«Es un mapa de Colombia que está lleno -según me informa aquí el señor- con los nombres de la gente asesinada de la Unión Patriótica», señaló con voz alzada, uno de los policías que vigilaban la entrada de quienes, el pasado lunes 6 de septiembre, asistían al Capitolio Nacional. Una mujer, también del grupo de vigilancia, escribía en un computador portátil, al parecer de acuerdo con las indicaciones de su compañero.

Muchas de las personas que ese día hablarían en el Salón Elíptico, habían llegado con anterioridad. No obstante, la requisa que detallaba especialmente pancartas y folletos y las demoras en la entrada se extendieron, según informaban los policías, sobre todo por otros motivos: durante alrededor de 40 minutos, «...por razones de seguridad»; otro tanto, porque «... no se encuentra una lista de los asistentes», y un poco más,» ... mientras no se termine de hacer todo el aseo del lugaræ. De esta manera, la Audiencia Humanitaria «la sociedad civil tiene la palabra» finalmente comenzó cuando se agotaron las excusas aludidas por los policías: casi dos horas después de lo programado, el pasado 6 de septiembre. El retardo obligó a disminuir a la mitad, el tiempo de las intervenciones. Intervinieron líderes y representantes de más de 150 organizaciones sociales, de las víctimas y de derechos humanos. La audiencia pretendió expresar, ante el Congreso y a la opinión pública en general, la posición de la sociedad civil víctima del conflicto armado, sobre las negociaciones, los acuerdos, la guerra y la paz en Colombia. Se trataron los acuerdos humanitarios y la necesidad de garantizar en Colombia el derecho fundamental que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Muchos de los pronunciamientos invirtieron una parte de su tiempo en sentar una protesta por «el maltrato» que dicha audiencia recibía en el Congreso: las demoras dispuestas para el ingreso de los participantes, la escasa asistencia de congresistas y la negativa por parte de Inravisión para la transmisión en directo del evento, por la televisión pública. Esta situación contrastaba con la atención que, en los últimos meses, han recibido representantes de los grupos armados, que se han presentado ante el Congreso para expresar sus intereses, ideologías y posiciones.

Camilo Posso, director de Indepaz, señaló que «hay audiencias de audiencias», refiriéndose a tales representantes de grupos armados que «... tienen todos los medios, transmisión por televisión y forman escándalos en la prensa; señores que han cometido atrocidades».

Efectivamente, el pasado 5 de junio, se facilitó y se atendió la intervención, ante el Congreso, de Francisco Galán, vocero del ELN, quien además se entrevistó, en Bogotá, con el vicepresidente Francisco Santos y con el embajador de México, Mario Chacón.

Igualmente, los paramilitares Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque y Ramón María Isaza fueron convocados, atendidos y aplaudidos por algunos de los congresistas, el pasado 28 de julio. En dichas oportunidades, las intervenciones de los actores armados contaron además con la transmisión en directo de la televisión pública nacional. Por otra parte, el 29 de julio el presidente Álvaro Uribe Vélez invitó a Raúl Reyes de las FARC, a que expresara sus expectativas ante el Congreso.

Para algunos sectores del Gobierno, de los medios de comunicación masiva y del Congreso, para hablar de las negociaciones, la guerra y la paz, tienen más importancia y protagonismo los actores armados que los desarmados. Así también, para muchos de ellos, los grupos armados tienen más oportunidades que las víctimas, de ser reconocidos como sujetos políticos.

En la Audiencia Humanitaria que se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Congreso, Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda, recordó que en aquel mismo recinto, víctimas del conflicto armado habían sido retiradas a la fuerza, cuando los paramilitares se presentaron en el Congreso. Según dijo, las víctimas y sus familias, «no tenemos tal capacidad mediática ni sus armas», refiriéndose a los actores armados. Cepeda alertó sobre aquella «muestra de una inversión de valores, en la que los criminales puedan presentarse como justicieros vengadores».

Un proceso de verdad

Diversas intervenciones de la Audiencia Humanitaria insistieron en los acuerdos humanitarios y en un proceso que lleve a la verdad, justicia y reparación. Al respecto, se ha observado que en las actuales negociaciones del Gobierno con los grupos paramilitares, se está promoviendo una idea simplista de la impunidad como «un producto inevitable» más que como una causa de la guerra. De esta manera, se pretende señalar que no es una prioridad y que se puede dejar para el posconflicto o para «el después», el inicio de un proceso de verdad, justicia y reparación.

En este sentido, en la Audiencia se indicó que no se puede ambicionar una paz real y duradera, reduciendo la justicia a ceremonias de perdón generoso sobre quienes han cometido tantas atrocidades y durante tantos años como es el caso de los paramilitares.

Gustavo Gallón se refirió a que «mientras haya impunidad no podrá alcanzarse una paz de verdad»; refiriéndose a un «equívoco concepto de desmovilización». Como un ejemplo reciente de las consecuencias de las desmovilizaciones y desarmes incompletos y sin verificación, recordó que los paramilitares del bloque Cacique Nutibara -desmovilizado en noviembre de 2003- están ejerciendo un control paramilitar en comunas de Medellín. «Una paz así, para qué, mejor dicho: ¿cuál paz es esa?», preguntó Gallón.

Por último, en la Audiencia se reiteró el llamado a firmar (hasta el 9 de diciembre) y a apoyar la «Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios». Esta campaña tiene el objetivo de presionar por la defensa de la vida, la integridad y la libertad de la población civil. Los aspectos priorizados por la campaña son:

- Prohibición y atención al desplazamiento forzado

- Protección a los niños y niñas y centros educativos

- Protección y no ataque a las mujeres

- Liberación de las personas privadas de libertad por razón del conflicto

- Protección de población vulnerable

- Erradicar las minas antipersonales

- Protección del personal y los medios sanitarios de la misión médica.