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Arrestación de Simón Trinidad

La detención en Quito y la deportación inmediata del Ecuador del guerrillero Ricardo Palmera, Simón Trinidad, conocido internacionalmente por su actuación como vocero de las FARC, en las negociaciones de paz con el gobierno del ex – Presidente Pastrana, ha puesto en evidencia la extensión de las actividades del gobierno del Presidente Colombiano, Álvaro Uribe, en territorio ecuatoriano.

La operación realizada por el ejército de Colombia con un equipo de 8 militares de inteligencia, la participación confesa de la Embajada de EEUU en Ecuador y de la CIA, fue el resultado de un sigiloso trabajo de 6 meses, pero, según la información oficial del gobierno ecuatoriano logró su objetivo al estilo de Macondo, en una fortuita intervención de la policía que se acercó a pedirle por accidente sus documentos, detectó misteriosamente que sus nombres no correspondían a su identidad verdadera, ¿la conocían? Y lo detuvo, calificándolo de indocumentado.

Desafiando a la ficción, el mayor éxito del operativo es que el detenido sea la misma persona, sobre la cual medios colombianos afirman que hubo una delación que le habría vendido por 800.000 dólares. El parte policial informa que el suceso tuvo lugar el 2 de enero en la Avenida Amazonas a las 16h00, y según las declaraciones de Trinidad al Intendente, ocurrió por coincidencia ese mismo día pero en otro lugar y a otra hora, en la Avenida Real Audiencia y a las 18h15.

En tanto el Ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, celebró el hecho como una acción ejemplar de la policía y el ejército de su país, de la destacada ayuda estadounidense y del apoyo del gobierno y la policía del Ecuador, curiosamente, en tercer y último término; el Ministro de Gobierno ecuatoriano, Raúl Baca, no sabía nada y para el Comandante de la Policía, Jorge Poveda, la detención se produjo en un operativo de rutina, cuyos datos contradictorios son más incriminatorios que convincentes.

¿Quiénes detuvieron a Trinidad?

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Simón Trinidad

La verdad permanece oculta y con ella las respuestas a simples preguntas: ¿Cómo, cuándo y quiénes realmente detuvieron a Palmera-Trinidad? Los videos, las declaraciones, las noticias que ha presentado la prensa en Colombia y EEUU, establecen en forma incontrovertible que fue el resultado de un sofisticado operativo conjunto de la inteligencia de los dos países y favorecen la versión de que fue detenido por agentes de EEUU y Colombia en territorio ecuatoriano, manipulando a la policía local, lo que configura una violación flagrante de la soberanía del país. Al respecto hubo un entente entre Uribe y Lucio. ¿O el primero actuó por cuenta propia y obtuvo luego el encubrimiento del segundo? Cualquiera sea la respuesta, acusa a Lucio.

El guerrillero que se encuentra en un delicado estado de salud, afirmó que pidió asilo político a las autoridades ecuatorianas, en su condición de miembro de una organización político-militar, en defensa de su vida, de sus ideas políticas y filosóficas.

Pero, sin tramitar su petición ni observar el debido proceso garantizados por la Constitución y las leyes ecuatorianas y el derecho internacional, fue deportado y entregado a manos de las fuerzas militares y policiales, en oposición a las cuales ha combatido. La justicia del Ecuador y la de Colombia por arte de magia desaparecieron, como si nada tuvieran que ver en un tema, a todas luces, jurídico.

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Los guerrilleros de la FARC

Pablo de la Vega, Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo, denunció en Nueva York, que la detención y deportación del insurgente, viola las normas internacionales de derechos humanos que gozan de mayor jerarquía que los acuerdos policiales bilaterales o multilaterales que han invocado las autoridades para justificar sus actuaciones. Exigió, que si él cometió algún delito en territorio ecuatoriano, la Ministra Fiscal proceda a difundirlo públicamente y que, si se cumplieron los procedimientos de migración para su deportación, se presenten las actas de las audiencias previstas en la Ley para su juzgamiento y sanción. En éstos aspectos las evidencias públicas conocidas hasta hoy, indican que el operativo estelar se cumplió al margen del derecho.

Soberanía escamoteada

El gobierno de Lucio intervino así, abiertamente en un conflicto político militar de un país vecino tomando partido, a lo que no le faculta el derecho internacional ni la Constitución ecuatoriana, que le obliga a respetar la autodeterminación de las naciones y a contribuir a la solución pacífica de las diferencias. Y, en oposición incluso a sus declaraciones de promover una solución negociada a la guerra y a sus intenciones de intervenir como mediador en el caso, en las que a su tiempo incluyó su oferta de asilo a los guerrilleros colombianos. Violó a más de la Constitución y las leyes de la República, los principios del derecho internacional humanitario, como aquellos que descansan en el secular principio católico, que ordena por voluntad de Dios, proteger al indefenso de la ira o venganza de sus adversarios, quien quiera que sea, e independientemente del crimen que se le impute. Y ha permitido en forma flagrante que la soberanía, la autoridad suprema de los poderes públicos del Ecuador en su territorio, sea escamoteada por el ejército colombiano, la CIA y los demás no identificados colaboradores estadounidenses que efectivamente intervinieron en el caso, como lo ha afirmado el New York Times.

Como en un show preparado cuidadosamente con antelación, Simón Trinidad, fue presentado en calidad de cuarto líder jerárquico de las FARC, con 155 órdenes de detención por homicidio y terrorismo. El instrumental mediático del gobierno del Presidente Uribe, desplegó una amplia campaña para presentar el suceso como una victoria estratégica, dirigida a ratificar su política de solución violenta de la amarga guerra que desangra su país desde el asesinato de Gaitán en 1948 y que, ha tendido a generalizarse a partir de la década de los sesenta, cuando 16.000 soldados fueron lanzados criminalmente contra indefensas y humildes familias campesinas en Marquetalia, dando origen a su lucha por defender su vida y con ella al movimiento guerrillero armado conocido como las FARC.

A renglón seguido, se anunció el linchamiento del insurgente, acusándolo de ser el autor de los crímenes más mediatizados en Colombia en lo que va del nuevo milenio, la tragedia de Bojayá y la muerte de la ex – Ministra de Cultura, Consuelo Araujo, cuya responsabilidad Uribe atribuye a las FARC y éstas a las Autodefensas Unidas de Colombia y a su gobierno. Y hay quienes han promovido que sea extraditado a Estados Unidos, donde sería considerado terrorista en los parámetros de moda del régimen Bush, en la perspectiva de incluir el Plan Colombia abiertamente en la guerra antiterrorista del Pentágono que ha protagonizado las invasiones de Afganistán e Irak.

El Comandante Raúl Reyes, uno de los principales líderes de las FARC, reconoció el valor de Trinidad en su organización político militar, pero aclaró que no es miembro de su Estado Mayor, ni de su Secretariado, ni Comandante del Bloque del Caribe ni Jefe de Finanzas de las FARC, como lo ha designado el gobierno de Uribe. Además ha aclarado que cuando ocurrieron los dos crímenes que le imputan, él se encontraba en el Caguán muy distante de los lugares de los hechos, como vocero de la guerrilla en las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana, como lo puede verificar la prensa mundial.

El uso del gobierno de Álvaro Uribe, a la detención del rebelde, expone la pretensión de usar a Trinidad como un chivo expiatorio, que le permita presentar “éxitos”, para alimentar su perspectiva belicista, en la que detrás de sucesivos shocks mediáticos, no ha obtenido nada concreto, más que la derrota en el plebiscito promovido por él mismo, en el cual, el pueblo colombiano le negó los poderes que él le requería, para desencadenar una guerra (¿infinita?), un reiterado y visible fracaso en su pretensión de derrotar a las FARC.

La gravedad del caso trasciende los límites coyunturales. Revela los alcances del Plan Colombia y la nueva legislación represiva hace poco aprobada por el Senado en Bogotá. Advierte los peligros de una intervención más amplia de EEUU en la región y el establecimiento de operaciones policíaco militares supranacionales, que actúan al margen del poder judicial, de las Constituciones y leyes, del derecho internacional, de la soberanía de los pueblos y las Repúblicas de Colombia y Ecuador, amenazando los derechos inalienables de todos los ciudadanos.