Congreso de los pueblos

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"Con el respaldo y compromiso de organizaciones y procesos populares, y sobre la base de acuerdos de principios y objetivos comunes, crear las comisiones y los mecanismos a través de los cuales se instale e inicie sesiones de planeación y organización este Congreso de los pueblos".

Como se sabe, aún después de dos siglos y algo más, seguimos gobernados tal y como lo pensó y definió la revolución francesa. En 1789 el naciente capitalismo rompe con el monarca y entrega el poder al pueblo. El propósito era plausible pero su desarrollo no tanto. La delegación (divina en ese caso) que recaía en el Rey ahora la tiene el ejecutivo y el parlamento. Pero con el paso del tiempo el parlamento se fue alejando cada vez más de sus delegatarios. El parlamento, para nuestro caso, terminó siendo un centro de intereses particulares, un espacio para negociar prebendas.

Si realizamos una revisión detenida de los más importantes proyectos aprobados por este en los últimos años, descubrimos con asombro que en su mayoría responden a las demandas de la banca internacional. Es decir, se legisla para el capital internacional en provecho de una minoría.

Quien así actúa es un conjunto de hombres y mujeres elegidos para representar y actuar en nombre de los intereses del país, pero terminan haciéndolo en nombre del capital (privado) financiero, industrial y agrario, en contra de las mayorías del país. Sin duda, usurpadores de un mandato.

Un parlamento con esas características no tiene razón de ser. Viciado, deformado, culpable -en parte- de la desgracia que se sobrelleva en Colombia merece ser clausurado. El Congreso de los pueblos que propone la Minga indígena es la oportunidad para ello. Clausurar pero por la vía del desconocimiento, dándole cuerpo y poder a un parlamento verdaderamente del pueblo. Confrontar desde la acción, desde el mandato y por esta vía ampliar una dualidad de poderes que rompa el establecimiento y permita que germine un nuevo poder.

Sabemos, que un parlamento de nuevo tipo sería el espacio y el proceso para darle cuerpo a una dirección política y social colectiva, pero al mismo tiempo para abordar un proceso de formación de nuevos liderazgos locales, regionales y nacionales. En la medida que cada Ley y Decreto -que de allí emane- sea el fruto de múltiples estudios y un hondo debate, en esa misma medida se irá formando una dirigencia popular con capacidad de gobernar. Una dirección retroalimentando múltiples procesos sociales, legitimando un nuevo proyecto de país y construyendo el consenso necesario para que las mayorías se sientan dispuestas a disputar ese anhelado futuro aquí y ahora.

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Para llegar a ese escalón, establecer los "...acuerdos de principios y objetivos comunes, crear las comisiones y los mecanismos a través de los cuales se instale e inicie sesiones de planeación y organización este Congreso de los pueblos", es un reto inmediato para todos.¿Qué funciones y poder tendría este Congreso? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo elegir en cada organización su(s) delegados(s) a los mecanismos previos que darán cuerpo a este Congreso? ¿Qué mantener de la experiencia parlamentaria hasta ahora conocida y que desechar? ¿Cómo financiar el funcionamiento de esta instancia de participación popular? Estos y otros muchos interrogantes son aspectos por resolver si en verdad queremos darle cuerpo y legitimidad a este Congreso de los pueblos.

Por el momento y como medida inmediata para empezar a recorrer el camino que nos llevará a este parlamento de los pueblos, (a la par del nombramiento de las comisiones que facilitarán su instalación y de los respectivos acuerdos a establecer entre todos los movimientos sociales) debemos emplazar a los congresistas que se sienten con responsabilidad ante el país nacional para que se pongan a las ordenes de este contrapoder.

Sembrar para cosechar, no hay otra vía para que el encuentro de lo social y lo político, lo urbano y lo rural, lo avanzado y lo atrasado, por fin se den en nuestro territorio.

Un ’Sistema Nacional Popular de Comunicación para la vida y la verdad’

La necesidad de un sistema de comunicaciones que se proponga una mirada diferente de la realidad que nos circunda, que poco a poco rompa el monopolio que en este campo tienen los sectores dominantes, comporta una urgencia cada vez más imperiosa.

Hay que recordar una verdad ya sabida: "en política no se regalan espacios y el que no cubre alguno ve como su contrario lo hace". Eso, exactamente eso es lo que sucede con las comunicaciones, no nos hemos preocupado por ellas y los sectores en el poder se imponen, monopolizan, difunden sin contrapeso alguno valores, preceptos, modelos de sociedad, que uniformizan y aplanan la riqueza de la vida. Lo hacen sin vergüenza, sin competencia, sin necesidad de afanarse pues la contraparte no dice nada. La contraparte aún cree que comunicar es sacar un afiche un volante un programa de radio uno de televisión, todos y cada un de estos desarticulados entre si, en muchas ocasiones sin continuidad y la mayoría de las ocasiones sin responder en su elaboración por las formas de ver y percibir que nos caracterizan, por las dinámicas culturales que nos están determinando. La preocupación de la Marcha indígena y de su Congreso por este tema nos recuerda que el reto es mayúsculo, es un sistema nacional de comunicaciones, obviamente, ligado a un proyecto cultural de nuevo tipo que daría pie a una disputa abierta y permanente de proyectos de vida.

Comunicación y dirección política

Pero seamos claros. El mayor obstáculo que tenemos para llegar a construir un sistema nacional de comunicaciones descansa en la inexistencia de una dirección política legítima. Sin ella es casi imposible que todos y cada uno de los proyectos y dinámicas comunicacionales dispersas por todo el país se sientan obligadas de ponerse al servicio de un proceso, de una dinámica que permitiera romper su soledad y potenciar sus capacidades y experiencia.

Para el equipo desde abajo ambos retos son un sueño inconcluso por realizar a los cuales apuesta todo su acumulado. Trece años de experiencia dan fe de su persistencia y su irrenunciable voluntad por aportar a la construcción de una dirección política colectiva y un proyecto de comunicación cotidiano, múltiple, diverso y común.