima” del terrorismo, lo que es falso y constituye un intento perverso de deslegitimar la justa lucha de los cachemires por la libre determinación y de desviar la atención internacional del terrorismo patrocinado por su propio Estado contra el pueblo de Cachemira y sus vecinos, del que Pakistán ha aportado pruebas irrefutables.

La India no logrará nunca reprimir la lucha legítima de los cachemires por ejercer su derecho inherente a la libre determinación, como ha reafirmado el Consejo de Seguridad en sus resoluciones sobre Jammu y Cachemira.

En virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con sus resoluciones sobre Jammu y Cachemira, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad directa de impedir que la India lleve a cabo su criminal proyecto colonial de alterar la estructura demográfica de un territorio en disputa y de velar por la aplicación de sus resoluciones, en las que se reconoce el derecho legítimo de los cachemires a la libre determinación mediante un plebiscito libre e imparcial celebrado bajo los auspicios de las Naciones Unidas.