La prometida reforma estructural quedará para más tarde, el hecho es recoger más dinero para que el nuevamente candidato Uribe, ad portas de aprobarse el proyecto de ley que permite la reelección inmediata del presidente, tenga una jugosa chequera con la cual financiar su incansable campaña en todos los puntos del país. El presupuesto aprobado para el próximo año es la muestra de ello, y los recursos para esta «mega - campaña» saldrán de los bolsillos de los más pobres.

Y nuevamente se justifica con discursos rimbombantes sobre la inversión social y la necesidad de nuevos recursos para los más pobres, de antemano se sabe que los nuevos impuestos aparte de financiar la campaña electoral del presidente - candidato, se destinarán para cubrir el onerosos servicio de la deuda pública, incrementar el gasto militar (que hoy es superior al 5% del PIB) y abonar a la deuda pensional, cuya causa no son las exageradas pensiones que soporta el Estado, sino la competencia desleal que planteó la ley 100 de los fondos públicos contra los privados.

Pero lo sorprendente es que el Gobierno hace una propuesta que no solamente es inviable en el horizonte político y económico del país, sino que es altamente ineficiente y antitécnica: mantiene los onerosos privilegios en el impuesto de renta que equivalen a algo menos de 14% del PIB, y que benefician a quienes tienen más ingresos y propiedades, especialmente a los grandes gremios de la producción y del sector financiero. Crea nuevas tarifas en el IVA, haciendo no sólo más difícil la administración del impuesto sino gravando los consumos de la canasta básica que consumen principalmente los más pobres, o sea, el 64.3% de la población del país.

Y esa es la gran debilidad de esta reforma: su regresividad y sus impactos negativos en el consumo y en el bienestar de la mayoría de la población, a la que le quedaría como consuelo según el texto presentado por el Gobierno, una devolución de 1% sobre el valor del IVA pagado de los bienes de la nueva tarifa del 3%. ¿Cómo se hará la devolución? Muy sencillo, hay que tener una tarjeta débito y comprar con ella, ¿Y en Colombia cuantas personas acceden a este tipo de servicios financieros? Solamente el 11% de la población.

Palabras más, palabras menos, Uribe y su equipo económico se enfilaron por la senda de darles preferencias a los más ricos y achacar el sostenimiento del Estado a los más pobres, así mientras las ganancias de la banca privada llegan a junio de este año a 1.5 billones de pesos, el consumo de los hogares de los deciles de ingreso más bajo se reducía en un 15%, es decir, algo más de tres billones al año que los ciudadanos dejan de gastar en comida, salud y vestuario.

Y todavía el presidente - candidato habla de un Gobierno comprometido con lo social.

Jairo Bautista