Martes 24 de septiembre de este año 2002: más de un centenar de productores agropecuarios del trópico cochabambino rodean las oficinas del Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR), arrojando toneladas de palmito, plátanos y cítricos, e ingentes litros de leche -productos alternativos del Chapare- que nadie compra.

En las oficinas del PDAR nadie atiende los reclamos de los chapareños. El gobierno de Estados Unidos, financiador y técnico de aquella entidad estatal, ha desmantelado estas oficinas rectoras del desarrollo alternativo con el pretexto de "desburocratizar" las tareas de los eternos burócratas.

Los campesinos reclamaban más mercados y mejores precios para sus productos. Producen palmito con altos costos y venden este alimento a menos de 60 centavos por unidad. Cuando dejaron de sembrar coca, el gobierno les había ofrecido pagarles dos bolivianos y garantizar mercados en Estados Unidos y Europa. Los gringos prefieren consumir palmitos africanos que producen las trasnacionales norteamericanas a precios de monopolio mundial.

Otros dejaron la coca y aceptaron dedicarse a la agropecuaria lechera con la oferta de que la planta Milka de Chimoré absorbería esa producción. Milka está en quiebra tras un colosal desfalco oficial.

A los que cosechan cítricos se les dijo que se organizarían cooperativas agroindustriales para envasar jugos for export; pero ahora las naranjas, igual que las piñas y las papayas, se venden y se pudren en las calles de Cochabamba a precios de limosna.

La clausura del PDAR

Al gobierno de los Estados Unidos le importa un comino (otro producto que fracasó en el Chapare) el desarrollo alternativo en la zona cocalera. Durante casi 20 años, los norteamericanos utilizaron el PDAR para socapar a una burocracia internacional en permanente vacación de cinco estrellas, y los pocos dineros sobrantes, más los "gastos reservados" del Ministerio de Gobierno, sólo sirvieron para resquebrajar la unidad sindical y productiva de los campesinos, corrompiendo a algunos líderes locales y engañándolos con ofertas de mercadeo que nunca se cumplieron.

Desde hace varios años, miles de agricultores chapareños decidieron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca, desmarcándose de la lucha sindical de sus compañeros, enfrentándose a ellos, y se acogieron a los planes oficiales de desarrollo alternativo con el sueño de "farmers" a lo menonita. El sueño se convirtió en un dilema de pesadilla: producir al cohete y seguir muriendo de hambre, o volver a la coca.

La situación de estos campesinos se agrava desde el momento en que el gobierno de Estados Unidos decide desmantelar las oficinas del PADR con pretextos que nadie cree. Los campesinos exigían tener una participación en los niveles de planificación y ejecución del desarrollo alternativo. entrando a estas oficinas para dinamizar los tareas de lobby y mercadotecnia desde la ciudad de Cochabamba, pero el gobierno y la Embajada responden cerrando las puertas del PDAR.

Para colmo, la Embajada norteamericana acaba de ordenar el cierre del nuevo aeropuerto de Chimoré para actividades civiles comerciales y turísticas. Este aeropuerto volverá a ser utilizado con estrictos fines militares bajo control de la DEA.

¿Una vía empresarial?

En su política excluyente y anticampesina, Usaid, que asiste técnica y financieramente al PDAR, ha intentado darle un rostro "empresarial" a la ficción del desarrollo alternativo, poniendo como director de la mencionada institución a un conocido empresario cochabambino que ahora sufre en carne propia las paradojas de la mentira norteamericana: este empresario que ahora dirige el PDAR es uno de los pocos industrializadores de palmito en el Chapare que, por razones del propio mercado tan limitado, se ve obligado a fijar el precio de esa materia prima por debajo de los 60 centavos, mientras los campesinos exigen que se cumpla el precio de dos bolivianos con que fueron tentados por los burócratas yanquis.

Tras el evidente fracaso del desarrollo alternativo sin participación campesina, y ante el cierre inminente del PDAR que pretende ser privatizado para posibilitar la "inversión extranjera", aquellos campesinos que un día abandonaron voluntariamente y de buena fe sus cultivos cocaleros para sembrar naranjas, ahora están obligados a retornar a la coca. Entonces una patrulla erradicadora del Ejército invadirá sus cocales y estos campesinos se verán forzados a defender su medio de subsistencia con machetes y "cazabobos", y muchos de ellos morirán ante el impacto inapelable de una bala, de esas que sí florecen prósperas en el sangriento trópico cochabambino. Y Usis informará que murieron por "narco-terroristas", para tranquilidad de los empresarios. Esta es la historia sin fin.